¿Ofrecer una pensión razonable a todo mexicano jubilado es un objetivo loable pero irreal? ¿Se trata de un acto de demagogia y electorero de parte del presidente, Andrés Manuel López Obrador, o solo quiere asegurarse de paliar una injusticia inadmisible antes de terminar su gobierno?
En realidad, las dos cosas pueden ser ciertas. Como es bien sabido, la reforma de 1997 al sistema de pensiones condenó a las siguientes generaciones a una jubilación precaria. Eso fue hace 27 años, lo cual significa que apenas comenzarán a sufrirlo las personas que se retiren tras cumplir 65 años de edad y que acrediten suficientes semanas laboradas. De no hacer algo al respecto, en México habrá pensionados de primera (los del régimen anterior) y pensionados de segunda que recibirán una fracción del sueldo que devengaban en activo. Retirarse con 3 o 4 mil pesos, pese a haber trabajado y cotizado toda la vida, condena a una vejez pauperizada.
El esquema planteado por el Gobierno para atacar el problema podría ser perfectible, pero en lo general es razonable. A reserva de cambiar el régimen de pensiones del 97, se propone un esquema compensatorio para permitir que los trabajadores se retiren con el 100 % hasta un máximo cercano a 17.000 pesos. Lo cual no significa que todos vayan a recibir esa cantidad. La mitad de los trabajadores inscritos en el IMSS obtienen entre uno y dos salarios mínimos al mes, es decir de 7.500 a 15.000 pesos, buena parte de ellos a medio camino entre ambas cifras. Apenas suficiente para rebasar el nivel de precariedad. La Línea de Pobreza por Ingresos calculada por Coneval, esto es, el ingreso mínimo para no considerar a una persona en condiciones de pobreza, establece una cantidad cercana a 4,500 pesos mensuales en abril de 2024. Un hogar de dos miembros requiere entonces un mínimo de 9,000 y uno de tres personas alrededor de 13.500. Se basa en la canasta básica y en los mínimos para cubrir renta o equivalente y servicios básicos. Incluso en los casos en los que se llegue a los 17.000 de retiro, supondría una vejez modesta, aunque mínimamente digna. Y habría que recordar que no se trata de un regalo, sino de la responsabilidad que una sociedad mantiene con las generaciones que durante décadas se hicieron cargo, con su trabajo, de la base de la pirámide. La legislación de 1997, pensada para la comodidad de las finanzas publicas, pero no de la población, es indigna por donde se le mire.
Que el Gobierno de la 4T quiera hacer algo al respecto no solo es legítimo sino imprescindible. El problema no es ese, sino los cómos. Y allí es donde, como en tantas otras cosas, la polarización inmediata y mezquina termina por convertir toda propuesta de fondo en moneda de escándalo para ganar la batalla del día. Unos, para obtener unos votos adicionales, otros para abollar a cualquier costo la imagen del partido en el poder.
Por parte de Morena, resulta cuestionable la imagen que ha proyectado de apresuramiento y falta de profesionalismo para establecer las fuentes de financiamiento de largo plazo de esta propuesta. Esperar cinco años y seis meses para abordar un tema tan trascendente y procesarlo a velocidad turbo a un mes de las elecciones introduce todo tipo de sospechas. Tendría que haber sido abordado con la importancia de algo que impactará durante lustros a las finanzas públicas y a tantos mexicanos. El problema esencial es que el esquema propuesto parece haber sido definido independientemente de las posibilidades de cumplirlo. No significa que sea irrealizable, simplemente que no hay una estimación puntual, año con año, del esfuerzo que eso representaría a mediano y largo plazo, y las fuentes para cubrirlo.
Toda la discusión se ha dado sobre el aprovechamiento de un fondo de las Afores no reclamado, cercano a los 40 mil millones de pesos, que ayudaría a atender el problema de los primeros años. Esa cantidad representa alrededor de 2% de los 1.9 billones que hoy en día se gasta en pensiones. Lo que preocupa no es lo inmediato, porque la “generación del 97″ cumplirá 65 años a cuentagotas. Pero eventualmente serían millones de personas. En 2030 se requerirán 140 mil millones (más inflación) solo para cubrir ese año la modificación que hoy se propone, una cantidad que no hará más que aumentar.
Por eso es que resulta tan irresponsable que ambas partes hayan remitido la discusión al tema de las Afores, cuando lo verdaderamente importante está en otro lado. No quiero decir que la defensa de los depósitos de los trabajadores sea irrelevante, había que salvaguardar esos derechos y todo indica que se ha conseguido con los ajustes en la propuesta original del gobierno, a exigencia de la oposición. Pero quiero insistir que de cara al proceso electoral la oposición encontró que ese flanco era el vulnerable para golpear y a eso se ha dedicado, al margen de la discusión de fondo.
¿Y cuál es esta? Primero, que algo tenía que hacerse para reparar el daño a millones de personas que habrán de jubilarse en los próximos años y por fin se está haciendo. En ocasiones el cortoplacismo de Morena y sus modos atropellados impiden dimensionar la trascendencia de los cambios que está generando. Segundo, que la legitimidad de esta propuesta no exime al gobierno de la responsabilidad de clarificar las consecuencias financieras y lo necesario para responder a ellas.
No son prohibitivas, pero hay que asumirlas. Pensiones representa hoy el 22% del gasto federal y equivale al 5.8% del PIB. En 2030 representará el 7.1% sin la propuesta que hoy se debate y 7.8% ya incluyéndola. Tampoco es de espantarse porque el envejecimiento de la población es un fenómeno mundial. México tiene mucho margen aún de donde cortar. En Europa el presupuesto del gobierno ronda en torno al 50% del PIB, en Estados Unidos 38%. Contra lo que se cree, México es un país mucho menos “estatizado” que el resto de las economías principales; el sector público representa apenas el 26% del PIB.
Todos seremos viejos (salvo la alternativa, no llegar), y habría que asumirlo. Ofrecer a nuestros padres y en última instancia a nosotros mismos una vejez que no pase por la pobreza es una aspiración legitima; pero exige tomar decisiones fiscales y de otra índole que impactan a todos. No, no va a salir de las utilidades del Tren Maya ni de los depósitos no reclamados de las Afores. Exigirá un pequeño esfuerzo de toda la población, y mejor entenderlo así. Y, no obstante, si nos hacen conscientes de lo que significa ese esfuerzo, tendríamos que asumirlo y entender que se trata de un sacrificio presente para asegurar el futuro de todos. Por desgracia, los actores políticos están en otra cosa.
@jorgezepedap
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