La Comunidad de Paz de San José de Apartadó, en el Urabá antioqueño y cerca de la frontera de Colombia con Panamá, se declaró hace 26 años neutral en el conflicto armado que azotaba al país. En intento de parar la violencia descontrolada, crearon un autogobierno, alejado del Estado, de los paramilitares y de las guerrillas que, según ellos, no los representaban. Una vocera de la comunidad explicó hace años la decisión ante la Comisión de la Verdad: “En medio del paramilitarismo, con la complicidad del Estado y sectores empresariales, nos preparábamos para vivir en medio de la guerra sin hacer parte de ella. En medio de las masacres, el 23 de marzo del 97 tomamos la decisión de firmar la declaración pública de la Comunidad de Paz”. El pueblo de unos 2.800 habitantes, mayoritariamente campesinos, arrastra una larga historia de tragedias. Este martes ocurrió otra.
Dos personas, Nallely Sepúlveda y Edison David, la esposa y el hermano de 14 años del coordinador humanitario de la comunidad, fueron asesinadas a bala en su casa en la vereda La Esperanza, según confirmó la comunidad por X. En otro trino, agregó que habían denunciado a los responsables, presuntamente miembros de grupos armados ilegales.
El hallazgo lo hicieron tres menores de edad al regresar del colegio. Entre ellos estaba uno de los tres hijos de Sepúlveda, quien relató el momento en un video al que tuvo acceso El Tiempo. “Me fui para la casa después de estudiar. Encontré las puertas abiertas (…) adentro había un rastro de sangre que iba hasta la pieza. Fui siguiendo el rastro de sangre y ahí estaba el cuerpo de mamá y en la otra pieza estaba el tío mío tirado en el suelo”, contó. En el mismo video, los vecinos explicaron que, luego de los asesinatos, habían alertado a las autoridades que las vidas de los tres hijos de Sepúlveda estaban en peligro. Cuando ocurrieron los crímenes, el coordinador humanitario acompañaba a su padre al hospital municipal de Apartadó.
La mañana de este miércoles, más de 17 horas después del hallazgo, la comunidad denunció que el Estado todavía no había hecho el levantamiento de los cadáveres. “A esta hora continúan los cuerpos sin vida de nuestros compañeros miembros de nuestra Comunidad de Paz en el lugar de los hechos (…) que inutilidad. ¿Por qué no llegan?”, declaró en X. Agregó, además, que había autorizado a las autoridades el ingreso al sitio, un permiso que da la comunidad por su condición de autogobierno y que las autoridades no necesitan legalmente para llegar. “La comunidad se verá en la obligación de levantar los cuerpos como en otras ocasiones por la inutilidad del Gobierno”, se quejó en otro trino.
Minutos antes de que se publicara esa denuncia, el presidente Gustavo Petro, que este lunes visitó Apartadó, una ciudad de más de 200.000 habitantes, lamentó el asesinato y se refirió al pasado ―y presente― de la iniciativa humanitaria. “Fueron asesinados 400 miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó [a lo largo del conflicto armado]. Hace dos días, todo el gobierno estuvo allí en Apartadó y nos reunimos con miembros de la comunidad en la Asamblea Popular. A nuestro regreso asesinaron dos miembros más de la comunidad. Fuerzas oscuras quieren reeditar el paramilitarismo en el noroeste del país”, declaró.
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El Clan del Golfo
Durante su visita, el presidente estuvo en la Institución Educativa San Pedro Claver, a 20 minutos del poblado de San José, sede principal de la Comunidad de Paz. Acompañado por la vicepresidente Francia Márquez, el gobernador Andrés Julián Rendón y varios ministros, habló de la violencia que sufre la región a manos del Clan del Golfo, la mayor banda de narcotráfico del país y heredera de los paramilitares que por años dominaron a sangre y fuego el Urabá.
El Clan surgió tras la desmovilización de los grupos paramilitares afiliados a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), en el Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010). El grupo, que se hace llamar Ejército Gaitanista de Colombia, se ha ido instalando en zonas rurales de varias regiones del norte del país, incluyendo el Urabá. Justamente, este martes aceptó la invitación del Gobierno para sentarse a negociar en el marco de la política de la paz total, aunque con la condición de que sea un proceso político, no de sometimiento a la justicia.
Ni las autoridades ni los miembros de la comunidad han acusado a un grupo armado ilegal en específico por los asesinatos de este martes. Sin embargo, un comunicado previamente publicado en la página web de la comunidad señala que “en las veredas de San José de Apartadó, hay una alta presencia de paramilitares que transitan abiertamente con vestidos camuflados e insignias AGC [por otro nombre del grupo, Autodefensas Gaitanistas de Colombia], fuertemente armados”.
El paramilitarismo en San José de Apartadó
La presencia del Clan despierta fantasmas en una población que sufrió la violencia en todas las formas imaginables: centenares de asesinatos, violencia sexual, desplazamientos masivos, destrucción de viviendas, usurpación de tierras, quema de cultivos. En febrero de 2005, siete años después de que San José de Apartadó se declarara como comunidad de paz, ocurrió uno de los hechos más atroces en la historia del corregimiento: un grupo de al menos 60 paramilitares del Bloque Héroes de Tolová, al mando de alias Don Berna, secuestró, torturó y asesinó a tres niños y cinco adultos. Los menores tenían 18 meses y 5 y 11 años.
En ese entonces, el Gobierno de Álvaro Uribe responsabilizó, falsamente, a la extinta guerrilla de las FARC de los asesinatos y criticó fuertemente a la comunidad. Un mes después de la masacre, Uribe dio unas declaraciones que más adelante la Corte Constitucional señaló que era una estigmatización que ponía en riesgo la vida de los campesinos: “En esta comunidad de San José de Apartadó hay gente buena, pero algunos de sus líderes, patrocinadores y defensores están seriamente señalados por personas que han residido allí, de auxiliar a las Farc y de querer utilizar a la comunidad para proteger a esta organización terrorista”.
Cinco años más tarde, Don Berna confesó ante Justicia y Paz, el sistema de justicia transicional para las antiguas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que los paramilitares habían realizado la masacre con la ayuda del Ejército Nacional. En 2013, el Gobierno de Juan Manuel Santos se retractó y pidió excusas por las declaraciones de Uribe; en 2019, el Ejército pidió perdón ante la comunidad por el crimen.
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