A partir del 1 de marzo, la Comisión de Verificación de Proveedores del Estado empezó a recibir la documentación que deberán presentar quienes venden servicios al sector público para obtener una certificación que permitirá que estos sigan haciendo negocios con el Estado durante un año.
En total los interesados ahora deberán presentar 11 documentos ante dicha comisión, la cual ha sido señalada de ser creada por el régimen de Daniel Ortega en diciembre pasado, con la intención de beneficiar con las compras del Estado únicamente a los simpatizantes sandinistas, no así a quienes sean identificados como opositores.
La crearon el pasado 11 de diciembre, pero fue hasta el 29 de febrero de este año que dicha comisión anunció los requisitos y documentos que deben llevar a la Asamblea Nacional las personas o empresas que quieran hacer negocios con el sector público, para lo cual necesitarán obtener una certificación.
Dicha comisión la crearon con carácter de urgencia tras una reforma a la Ley orgánica del poder legislativo (Ley 606) y a la Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Público (Ley 737). La misma está integrada por un representante de la Asamblea Nacional, un representante de la Contraloría General de la República y uno de la Procuraduría General de la República (PGR).
¿Bajo qué criterios elegirán?
Un exdiputado que habló con LA PRENSA bajo condición de anonimato en diciembre pasado, dijo que miraba como positivo que se “verifique la idoneidad de los proveedores del Estado”, sin embargo, reconoció que bajo el régimen orteguista solo se puede esperar que se seleccione a los proveedores bajo “compromisos políticos” a “como acostumbra la familia dictatorial”.
“Habría que ver los criterios de calificación, pero es atípico y sospechoso la participación de la Asamblea Nacional que es un ente de naturaleza política, lo que sugiere que prevalecerán los compromisos políticos de los oferentes y que la calificación se usará más bien como premio o castigo para los cercanos al régimen o los considerados como opositores”, expresó la fuente en ese momento.
La Comisión podrá “realizar verificaciones in situ” e inspecciones para cada proveedor que solicite el certificado de verificación, incluso, “la Comisión se podrá auxiliar de las autoridades de la Policía Nacional”.
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Los 11 requisitos
Casi tres meses después se conocen con exactitud los requisitos que deben presentarse para obtener ese aval. El primer documento que un interesado en tener negocios con el Estado debe presentar ante dicha comisión es una carta de solicitud de emisión del certificado de verificación de los proveedores del Estado.
También debe llevar a la Asamblea Nacional dentro del paquete de documentos una fotocopia de la cédula de identidad, en caso de que se trate de una persona jurídica esta debe adjuntar fotocopias de cédulas de identidad de los socios que conforman la junta directiva y de la persona que comparezca en representación de esta.
Debe incluir una fotocopia de certificación de inscripción vigente en el Registro de Proveedores, así como un testimonio de declaración notarial en la que manifieste cumplir con los requisitos de idoneidad, en original.
Un quinto requisito es incorporar una fotocopia de certificación de inscripción como comerciante en el Registro Público de la Propiedad Inmueble y Mercantil.
También está una fotocopia del Registro Único de Contribuyente (Cédula RUC). Este documento se obtiene en la Dirección General de Ingresos.
Además debe llevar una fotocopia de licencias o permisos debidamente emitidos por la autoridad competente, según la actividad económica a la que pertenezca el oferente del Estado.
Matrícula, escritura y otros documentos
Dicha comisión está exigiendo que entre la documentación se debe llevar una fotocopia de la matrícula de la Alcaldía Municipal donde se encuentre inscrito el negocio.
Igualmente una copia de escritura de constitución y modificaciones en su caso, inscritas en el Registro Público de la Propiedad Inmueble y Mercantil.
Entre la extensa cantidad de documentos, a la comisión también se le ocurrió pedir una fotocopia del poder general de administración debidamente inscrito en el Registro Inmueble y Mercantil de quienes comparezcan en representación de sociedad. “En el caso que quien ostente el Poder General de Administración delegue la representación para esta gestión, deberá presentar además el correspondiente poder que lo acredite”, precisa la Asamblea Nacional.
Debe saber, no obstante, que más allá de los documentos previamente citados, dicha comisión dijo que podrá pedir al proveedor cualquier otra información que se le solicite durante el proceso para obtener la certificación.
“El certificado de verificación del proveedor del Estado se emitirá gratuitamente y se deberá renovar anualmente”, indicó la Asamblea Nacional. Debe saber que toda esta información se debe llevar a las instalaciones de dicho poder del Estado en días laborales desde las 8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.
Es decir que todos los proveedores del Estado que están en el interior del país deben viajar a Managua para cumplir con ese requisito, en caso contrario no podrán hacer negocios con el sector público.
