Calado con la gorra con la que ahora va a todas partes y que proyecta la imagen de un comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, que lo es, Gustavo Petro no ha dudado este martes en denunciar un caso gigantesco de supuesta corrupción en el Ejército colombiano. El presidente ha sostenido en una rueda de prensa en la Casa de Nariño, la residencia del mandatario, que dos inspecciones llevadas a cabo por su Gobierno han descubierto el robo a gran escala de balas, lanzagranadas y misiles.
“Uno de los ejes consiste en separar la Fuerza Pública de cualquier asociación criminal. La política de cero corrupción es esencial para contribuir a la tranquilidad, la convivencia y la construcción misma de la nación. Dentro de esta política de lucha contra la corrupción se realizaron dos labores propias de inspección. Una hecha en Tolemaida y otra en la Brigada 10 para ver los inventarios de armas y explosivos. Para ver qué está allí y si se les ha dado uso”, explicó Petro. Después, leyó un inventario con el armamento faltante, que sumaría más de un millón entre municiones, explosivos y demás artillería.
La teoría del Gobierno -también la más obvia y plausible- es que esas armas han acabado en el mercado de contrabando. Esta acusación directa en boca de Petro tiene una enorme repercusión. El Ejército colombiano, tras décadas de lucha contra las guerrillas, tiene en gran parte de sus miembros una mentalidad anticomunista y antisubversiva que se fortaleció con el uribismo, en la filtración de un pensamiento político externo que solo se puede comparar a lo que ocurrió con el chavismo en los cuarteles. La llegada de Petro a la Presidencia fue vista con recelo por esa parte de las fuerzas armadas. Durante dos décadas, el uribismo -el movimiento del expresidente Álvaro Uribe- limitó la figura de Petro al de un exguerrillero que se había enfrentado a los propios militares. El ahora presidente militó en el M-19, pero duró menos de una década, nunca jugó un papel relevante ni fue un verdadero hombre de armas. Su vida la marca mucho más la política, a la que se ha dedicado durante 30 años con un discurso a favor de la paz. Sin embargo, prevalecía entre ellos la idea de que era un hombre violento, un terrorista, un enemigo de Colombia.
Ese concepto inoculado con toneladas de propaganda a los uniformados no solo afectó a la tropa, sino también a los altos mandos. En un criticado acto el comandante del Ejército colombiano, el general Eduardo Zapateiro, el representante del ala más dura y guerrerista de las Fuerzas Armadas, renunció a su cargo un mes antes de la toma de posesión de Petro para no tener que caminar a su lado. El mensaje era claro: Petro era un intruso que había usurpado el poder. No importaban las urnas ni el ejercicio democrático que implicó la posibilidad de que una izquierda que históricamente había estado al margen de las instituciones pudiera integrarse en el sistema. Zapateiro escribió después un libro que refleja un pensamiento reduccionista. El caso es que ese abismo que había entre el gobernante y los uniformados se ha ido reduciendo a medida que transcurre el mandato presidencial, y apenas se han presentado episodios de confrontación.
Petro y el ministro de Defensa, Iván Velásquez -uno de los ministros más sólidos de un Gobierno que tiende a ser cambiante-, han tratado de imponer en un enfoque basado en la paz y los derechos humanos que contrasta con la antigua mentalidad bélica, y que se nutre de intensos semejantes en Gobiernos anteriores. De todos modos, después de décadas de enfrentamiento interno, el Ejército goza de mucha autonomía y no permite demasiadas injerencias, pese a que ha perdido algo de la independencia que tuvo por décadas, cuando la idea de un ministro civil parecía una herejía. Este caso que ahora Petro pone sobre la mesa -del que todavía no hay documentos detallados ni explicitados a la prensa- cuestiona de forma directa la gestión de los cuarteles. La corrupción castrense no es nueva, pero usualmente ha estado protegida por discursos altisonantes y patrióticos envueltos en banderas.
La denuncia se produce después de un suceso que puede afectar al Gobierno. El lunes, nueve integrantes del ejército murieron en un accidente de helicóptero en el sur del departamento de Bolívar. En el Mi-17 viajaban un mayor, un teniente, dos sargentos, dos cabos y tres soldados. Petro y Velásquez lamentaron la muerte de los uniformados. La oposición acusó al Gobierno de descuidar el mantenimiento de las aeronaves de fabricación rusa, el Gobierno explica que esta en particular había sido revisada recientemente y estaba al día.
Newsletter
El análisis de la actualidad y las mejores historias de Colombia, cada semana en su buzón
Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS sobre Colombia y aquí al canal en WhatsApp, y reciba todas las claves informativas de la actualidad del país.