Una decena de lingotes de oro perdidos, 31 taxis que sencillamente desaparecen y 69 relojes de lujo refundidos. Esos son solo algunos de los hechos más graves de un problema muy amplio. El mal manejo de bienes y dineros que están en poder de la estatal Sociedad de Activos Especiales (SAE), encargada de administrar los bienes incautados a la mafia, levantó esta semana las alarmas de la Contraloría General de la Nación.
Como resultado de una auditoría sobre 60 casos graves de malos manejos, el ente encargado del control fiscal en el Estado señaló la posible pérdida de hasta 28.000 millones de pesos, sumando problemas que vienen de décadas anteriores, y cuatro casos que podrían tener una repercusión penal. EL PAÍS tuvo acceso a un documento de 308 páginas en el que el ente de control advierte de esas irregularidades, la mayoría cometidas en Gobiernos anteriores, como ha señalado el actual director, Daniel Rojas. Pero en algunos de los hallazgos su administración tiene responsabilidad.
En el caso de los relojes, los lingotes y los taxis es conocido. En noviembre pasado, varios medios revelaron un documento de la Fiscalía que advertía a la SAE de “un caso de connotación nacional el cual requiere especial atención”. El documento judicial señalaba que la entidad entregó a dos privados los lingotes y relojes para que los administrara, como suele hacer mientras se define el destino de los bienes incautados, pero nunca los registró correctamente ni obtuvo el dictamen de un perito que los avaluara. La Fiscalía advertía que, tras un cambio de fiscal en el caso, se determinó que los relojes en poder de los depositarios eran copias falsas, y los lingotes eran barras de hierro pintadas. Desde ese momento, abrió otro frente de investigación para determinar si alguien cambió los bienes originales por imitaciones.
El informe de la Contraloría añade un nuevo episodio a ese folletín. Después de las alertas de la Fiscalía, el 8 de abril de 2022 varios funcionarios de la SAE se desplazaron hasta el lugar en el que debían estar los bienes y no los encontraron. “Se corroboró la pérdida”, afirma, tajante, el documento. La entidad, que depende del ministerio de Justicia y cuyo director ha hecho política por más de una década con el presidente Gustavo Petro, ha respondido que viene adelantando gestiones para instaurar acciones legales contra el depositario al que le había entregado los relojes y el metal, precioso o no, en custodia. Es decir, los bienes ya ni siquiera aparecen.
Otro proceso notorio viene de años atrás, pero salpica a la administración actual. En 2017, la Sociedad entregó en arriendo 31 taxis, con un contrato que iba hasta 2022. Pero en 2018 el arrendatario pidió terminarlo. La SAE explica que suspendió el cobro, pero nunca recuperó los vehículos. Y tan solo a inicios de 2024 inició un proceso ante un juez para que le restituyan esos bienes, al estilo de los que realiza un arrendador de un inmueble ante un arrendatario que no paga. “Al 31 de diciembre de 2023 no se había adelantando ese proceso”, dice la Contraloría.
Newsletter
El análisis de la actualidad y las mejores historias de Colombia, cada semana en su buzón
No todos los hallazgos son de vieja data. El ente de control puso la lupa sobre el contrato que firmó la SAE en 2023 para arrendar nuevas oficinas para su sede en Bogotá. La Contraloría advierte que la entidad cambió un espacio por el que pagaba poco más de 400 millones de pesos mensuales por otro que costaba más de 646 millones de pesos. Por ello, la Contraloría señala un presunto daño patrimonial al Estado de poco más de 2.400 millones de pesos, por los 10 meses del contrato. Además, según confirmó este diario, el ente de control elevó peticiones a la Fiscalía para abrir una investigación penal y a la Procuraduría para que lo haga con una disciplinaria.
En respuesta a la Contraloría, la SAE justificó el incremento del valor en dos hechos: aumentó su planta de personal y abrió una nueva sede en el país. Sin embargo, el ente de control alega que “el número de funcionarios reportados no coincide con la información presentada por la entidad” y que no presentaron esa justificación al momento de contratar las nuevas sedes.
La oficina de prensa de la SAE ha respondido a este diario que ese hallazgo “corresponde a este Gobierno y lo asumimos”. Explica que en 2022 la SAE tenía 600 funcionarios repartidos en tres edificios cerca al Parque de la 93 de Bogotá, una zona comercial y de oficinas de alto nivel. Narran que desde entonces, con el Gobierno de Gustavo Petro, la planta ha crecido a “casi 927 personas”, “por lo que necesitábamos ampliar y unificar las oficinas con mejores condiciones en espacio, bienestar y ubicación para los trabajadores y trabajadoras de la entidad”.
Otro proceso que recae sobre la administración actual, aunque solo de manera parcial, es el costo de tener seis bienes inmuebles que no han sido arrendados por estar inhabitables. La SAE usualmente arrienda este tipo de bienes para así tener recursos con los cuales pagar sus gastos y mantenimiento, o los entrega a depositarios para que asuman los costos. Una de las propiedades es un apartamento en el norte de Barranquilla que completó 312 meses (26 años, desde 1998) sin ser arrendado y que, además, acumula deudas que superan los 300 millones de pesos a la copropiedad.
La Contraloría también encontró que la SAE ha debido asumir intereses moratorios por tardar en el pago de sentencias. De acuerdo con el informe, un fallo del 26 de enero de 2023 obligó a la entidad a pagar más de 1.100 millones de pesos, pero solo los desembolsó el 10 de enero de 2024. Esa tardanza le costó 58 millones de pesos en intereses. “La situación evidenciada obedece a deficiencias en el seguimiento de las actuaciones adelantadas por los apoderados a cargo de los procesos judiciales”, señala el informe. El otro caso es más singular. En 2017 un juez ordenó a la entidad pagar 33 millones de pesos a una asociación de copropietarios en la ciudad de Santa Marta; el pago se realizó solo en enero de 2024, y los intereses sumaron más de 300 millones de pesos. La SAE explicó a la Contraloría que adelanta procesos judiciales contra los funcionarios que no han realizado los pagos a tiempo, para así recuperar el dinero perdido.
Un último asunto, de particular interés por la apuesta del Estado en implementar el Acuerdo de Paz con las extintas FARC, es que la SAE está incumpliendo un requisito para administrar los inmuebles que entregó esa guerrilla para resarcir a sus víctimas. La ley exige que el dinero que produzcan esos bienes permanezca en una fiducia, administrada por una entidad financiera y que permite asegurar que los recursos se mantengan separados de los demás de la SAE, dado su destino especial. La Contraloría alerta que el contrato de la fiducia venció en 2023 y “los recursos ingresan a una cuenta bancaria ordinaria administrada por entidad”. La SAE contesta que es un arreglo temporal, mientras licita una nueva fiducia.
Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS sobre Colombia y aquí al canal en WhatsApp, y reciba todas las claves informativas de la actualidad del país.