México y el millonario Germán Larrea han ganado su primera batalla laboral contra Estados Unidos. El panel laboral iniciado el año pasado, bajo el amparo del TMEC, por supuestas violaciones laborales en la mina San Martín, ha resuelto a favor de las autoridades mexicanas. Los tres miembros del primer panel arbitral del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida concluyeron que no tienen jurisdicción para pronunciarse sobre la denegación de derechos sindicales en el yacimiento, situado en Sombrerete, Zacatecas. La mina pertenece a Germán Larrea, dueño de Grupo México y el segundo hombre más rico del país.
En sintonía con la posición defendida por México, el panel trinacional concluyó que la denegación de derechos sindicales solo puede ser imputada a hechos posteriores a la entrada en vigor del TMEC y sujetos a la reforma laboral de 2019. A juzgar por los panelistas, los hechos denunciados por Estados Unidos no cumplían con estos criterios, pese a que la presentación de alegatos en febrero pasado, EE UU defendió que las presuntas faltas en perjuicio de los trabajadores persisten y, por ende, si era procedente la queja.
El Gobierno mexicano ha celebrado por todo lo alto la resolución: “Este fallo sienta un precedente sobre la no retroactividad de los tratados comerciales. Para México es fundamental evitar la apertura de esta posibilidad tanto en disputas laborales como en otras de índole comercial. Con este fallo, nuestro país también logra sentar precedentes para un uso razonable y de buena fe del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida, limitando su aplicación a su ámbito de competencia y disuadiendo que en el futuro se pretenda utilizar para injerencias indebidas” ha expresado, por escrito.
Las autoridades mexicanas advierten de que, de cara a la revisión del TMEC en 2026, será necesario abordar el perfeccionamiento de este mecanismo, corrigiendo las asimetrías de su diseño para que México también pueda emplearlo en igualdad de condiciones para defender los derechos de los trabajadores migrantes en Estados Unidos y Canadá.
No es la primera vez que la mina San Martín —administrada por la subsidiaria de Grupo México, Industrial Minera México— es campo de batalla entre Larrea y el sindicato minero bajo tutela de Napoleón Gómez Urrutia. La mina polimetálica estuvo cerrada 11 años debido a una huelga, que concluyó en agosto de 2018. Grupo México aseguró, que en ese entonces, los trabajadores decidieron renunciar a la representación del sindicato liderado por Gómez Urrutia, levantar la huelga y reincorporarse de manera inmediata a sus puestos de trabajo. La minera de cobre más importante del país presume que desde que la mina San Martín reanudó operaciones han invertido 105 millones de dólares.
Al dar a conocer el fallo de panel a su favor, el Gobierno de López Obrador admite que aunque Grupo México, haya negado repetidamente y a lo largo de los 16 años de conflicto derechos de libertad sindical y negociación colectiva, estas irregularidades fueron o están en vías de ser corregidas por las autoridades que sí tienen jurisdicción sobre el caso. Hasta el momento, ni el sindicato minero ni las autoridades estadounidenses se han pronunciado sobre la resolución, que para ellos supone una batalla perdida.
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