Dos magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE), Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz, presentaron este miércoles una ponencia para formular cargos en contra del presidente Gustavo Petro por irregularidades en su campaña de 2022. Según El Tiempo, en el texto hay señalamientos por violar topes electorales, omitir pagos a testigos electorales y recibir donaciones de sindicatos. El mandatario ha reaccionado elevando la tensión. “Ha comenzado el golpe blando”, ha declarado en sus redes sociales. “Estamos ante una arbitrariedad: una instancia administrativa formula cargos al presidente de la República. Es una abierta ruptura constitucional”, ha agregado.
El CNE es una entidad administrativa que está integrada por nueve abogados elegidos por las bancadas en el Congreso y que es cuestionada por ese origen partidista de sus magistrados. Tras la ponencia de Prada (del opositor y derechista Centro Democrático) y Ortiz (del Partido Liberal), la sala plena del CNE decidirá si formula cargos contra el mandatario y contra Ricardo Roa, actual presidente de la petrolera Ecopetrol y gerente de la campaña electoral de 2022. El texto presentado, además, pide que se compulsen copias a otras entidades, como la Fiscalía General de la Nación y la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, para que estas determinan si inician sus propios procesos.
Uno de los puntos que ha adquirido mayor repercusión es una donación de 500 millones de pesos (unos 125.000 dólares) de la Federación Colombiana de Educadores (Fecode), el sindicato más numeroso del país. El giro fue hecho al partido Colombia Humana, el del presidente Petro, pero presuntamente terminó en la campaña, con lo que, según los ponentes, habría violado normas electorales que prohíben el financiamiento por parte de sindicatos. Este es uno de los puntos que más ha criticado Petro, que en enero visibilizó el tema tras un allanamiento de la Fiscalía a las oficinas de Fecode. “Siempre pensé que los allanamientos eran sobre las organizaciones mafiosas que ilegalmente financian a los políticos. Ahora es sobre organizaciones de trabajadores, porque el presidente no es del narcotráfico ni de los políticos que se dejan financiar por el narcotráfico”, dijo.
La ponencia también incluye otras irregularidades. Una de ellas, según El Tiempo, es una donación del sindicato de Ecopetrol, la Unión Sindical Obrera o USO, por 1.030 millones de pesos (unos 260.000 dólares) —hay una actualización de la cifra inicial de 600 millones (alrededor de 150.000 dólares)—. Otra son los pagos no registrados de 60.000 pesos a 35.000 testigos electorales en el día de los comicios, que sumarían unos 2.100 millones de pesos (alrededor de 525.000 dólares). Los magistrados ponentes, además, señalan que la campaña violó los topes financieros —28.536 millones de pesos en primera vuelta y otros 13.347 millones en segunda—.
Respuesta del presidente
El presidente ha afirmado en sus redes sociales que hay una doble vara en cómo se juzgan los aportes que recibe cada partido. Considera que las donaciones de sindicatos a Colombia Humana “las vuelven irregularidades”, mientras que se permiten aportes de grandes grupos empresariales extranjeros. En particular, hizo referencia a la española Keralty, dueña en Colombia de la EPS Sanitas y de la empresa de medicina prepagada Colsanitas. Recordó que Keralty financió campañas de congresistas que votaron en contra de la reforma a la salud del Gobierno.
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Otro cuestionamiento a la ponencia es que los cálculos incluyan gastos posteriores a la campaña electoral, que, según argumenta Petro, finaliza el día anterior a las elecciones. “Un gasto en testigos electorales no es un acto de campaña, es un derecho y una obligación ciudadana”, ha remarcado.
Petro siempre ha sido es crítico desde hace tiempo con el CNE y con las sanciones de entidades administrativas, como la Procuraduría o la Contraloría, a funcionarios electos. Ha insistido en que es “una arbitrariedad” que una institución de este tipo le formule cargos y que es parte de una ruptura constitucional. Por eso, ha llamado a la población a movilizarse en las calles para defenderlo. “Se responde con la fuerza del pueblo. Invito a todas las instancias del Pacto Histórico [su coalición] a una reunión de inmediato y a las fuerzas sociales del país a prepararse contra el intento de irrespetar el voto popular. La democracia entra en emergencia”, ha declarado. Además, ha solicitado que los colombianos en el exterior inicien campañas en otros países para pronunciarse “contra el golpe de estado en Colombia”.
No es la primera vez que el presidente colombiano denuncia movimientos legales para sacarlo del Gobierno, a los cuales él denomina como un “golpe blando” o reflejos del llamado lawfare que denuncian varios políticos de izquierda en América Latina. A finales de mayo de 2023, calificó así las inhabilitaciones de varios congresistas de la coalición de Gobierno, como el expresidente del Senado Roy Barreras. “A propósito, ¿se han dado cuenta de que le están quitando los votos de los congresistas del Pacto Histórico, suspendiéndolos con órdenes administrativas? Es decir, están cambiando de facto la representación política en el Congreso que el pueblo eligió. Le quitaron al Pacto la presidencia del Congreso y ahora sus votos. Es el golpe blando”, escribió entonces en X.
Sin embargo, las investigaciones en el CNE no son exclusivas a Petro. Sus cinco antecesores también han tenido que dar explicaciones sobre sus financiaciones, sin que los procesos avancen en la mayoría de los casos. El proceso contra Juan Manuel Santos fue el más complejo entre los exmandatarios: el gerente de las campañas de 2010 y 2014, Roberto Prieto, fue condenado por financiación ilegal de la primera campaña, con aportes por 3.540 millones de pesos (unos 885.000 dólares).
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