La defensa de Francisco B. A., hijo de la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, desconoce por qué se dispuso que cumpla la prisión preventiva ordenada por la jueza María Fernanda Castro en la cárcel de máxima seguridad conocida como La Roca, ubicada en Guayaquil.
A Francisco B. A. se lo investiga por el presunto delito de oferta de tráfico de influencias al pedir dinero a cambio de un cargo público. El caso, al que se denominó Nene, está en la etapa de instrucción fiscal.
Juan Carlos Salazar, abogado del hijo de la vicepresidenta, señala que esta decisión es un “completo exceso”, “un ejercicio abusivo del derecho”, y que ninguna autoridad ha explicado.
“En primer lugar él nunca debió ser merecedor de prisión preventiva, existen los arraigos suficientes para justificar una medida alternativa a la privación de libertad. Además, la formulación de cargos de la Fiscalía fue un tema ambiguo, vago, no tuvo un hilo conductor cuando desarrolló la tesis acusatoria. Inexplicablemente solicitó prisión preventiva, y más inexplicablemente se concedió. Lo lógico habría sido que, al estar domiciliado en Cuenca, cumpla prisión preventiva en el CRS de Turi o de Azogues, o alguno cerca de la ciudad. Incluso, si (el caso) es analizado por la Unidad Anticorrupción y esta tiene sede en Quito, pues en alguno de los centros carcelarios de ahí. Pero mandarlo a La Roca por un caso de supuesto caso de oferta de tráfico de influencias, que es un delito menor, es un exceso total que a todas luces tiene un tinte político”, expresa.
“Tinte político” cuyo objetivo sería incomodar a la vicepresidenta Abad para orillarla a tomar una decisión respecto de su cargo, sostiene.
De momento, según Salazar, ni él ni la familia del acusado han podido verlo o hablarle. Espera que la próxima semana el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) les permita tener contacto.
Todo lo que debe saber sobre La Roca de Guayaquil
La Roca fue concebida como una prisión de máxima seguridad. Esto quiere decir que alberga a delincuentes que representan un alto riesgo para sus compañeros y para la sociedad, explica Billy Navarrete, director del Comité Permanente de Defensa de Derechos Humanos.
Su construcción, que estuvo a cargo de la Corporación para la Seguridad Ciudadana del Municipio de Guayaquil, se inició en el 2006 con fondos de las cámaras de la producción y se concluyó en el 2008.
Se abrió oficialmente el 24 de julio del 2010 y tres días después se realizó el traslado de 30 reos que se encontraban en el antiguo penal García Moreno de Quito.
El extinto Ministerio de Justicia y Derechos tomó el control de sus operaciones. Ese mismo año se dio el primer intento de fuga.
Por ese centro penitenciario han pasado, entre otros, el narcotraficante Óscar Caranqui, quien fue asesinado en el 2013 en ese lugar; y José Luis Zambrano, alias Rasquiña, quien era líder de Los Choneros, y Adolfo Macías, alias Fito, quien era parte de esa banda. Y más recientemente Germán Cáceres, procesado por el femicidio de su pareja, la abogada quiteña María Belén Bernal.
El 12 de febrero del 2013 se produjo la fuga de 19 reos, entre ellos Rasquiña y Fito. En una cronología de incidentes en La Roca, elaborada por el Comité, se reseña ese episodio así:
“Diez reos amenazaron a catorce guías penitenciarios con armas de fuego y machetes, y les quitaron las llaves de las celdas para liberar a los demás detenidos. Los guías fueron encontrados encerrados y esposados en las rejas de las celdas de visita en una bodega. El fiscal que llevó el caso en esa época, Paúl Ponce Quiroz, explicó que la fuga se dio porque los reos se encontraron en el patio principal. Se fugaron por la parte posterior del centro de detención, lo que hace pensar que tuvieron ayuda del exterior. Llegaron hasta el río Daule, donde tomaron una embarcación, pasaron del otro lado del río y escaparon por diversos medios de transporte. Moradores de la ciudadela Guayacanes, por la autopista Narcisa de Jesús (Terminal Terrestre-Pascuales), hallaron uniformes de guías penitenciarios que habrían sido utilizados por algunos de los prófugos. Se encontraron pantalones, zapatos, ropa interior, un chaleco, una batería de celular y unas llaves. Las autoridades admitieron que no todas las cámaras de vigilancia funcionaban”.
/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/eluniverso/EPOLKCZZOZBZXMLJRWS7X3424Y.jpg)
El centro de detención fue cerrado por orden del Ministerio de Justicia en el 2013 y reabierto en el 2022. En el 2023, alias Fito fue trasladado a ese centro, pero presentó una solicitud para que se respete una decisión judicial anterior que prohibía que lo movieran a otra prisión por cuestiones de seguridad.
En septiembre del 2023 fue cerrado nuevamente luego de una detonación controlada que hizo la Policía de un dron con artefacto explosivo en su techo. Quedó parcialmente destruido. Pero se reabrió en enero pasado.
/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/eluniverso/HOEARBK22VEZXDYY23X25E2LQQ.jpg)
Navarrete comenta que desde el inicio de operaciones de la cárcel hubo denuncias de violaciones a los derechos humanos de los reos. “Se aplicaban medidas muy severas, no se permitía la salida de los reos a espacios abiertos y para tomar sol. Era tipo panóptico, había un comando de vigilancia en el centro y alrededor de este una celda, que estaba destinada a una sola persona; desde ahí se vigilaba 24/7 toda la actividad, con una tecnología -inicialmente- bastante sobresaliente que no había en ninguna otra cárcel en ese entonces; sin embargo, esto no evitó que haya crímenes y evasiones”, señala el activista.
En el último censo penitenciario elaborado por el Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censos (INEC) se contó a catorce personas (todos hombres), recluidas en La Roca.
EL UNIVERSO consultó al SNAI respecto de la población carcelaria actual en ese sitio, pero indicaron que esa información era reservada. (I)