Un centenar de entrevistas cotejadas con más de 23.000 documentos —necropsias, carpetas fiscales, registros oficiales de armamento, fotos y videos— y viajes a las regiones de la sierra sur. El periodista Américo Zambrano (El Callao, 48 años) ha lanzado Nuestros muertos (Aguilar), una crónica sobre los 50 civiles que murieron entre diciembre de 2022 y los primeros meses de 2023 en las movilizaciones contra el gobierno de Dina Boluarte. “Muchas veces los periodistas cometemos el error de contar las muertes como si fuesen estadísticas. Con este libro intento rescatar el drama de muchas familias que exigen justicia”, dice Zambrano, Premio Nacional de Periodismo 2023, precisamente por una serie de reportajes publicados en el semanario Hildebrandt en sus Trece que echan luz sobre la responsabilidad de los altos mandos de la Policía en estas muertes. Su ópera prima es un esfuerzo mayor por esclarecer los hechos.
Pregunta. ¿Qué balance hace luego de escribir tantas veces sobre la muerte?
Respuesta. Me quedo con la indignación de contar una tragedia cíclica que el Perú padece cada cierto tiempo y donde lo usual es la impunidad. Uno podría pensar que con tantas evidencias visuales ya hubiese habido sanciones. Uno pensaría que se tendría un poco de consideración por los familiares de las víctimas, a quienes se les sigue etiquetando de terroristas. Ha pasado más de un año y las cosas siguen igual.
P. ¿Cuál es la conclusión de su investigación?
R. El Gobierno nos vendió la idea de que las protestas eran promovidas por el terrorismo y el narcotráfico. Criminalizaron el derecho a la protesta. En efecto, hubo actos vandálicos, pero ninguno de los fallecidos tenía antecedentes por terrorismo. Tampoco estuvieron armados. Y no murieron durante un enfrentamiento con las fuerzas del orden, como se ha repetido en los medios de comunicación y en los discursos de Palacio. Varios pasaban por allí.
P. La paradoja es que la propia Dina Boluarte vivió en carne propia las acusaciones de terrorismo cuando integraba el Gobierno de Pedro Castillo.
R. Así es. La Presidenta debe haber entendido que necesitaba el apoyo de las Fuerzas Armadas para afrontar la convulsión social que apuntaba a sacarla del cargo. Pero luego no hubo marcha atrás. Pidió perdón una que otra vez, pero luego declaró cosas como que los manifestantes se mataron entre ellos. Y, claro, las movilizaciones fueron azuzadas con el ‘cuco’ de toda la vida: el terrorismo.
P. ¿Es creíble que la jefa de las Fuerzas Armadas no tenga una influencia decisiva en su comando, como ha asegurado Boluarte?
R. No tiene sentido, los militares no toman decisiones por su cuenta. Puede que la Presidenta no haya conocido el detalle de la letra pequeña de cómo se iban a llevar a cabo los operativos, pero la Presidenta no le dijo la verdad a la Fiscalía cuando señaló que no había conversado con ningún alto mando sobre los hechos ocurridos. Otro detalle es que Dina Boluarte no sancionó a nadie por las 50 muertes durante las protestas, pero sí destituyó a altos mandos de la Policía cuando le jalaron los cabellos en Ayacucho un año después. Allí sí culpó al comandante general por no haberla custodiado.
P. Su libro abunda en detalles que perfilan el caracter de Boluarte.
R. Contiene muchas escenas que describen lo que sucedió en Palacio en aquellos días. Hubo algunos pocos ministros que le exigieron que pidiese perdón y tomase medidas, como la destitución de los comandantes generales de las Fuerzas Armadas y el Primer Ministro, pero ella se negó. Un exministro de Cultura cuenta que no pasaron muchas horas desde las muertes en Ayacucho, y la Presidenta decidió ir a una ceremonia en la escuela militar. Seguramente estar rodeada de militares la hacía sentir segura. Por supuesto, meses después cambió. En sus declaraciones a la Fiscalía dijo que no tenía por qué responder por los planes operativos de los militares. El premier, Alberto Otárola, entraba al despacho y lograba cambios. Fue muy influyente.
P. ¿Cuál fue el papel de Otárola?
R. Es uno de los principales responsables políticos de lo que pasó. Él fue ministro de Defensa cuando ocurrió lo de Ayacucho y posteriormente fue jefe del Consejo de Ministros cuando ocurrió lo de Juliaca. Los informes de las Fuerzas Armadas corresponden a su sector, tuvo la oportunidad de impulsar investigaciones internas para encontrar a los culpables y no lo hizo.
P. Volvamos a Boluarte. Hay un incidente que no tuvo mucho rebote en los medios, que es su negativa a responder un segundo cuestionario de la Fiscalía con 47 preguntas sobre los asesinatos.
R. Eso revela que la Presidenta no le dijo la verdad a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Presidenta y el Gobierno se comprometieron a impulsar investigaciones independientes y en los hechos hicieron todo lo contrario. No sancionaron a ningún mando militar o policial, tampoco promovieron investigaciones internas y tampoco ayudaron a esclarecer los hechos. En los hechos, la Presidenta nunca tuvo interés en que se sepa la verdad.
P. ¿Qué dice del Perú como sociedad que la salida de Otárola no haya sido por la muerte de los manifestantes y que la Presidenta esté en aprietos por sus relojes?
R. Es un diagnóstico del país. Deja en evidencia lo débil que son las instituciones y de cómo se maneja la política acá. Hubo varios factores que llevaron a la Presidenta a ignorar los reclamos de la gente. Y a no declarar a la prensa. Por esos días a Boluarte solo le interesaba que le mostraran una foto de una mesa de diálogo instalada o una firma de algún dirigente comprometido a negociar. Eso era todo. Se parece mucho a cuando la Presidenta viajó a los Estados Unidos y quería una foto con el presidente Biden. O la foto con el papa Francisco. Ella necesita de estas figuras para ser percibida como una líder que está haciendo las cosas, pero por debajo no hay mucho. Los militares y policías, con quienes he conversado, sostienen que ellos cumplían una orden política. Pero lamentan que el Gobierno en lugar de promover el diálogo para que se calmaran las aguas, le echaba más carbón.
P. Usted hace hincapié en la distancia que tiene Boluarte con la prensa. El libro tiene 119 entrevistas, pero falta la de la Presidenta.
R. No quiso responder. No le gusta y así ejerce su política en silencio, haciendo como si las cosas no le importaran.
P. Hasta la fecha solo hay una orden de prisión preventiva para un policía que se encuentra prófugo.
R. Así es, los otros dos están libres. Nadie está tras las rejas. Nadie fue dado de baja.
P. ¿Podrá la presidenta Boluarte evitar que se la vincule a la muerte de los manifestantes?
R. Es su consigna. El problema para ella es que hay una fiscal que le está imputando homicidio calificado por autoría mediata al jefe del comando de Ayacucho. Entonces, si hay una fiscal que ya está haciendo una imputación de este tipo, eso indica que por cadena de mando los fiscales van a tener que ir hacia arriba. Y tarde o temprano tendrán que llegar hasta la Presidenta.
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