México ha bloqueado el ingreso de 13 agentes antidrogas estadounidenses a su territorio. Ese es el último reclamo que ha hecho la DEA al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. “Hemos estado esperando ocho meses por una visa y sabemos el costo que eso significa para nosotros en términos de nuestra capacidad para trabajar”, señaló Anne Milgram, la directora de la agencia, en una comparecencia en la Cámara de Representantes. “El tiempo importa”, agregó Milgram, al insistir en la gravedad de la crisis por el consumo de opioides en Estados Unidos y exponer que la cooperación con las autoridades no ha sido “constante”. Las declaraciones abonan a las tensiones entre la fuerza antinarcóticos y el presidente mexicano, después de que López Obrador acusara que es víctima de una “campaña negra” impulsada desde el organismo.
Milgram acudió esta semana a una reunión ante representantes del Comité de Apropiaciones y los subcomités de Comercio, Justicia y Ciencia de la Cámara baja para justificar su solicitud de presupuesto para la DEA en el próximo año fiscal, del 29 de septiembre de 2024 al 27 de septiembre de 2025. “La cooperación ha sido inconstante y necesitamos mucho más”, señaló la funcionaria sobre México. “Las ciudades, los suburbios, las comunidades rurales, las zonas tribales no se han librado de esta tragedia. El fentanilo está matando a todos los estadounidenses”, agregó. Milgram ha insistido en que dos organizaciones criminales de México, el Cartel de Sinaloa y el Cartel Jalisco Nueva Generación, son las principales fuentes de la droga sintética que se consume en Estados Unidos y que se cobró la vida de 108.000 habitantes de ese país en 2022, según datos oficiales.
El republicano Hal Rogers, presidente del comité de Apropiaciones, lanzó críticas contra el Departamento de Justicia y el FBI, al asegurar que la DEA no estaba recibiendo el apoyo que necesita de la Administración de Joe Biden para impulsar la cooperación de México en la llamada guerra contra las drogas. El legislador recriminó que otras instancias de la Casa Blanca se estaban conformando con demasiado poco en cuanto a la relación bilateral. “Cuando la DEA se enfrenta a obstáculos como complicaciones para asegurar que se entreguen visas a tiempo para los agentes que operan en México y hay órdenes de arresto pendientes sobre las que el Gobierno mexicano no ha actuado, eso sugiere que nuestra relación con México está lejos de ser la ideal”, se lee en una declaración oficial.
“Es inquietante que la directora de la DEA, a pesar de sus esfuerzos, no haya sido capaz de sostener una sola reunión con un funcionario del Gobierno mexicano desde que asumió el cargo”, agregó Rogers. La comparecencia de Milgram volvió a azuzar los reclamos desde Washington de que México no está haciendo lo suficiente para combatir a los carteles de la droga. Los retrasos para la entrega de las visas a los agentes estadounidenses está en el centro de los reclamos. El pronunciamiento de Rogers, representante de Kentucky, menciona a las autoridades mexicanas en seis ocasiones y al Gobierno de China en un par más.
El arresto del general Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto, en octubre de 2020, marcó un parteaguas en la relación entre la DEA y México. Aunque al principio mostró cautela tras la presentación de la acusación por nexos con el narcotráfico, López Obrador convirtió la defensa de Cienfuegos en un asunto de Estado. Para noviembre ya había sido repatriado a México y en enero de 2021 fue exonerado de los delitos que se le imputaban en Estados Unidos. Ese mismo mes, entró en vigor una reforma a la Ley de Seguridad Nacional para regular las actividades de “agentes extranjeros” en México, obligarlos a entregar informes periódicos y someterlos a sanciones por “infringir las disposiciones legales que les prohíben ejercer funciones reservadas a las autoridades mexicanas”.
Desde la perspectiva de López Obrador, la DEA había rebasado varias líneas rojas. En consecuencia, el Gobierno mexicano empezó a acotar los espacios de cooperación con la agencia antinarcóticos, la relegó de reuniones de alto nivel y cerró oficinas de inteligencia que habían operado durante años. En el tema de los permisos de trabajo para los agentes de la DEA, México apeló desde 2021 a un principio de reciprocidad: si Estados Unidos quiere meter 12 agentes en territorio mexicano, 12 agentes mexicanos tienen que estar autorizados para operar en territorio estadounidense, de acuerdo con la revista Proceso. En los últimos meses, el presidente mexicano estalló contra la agencia al acusarla de estar detrás de una serie de publicaciones periodísticas que lo vinculan a él, su familia y miembros de su círculo cercano con grupos criminales. Las acusaciones no han llegado a los tribunales ni se han formalizado, más allá de las publicaciones periodísticas a partir de las filtraciones. “Son calumnias”, reprochó el mandatario.
Las declaraciones de Milgram ponen de manifiesto que la colaboración entre la DEA y sus contrapartes mexicanas está en punto muerto. La relación bilateral en seguridad, sin embargo, fluye por otros canales. La Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad, las carteras de Defensa y Marina, y Relaciones Exteriores han mantenido el diálogo con sus homólogos del otro lado de la frontera y han sostenido reuniones de alto nivel, al margen de la agencia antinarcóticos. No hay visos de que esa situación cambie durante la presidencia de López Obrador, que dejará el poder en octubre próximo. Estados Unidos elegirá a un nuevo presidente en noviembre próximo.
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