“Soy un daño colateral de una pelea por el poder”, dijo Mateo Castañeda Segovia, cercado por la prensa, antes de ser llevado a los calabozos de la Prefectura de Lima. Desde hace una semana el abogado de la presidenta Dina Boluarte es quien urge de una defensa para salir bien librado de un intríngulis que lo sindica como el brazo legal de una mafia encabezada por Nicanor Boluarte, el hermano mayor de la mandataria peruana.
Apurimeño de nacimiento y, por tanto, paisano de la jefa de Estado, Mateo Castañeda estuvo inmerso en el ojo público en los últimos meses a raíz del Rolexgate, el escándalo de los relojes de lujo no declarados por Dina Boluarte. En uno de sus mensajes a la Nación, la sucesora de Pedro Castillo justificó su demora en darle explicaciones a la ciudadanía por una recomendación expresa de Castañeda. “Me dijo: ‘primero declaremos ante la autoridad competente y después diríjase al país’”, indicó.
Según las pesquisas fiscales, casi en el mismo lapso en el que elaboraba la estrategia legal de su representada, Mateo Castañeda sostuvo reuniones con dos coroneles de la Policía del comando que asistía al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder. A Walter Lozano le ofreció un ascenso al grado de general a cambio de archivar la investigación que se le sigue a Nicanor Boluarte desde hace medio año por presuntamente haber direccionado una partida de 20 millones de soles (5,4 millones de dólares) en favor de un distrito de la serranía de Cajamarca. En tanto, a Harvey Colchado le propuso mantenerlo en su puesto y no pasarlo al retiro a fin de año solo si le entregaba información valiosa que pudiese comprometer al actual fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, que no es bien visto por el Gobierno.
Lo que Castañeda no calculó es que durante sus reuniones, en una cebichería y en un club de la Fuerza Aérea, Colchado actuó siempre como un agente encubierto, registrando cada detalle para emplearlos después como los elementos de convicción que sustentaran su detención. “Es una celada desproporcionada”, ha dicho el abogado de la presidenta, culpando al exministro del Interior, Carlos Morán, por haber sido quien los presentó. Morán se ha paseado por algunos medios señalando que las negociaciones ilícitas de Castañeda contaban con el aval de Dina Boluarte.
Pero, ¿quién es uno de los principales alfiles de la mujer que gobierna el Perú? ¿Qué grises tiñen su pasado? Antes de proteger a políticos y actuar como una suerte de mensajero, Mateo Castañeda Segovia, de 62 años, hizo carrera en el Ministerio Público, escalando posiciones hasta convertirse en fiscal superior y fiscal adjunto supremo. En los años noventa, cuando su honorabilidad todavía no estaba en discusión, cobró protagonismo al asumir el caso de una de las estafas más sonadas en el continente: la del Centro Latinoamericano de Asesoría Empresarial (CLAE), bajo el esquema piramidal o ponzi, a cargo de un profesor llamado Carlos Manrique, quien engañó a 250.000 personas con el señuelo de pagar altos intereses.
En los primeros años de los 2000, Mateo Castañeda participó del proceso judicial de uno de los últimos líderes del agrupación terrorista Sendero Luminoso: Óscar Ramírez Durand, alias Camarada Feliciano, un hijo de un general que se entregó a la subversión y lideró su facción en el valle del Huallaga. El caso inspiró uno de sus libros: El delito de terrorismo, garantías procesaales en la lucha contra el terrorismo. Ha dedicado, además, otros volúmenes a la tenencia ilegal de armas y a la reforma del extinto Consejo Nacional de la Magistratura, hoy conocido como Junta Nacional de Justicia, la institución que supervisa a los jueces y fiscales del Perú.
En su momento, Mateo Castañeda Segovia asumió la jefatura de la Fiscalía especializada en crimen organizado. Luego su carrera empezó a tener salpicaduras. Se le acusó de manipular audios que incriminaban a funcionarios del segundo Gobierno de Alan García en el denominado caso Business Track. “No tengo ninguna filiación política”, se defendió ante los señalamientos de su aprismo, la doctrina seguida por García.
Antes de ejercer la defensa de Dina Boluarte, Castañeda le brindó sus servicios a más de un personaje poderoso, en sus días más aciagos. Logró que el exacalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, incriminado por un pago irregular de 35 millones de soles (9,4 millones de dólares) a una empresa fantasma, fuera excluido del proceso. En 2008 retiró las imputaciones y el pedido de seis años de cárcel contra Santiago Fujimori, hermano menor del expresidente Alberto Fujimori, involucrado en una compra irregular del avión presidencial, lo cual determinó su absolución. Por otro lado, a fines de 2020 consiguió la detención domiciliaria del congresista José Luna Gálvez, fundador de la agrupación política Podemos Perú, señalado por integrar una organización criminal.
Mateo Castañeda ha vuelto a los juzgados, pero ahora como investigado. Está sentado en el banquillo de los acusados. A pesar de las restricciones que debería tener su detención preliminar, su estudio de abogados ha difundido tres cartas escritas por él a puño y letra. En la primera niega ser un asesor, consejero o funcionario del Gobierno y mucho menos el miembro de una mafia; en la segunda acusa al exministro Carlos Morán y al coronel Harvey Colchado de pretender tumbarse a la presidenta; y en el tercero se queja de ser investigado por la división policial que supuestamente ayudó a desarticular.
“Él hace un ofrecimiento para que, a partir de las conductas de obstrucción y manipulación, sean ascendidos a generales. El único que nombra un general no es el ministro del Interior, ni el director de la Policía, sino la presidenta de la República, con lo cual obviamente aquí hay una dirección sumamente concreta en lo que significa el ejercicio del poder delegado en este abogado”, ha indicado la defensa de Harvey Colchado. Un día después de su detención, Dina Boluarte se dirigió encubierta a las oficinas de Mateo Castañeda. Al darse cuenta de la presencia policial, que en ese momento se encontraba en plena diligencia, se dio media vuelta y se marchó. Un hecho que oscurece aún más el caso.
Este viernes, el Poder Judicial revocó la detención preliminar de Castañeda y ordenó su libertad. La decisión también rige para el hermano de la presidenta, Nicanor Boluarte, así como para el resto de los implicados. El juez ha determinado que el riesgo de fuga y obstaculización no fue debidamente fundamentado. Eso sí, las investigaciones continuarán. Durante la audiencia, Mateo Castañeda, el abogado de los poderosos, se quebró mientras exigía justicia.
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