El presidente Gustavo Petro volvió a despacharse este miércoles contra José Antonio Salazar, secretario general de la Cancillería y a quien declaró insubsistente luego de la adjudicación de la licitación de la elaboración de pasaportes a la empresa Thomas Greg & Sons.
El mandatario, que calificó de “traición” el accionar de Salazar el pasado lunes, ahora insiste en señalarlo de violar la ley en un mensaje en su cuenta de X (antes Twitter), algo que ya había hecho antes en la misma red social, en la que además aseguró que será la justicia penal quien investigue el caso.
En su nuevo mensaje por la adjudicación de pasaportes a la firma, que tiene demandado al Estado por 117.000 millones de pesos, Petro negó además un reversazo en la declaración del ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, quien inicialmente había dicho que el contrato adjudicado por Salazar tenía recursos asignados vigentes.
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Horas después y tras lo que pareció un regaño del Gobierno, Bonilla se echó para atrás y negó lo dicho, es decir, que el contrato no tenía recursos asignados, lo que significa que el papeleo quedó mal hecho y podrían tumbar la contratación.
“Ningún proceso licitatorio puede iniciarse sin un certificado de disponibilidad presupuestal (CDP) vigente y no puede haber dos CDP vigentes sobre el mismo proceso licitatorio”, dijo el ministro, postura que defendió Petro en su más reciente mensaje en X sobre el tema.
“Ningún reversazo. No se puede adjudicar contratos sin un CDP dice la ley, es decir mientras no se expida certificación de MinHacienda del dinero para ese proceso licitario” (sic), escribió el mandatario.
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Y agregó que “El CDP, Cupo de Disponibilidad Presupuestal, que existe hoy es para el proceso licitatorio que se está presentando y sobre el que también recaen dudas de configurar sus cláusulas de la forma de un pliego sastre, es decir con ganador predeterminado” (sic).
“Luego el señor Salazar violó la ley”, concluyó el jefe de Estado.
El mensaje de Petro y la rectificación del ministro de Hacienda dejan una sombra de duda sobre las declaraciones del canciller encargado, Luis Gilberto Murillo, quien dijo este martes que la adjudicación de Salazar no tenía validez porque él no tenía el poder de pasar por encima de las decisiones de sus superiores y porque, además, dicho proceso no tenía “certificado de disponibilidad presupuestal”, con lo que la opinión pública entendió que no existían recursos para dicho proyecto.
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Caso contrario a lo que ha expuesto el exsecretario Salazar, quien reconoció que no le consultó a nadie para adjudicar el contrato porque “la Constitución y la Ley deben cumplirse por encima de cualquier instrucción de carácter administrativo. Yo no he atendido ni atenderé decisiones o instrucciones que sean contra la ley, que es la que debe regir el comportamiento de un funcionario público”, dijo en entrevista con EL COLOMBIANO.
Consultado también por este diario sobre el intento del Gobierno de revocar su decisión, el exfuncionario sostuvo que “esas decisiones son de cumplimiento inmediato, desde el momento mismo que fueron expedidas y están vigentes. No hay forma de revocarlas porque se generan unos derechos que no pueden ser conculcados”.