Siempre pensé que aquellos que dicen que Colombia es un país que funciona gracias a una inexplicable, pero salvadora inercia, exageraban. No es cuestión de candidez, sino de una urgencia por creer que con unos cuantos ajustes y un verdadero cambio político —no uno de eslogan de campaña política — la pesadilla va a terminar. Pero luego uno empieza a sumar y sumar y sumar y el resultado es desastroso. A Colombia se la roban como si fuera un carro abandonado en un callejón oscuro: poco a poco la desvalijan y aquellos que deberían evitar que eso ocurra no se sabe dónde están.
Hace unas semanas fue la historia del contrato entregado a dedo por la procuradora Margarita Cabello a una empresa mixta del Valle del Cauca para manejar los asuntos tecnológicos del organismo. Antes, los carrotanques de la Unidad de Gestión del Riesgo que le costaron al país el doble de lo que en verdad valen. Antes, el contrato de tecnología en el SENA. Antes los 70.000 millones del Ministerio TIC y Centros Poblados. Si no son las sillas millonarias del Congreso, son los contratos para los amigos de unos y otros. Y así, en un infinito repetir de casos donde el punto en común es que gracias a la gestión (o falta de gestión) de nuestros políticos unos pocos se enriquecen a costas de todos nosotros en algunos casos sin hacer absolutamente nada.
La historia más reciente es un rezago del gobierno de Iván Duque y el anterior alcalde de Manizales, Carlos Mario Marín, quienes en el año 2021 juntaron recursos de la Nación, de la capital de Caldas y de un organismo internacional para completar los 130.000 millones de pesos necesarios para poder construir la planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) de Manizales. El contrato se firmó con una empresa mexicana llamada Fypasa Construcciones que supuestamente iba a entregar la obra terminada a finales del año 2023. Creo que no hay mucho más que decir para anticipar el desenlace: hoy no hay PTAR y los mexicanos desaparecieron luego de que les entregaran cerca de 40.000 millones de pesos de anticipo.
Si hoy uno se asoma al lugar donde se iba a construir la anhelada y necesaria planta, lo que se ve es un lote baldío repleto de huecos en el suelo. No hay nada más. Fue por eso que finalizando el año 2023 la administración de Manizales decidió terminar el contrato por incumplimiento e iniciar las acciones legales pertinentes en contra del contratista incumplido. Ya todo está en manos de los órganos de control como Fiscalía y Contraloría, a ver si hay algo que se pueda hacer.
El corazón de la historia está en Fypasa que, a pesar de haber ganado la licitación con una supuesta experiencia en este tipo de obras, luego nunca la demostró. Al contrario, empezaron a aplazar y aplazar el inicio de los trabajos, mientras conseguían quién les diera la mano. Finalmente, de prórroga en prórroga, terminó por verse la realidad: nunca iban a cumplir. Hoy simplemente no responden.
Mientras tanto, en Manizales solo se piensa en hacer una nueva licitación. Volver a buscar quién se haga cargo de la obra necesaria para sanear los ríos de la ciudad, pero hace falta plata. Esa misma que en un descarado y multimillonario anticipo entregaron a los inexpertos que quien sabe por qué se ganaron ese contrato.
Newsletter
El análisis de la actualidad y las mejores historias de Colombia, cada semana en su buzón
Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS sobre Colombia y aquí al canal en WhatsApp, y reciba todas las claves informativas de la actualidad del país.
Suscríbete para seguir leyendo
Lee sin límites
_