Entre debates sobre el cártel inmobiliario que somete a Ciudad de México y estudios que sitúan a la capital mexicana como la decimosexta urbe más costosa del mundo, Martí Batres, jefe de Gobierno de la capital, presentó el Programa Piloto de Vivienda en Renta para Jóvenes, un plan que contempla construir entre 150 y 160 hogares que se pondrán en renta a universitarios que se encuentren trabajando y se espera que esté listo en un año.
Batres afirma que el objetivo es ayudar a los jóvenes, sobre todo a aquellos que cursan la educación superior, a tener un lugar de renta accesible. Esto se logrará al hacer estas rentas rotativas por cinco años con una extensión máxima de dos años adicionales. “Más o menos lo que dura una carrera universitaria, más elementos administrativos, servicio social, titulación”, comenta Batres.
Requisitos para rentar
Vivienda en Renta para Jóvenes de Ciudad de México se desarrollará en la colonia Guerrero y está dirigido a personas de 18 a 29 años que desempeñen actividades laborales o académicas dentro de la ciudad, que cuenten con ingresos no mayores de dos salarios mínimos y que no sean propietarios de vivienda en la capital. Inti Muñoz Santini, titular de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI), explicó que podrán inscribirse personas con ingresos de entre 7.500 pesos a 15.000 pesos al mes.
El gasto en vivienda debe representar una tercera parte y no más del salario de los jóvenes, por lo que las rentas irán desde los 2.500 pesos hasta los 5.000 pesos, más el 10% para mantenimiento del inmueble. Habrá hogares de 45, 50 y 60 metros cuadrados, pero no se ha confirmado cuál será el criterio para rentar cada tipo de unidad.
“Los jóvenes que menos ganan están pagando cifras muy altas”: Derecho a la vivienda adecuada
“La idea es que estos espacios sean no solamente edificios con vivienda, sino que sean espacios comunitarios para vivir con dignidad, donde haya actividades culturales, espacio público, lugares de encuentro”, señaló Muñoz. El secretario espera que el piloto se convierta en un modelo replicable de política pública en materia de vivienda social y que pueda ayudar a otros sectores vulnerables de la población.
El Gobierno lo llama derecho a la vivienda digna, aunque de acuerdo con María Silvia Emanuelli, coordinadora de la Oficina para América Latina de la Coalición Internacional para el Hábitat, debería llamarse vivienda adecuada, un concepto que se trabaja a nivel internacional desde hace mucho y que ha sido mejor desarrollado. Según Emanuelli, este programa tiene características de vivienda adecuada, como renta asequible con orientación social en suelo urbano o proximidad de las estaciones del sistema de transporte público, que garantiza el equipamiento urbano básico.
Emanuelli contrasta estas viviendas para jóvenes que pueden vivir solos con las que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) otorgó en el pasado, “viviendas de 38, 42 metros cuadrados a las afueras de las ciudades para familias enteras”. Ella explica que a pesar de que se han hecho esfuerzos para mejorar los salarios mínimos, los incrementos en los precios de la vivienda han sido vertiginosos y que el mercado no satisface las necesidades de quienes reciben menos de cinco salarios mínimos.
La experta asegura que la mitad de los hogares más pobres en la ciudad pagan renta, que el 10% de los hogares más pobres pueden llegar a destinar hasta el 44% de sus ingresos al alquiler, y que ocho de cada diez mujeres jóvenes a cargo de su familia también pagan renta, por lo que le gustaría que el proyecto pusiera énfasis en el tema de género. “Los jóvenes que menos ganan son quienes acceden a la vivienda a través de alquiler pero están pagando cifras muy altas”, dice Emanuelli.
La experta considera un gran acierto el proyecto de vivienda para jóvenes, pero concibe la reforma constitucional al artículo 123, para que el Infonavit destine viviendas a renta, como una mejor opción. “La lógica es un poco diferente porque la renta se plantea ahí como una posibilidad, pero después de diez años se podrá adquirir la vivienda. Yo prefiero realmente esta propuesta porque garantiza también que la vivienda pública quede en manos del Estado y no se ponga a disposición del mercado”, concluye.
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