El Gobierno mexicano ha decidido posponer la prohibición de glifosato ante la falta de una alternativa viable que garantice el buen desarrollo de la agricultura en el país. Los agricultores podrán seguir importando el polémico pesticida, utilizado para eliminar las malas hierbas en los terrenos de cultivo.
La Secretaría de Economía, Medio Ambiente, Agricultura y la Cofepris han señalado en un comunicado conjunto que continuarán en “la búsqueda de alguna alternativa de herbicida de amplio espectro y de baja toxicidad que sustituya al glifosato y que permita mantener la productividad de quienes optan por este insumo”. El herbicida es uno de los más polémicos por las múltiples dudas y sospechas sobre sus efectos nocivos en la salud y el medio ambiente.
Las dependencias señalan que no es posible la entrada en vigor del decreto del 13 de febrero del año pasado en el que se prohibía la compra, venta e importación del glifosato a partir del 1 de abril de 2024. El glifosato comercializado por decenas de empresas, fue creado en 1974 por la empresa Monsanto y vendido bajo la marca Rounup hasta 2000, año en el que expiró la patente. En la actualidad decenas de empresas lo comercializan y exportan a México.
“El Gobierno de México mantiene el propósito del Decreto de proteger el derecho a la salud, a una alimentación nutritiva, a un medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar de las personas, así como de garantizar la soberanía alimentaria”, prosigue el comunicado. El año pasado, el Gobierno se comprometió a desarrollar sustitutos para el glifosato, pero hasta la fecha no ha logrado este cometido.
Junto a la prohibición del glifosato, México aprobó por decreto presidencial en 2020 prohibir el maíz transgénico por tener “efectos nocivos en la salud, tanto de los seres humanos como de algunas especies animales”. Sin embargo, la disputa continúa en los países. Mientras el sector agrícola y ganadero celebrar la prohibición, los activistas por el medio ambiente condenan que se siga postergando la decisión. En noviembre del año pasado la Comisión Europea decidió prolongar 10 años más su uso ante la falta de acuerdo de los 27 Estados miembros.
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