Una cosa es lo que dice el presidente Gustavo Petro en sus discursos y otra muy distinta la que hacen sus funcionarios en la vida práctica del ejercicio del poder. Hace unos días, en medio de una alocución presidencial, Petro anunció que quería subir el umbral de cotización al fondo público de 2,3 salarios, como se acordó en el Senado, hasta 4 salarios mínimos en el trámite de la Cámara de Representantes. En ese momento, sus palabras generaron desconcierto y malestar en un grupo importante de senadores del Partido Liberal y del Partido de la U, que habían acordado con el presidente apoyar la reforma a cambio de que ese umbral se mantuviera en lo acordado. Petro, sin embargo, parecía convencido de que lo mejor para su reforma y para la estabilidad del nuevo sistema de pilares era subir el umbral.
Por eso, el país estaba a la espera de cuál sería finalmente la decisión del Gobierno y sus congresistas aliados al momento de presentar el proyecto ante la Comisión Séptima de la Cámara, donde debe empezar a debatirse la próxima semana. La ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, acompañó a representantes cercanos al Gobierno en la mañana de este viernes, al simbólico acto de radicación de la ponencia positiva de la reforma. En ella no cambian el umbral de cotización aprobado por el Senado. Con esta decisión se desconoce el deseo del presidente Petro, pero se consolida el acuerdo logrado en el Senado y se aumenta la posibilidad real de que el proyecto consiga las mayorías necesarias para ser aprobado en el tercero y cuarto debate antes del 20 de junio.
La representante Marta Alfonso, de la Alianza Verde y ponente de la reforma, explicó en un video los motivos para mantener el umbral. “No logramos consenso ni frente al umbral ni frente a la vigencia. Por tanto, decidimos respetar los artículos tal cual venían del debate de Senado”, dijo la representante por el Tolima. Y añadió: “Esto con el objetivo de recoger esos debates que allí se dieron y se acordaron y lograr mantenerlos en la Cámara”. Con esta decisión, la ponencia positiva logró recoger seis firmas del total de diez ponentes. Además del aval de los representantes cercanos al Gobierno, el documento recibió el visto bueno de dos parlamentarios que serán determinantes en el trámite del proyecto: Jorge Alexander Quevedo, del Partido Conservador, y Héctor David Chaparro, del Partido Liberal.
Con el apoyo de estos dos representantes, más los 11 votos que ya están asegurados, el Gobierno en teoría tiene las mayorías suficientes para aprobar rápidamente el proyecto en la Comisión Séptima. Con eso en mente, la representante Alfonso aseguró que no desistirá de la idea de subir el umbral dentro del debate. “Varios de quienes queremos que el umbral sea más alto insistiremos en esta discusión durante las sesiones en la Cámara”. Alfonso, que hace unos meses logró que la misma comisión aprobara la reforma a la salud, afirmó que ahora está cerca de alcanzar el éxito con la pensional: “Con esto logramos una ponencia que será mayoritaria y que nos va a permitir en los tiempos cortos que tenemos avanzar en un debate para que ojalá el 20 de junio tenga una reforma pensional que permita que las grandes mayorías accedan a la pensión y que las condiciones de vida de los adultos mayores vulnerables mejoren”.
El Ministerio del Trabajo también celebró la presentación del proyecto de ley: “Se radicó la ponencia para el tercer debate de la reforma. El proyecto será anunciado y posteriormente debatido en la Comisión Séptima de la Cámara ¡Por un sistema de protección social para todos los colombianos y colombianas!”. La ministra Ramírez reconoció el trabajo de los ponentes: “Quiero destacar el trabajo riguroso y serio que se ha hecho. El quipo de coordinadores logró, con debates argumentados, que la reforma ayude a que más de 3 millones de adultos mayores salgan de la extrema pobreza”.
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Una de las principales diferencias de la ponencia actual con lo aprobado en el Senado es que se eliminó el artículo que buscaba reducir la edad y el número de semanas cotizadas necesarias para la pensión de las comunidades étnicas y los campesinos de Colombia.
¿Cómo funcionará el nuevo sistema de pensiones?
El Gobierno quiere eliminar la competencia que hay entre Colpensiones y los fondos privados, que además tienen reglas diferentes para acceder a la pensión y definir su monto. Con la propuesta, los dos regímenes se complementan en un único sistema, como sucede en otros países del mundo. Para lograr ese objetivo, el nuevo sistema de protección a la vejez está dividido en tres pilares:
Pilar solidario: busca darles una transferencia monetaria a adultos mayores vulnerables, que no lograron cotizar y están en condiciones de pobreza. No tiene relación con Colpensiones ni con los fondos privados.
Pilar semicontributivo: está dirigido a las personas que están en la informalidad y que no reúnen los requisitos para acceder a una pensión, pero han aportado en algunos momentos. A quienes estén en este pilar se les entregará, mediante una renta vitalicia, el dinero que han ahorrado más un subsidio estatal, del 20% en el caso de los hombres y del 30% en el caso de las mujeres.
Pilar contributivo: en este grupo estarán quienes cotizan de forma estable para su pensión. Con la reforma, los aportes que hagan por ingresos de hasta 2,3 salarios mínimos, más o menos 2,9 millones de pesos, irán a Colpensiones, y el resto se dirigirá al fondo privado que elijan. Al pensionarse, tendrán pensión del régimen público, con subsidio estatal, solo por ese primer tramo, y el restante bajo las reglas del juego de los fondos privados. Con esta medida, se garantiza un aumento del recaudo del fondo público y se reducen los subsidios estatales a las pensiones altas.
¿Para quién aplica la reforma de pensiones y cuándo entra en vigencia?
El nuevo sistema no aplica para todos. Las mujeres que han cotizado más de 750 semanas al momento en que empiece a regir la reforma y los hombres que han cotizado más de 900 se quedarán en el régimen actual. El cambio de las reglas de juego es para quienes no han logrado ese tiempo de cotización.
La transición iniciaría cuando se empiece a aplicar la ley, que entraría en vigencia el 1 de julio de 2025, según lo acordado en el Senado. Sin embargo, congresistas de diferentes bancadas y analistas coinciden en que el tiempo es demasiado corto para hacer los cambios de forma correcta. “Se necesita una coordinación institucional, se necesita una reorganización institucional y eso no alcanza a estar en julio de 2025 y esto puede generar ansiedad. Mi recomendación para la Cámara es que revisen la fecha de aplicación y cómo se hará la reorganización”, afirma Mauricio Olivera.
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