Un informe publicado por el Departamento de Estado de Estados Unidos ha alimentado los desencuentros entre México y su vecino del norte esta semana. El documento, llamado Informes de 2023 sobre prácticas de derechos humanos, apunta contra el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador por sus ataques al Poder Judicial y a su presidenta, Norma Piña, a quien el mandatario ha descalificado sin parar desde que tomó posesión en enero del año pasado. El reporte describe además múltiples fallos que tuvo la Administración mexicana en esta materia, como los abusos de las fuerzas de seguridad o el aumento de la violencia. Los señalamientos han provocado el enojo del presidente mexicano, que ha pedido al Ejecutivo estadounidense respeto.
El documento estadounidense es contundente en las descalificaciones que ha recibido la justicia en México, y señala que tanto el presidente como otros miembros del Gobierno “atacaron verbalmente al Poder Judicial, particularmente a la Corte Suprema, criticando a los jueces que fallaron en contra de la Administración en numerosas ocasiones”. La preocupación alcanzó a la protesta en la que un grupo de militantes del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) prendieron fuego una piñata con la cara de Piña en marzo del año pasado. O la vez que el entonces gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, “encabezó una manifestación en Ciudad de México donde sus partidarios llevaron ataúdes con los nombres de siete de los 11 ministros” de la Corte.
“El Departamento de Estado sacó una resolución hablando de que en México se violan los derechos humanos y ellos situándose como los jueces del mundo, nosotros somos respetuosos con ellos, ellos deberían ser respetuosos con nosotros”, ha dicho López Obrador este martes en su conferencia matutina. El mandatario ha agregado que él no cuestiona por qué las autoridades estadounidenses tienen “un candidato hostigándolo en los juzgados”, en referencia a Donald Trump. Ni su papel en la guerra de Gaza u otros fallos de la Administración de Joe Biden. “¿Por qué destinas miles de millones de dólares para la guerra, y por qué no liberas a Assange, que lo tienen encarcelado injustamente? ¿Por qué no atienden a los jóvenes que fallecen por la adicción a las drogas, al fentanilo? ¿Por qué reprimes, maltratas a los migrantes?”, ha lanzado.
El documento del Departamento de Estado, que desarrolla un informe para cada país, señala otros hostigamientos hacia el Poder Judicial y los jueces en particular. Ya sea por redes sociales, donde se han detectado campañas de desprestigio o a través de la propia justicia. En este caso menciona lo que sucedió con la jueza Angélica Sánchez en Veracruz, que fue perseguida judicialmente después de liberar a un hombre acusado de homicidio por no haber suficientes pruebas en contra. Entre otros focos rojos que se detallan en el informe, aparecen el acoso a la prensa desde el Ejecutivo y la falta de independencia que ha sufrido la Comisión Nacional de Derechos Humanos, bajo el liderazgo de Rosario Piedra Ibarra.
Ejecuciones extrajudiciales, desaparecidos y prisión preventiva
El informe del Departamento de Estado señala varias ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas de seguridad mexicanas. Y cita varios ejemplos, como la muerte de cinco jóvenes en manos del Ejército en Nuevo Laredo en febrero de 2023, o la brutal ejecución de otros cinco civiles por militares en mayo del año pasado, en la misma ciudad, que quedó registrada en cámaras de seguridad. El documento reporta un aumento de la violencia contra los activistas y defensores del medio ambiente, como el asesinato de Eustasio Alcalá en Michoacán o las desapariciones de Ricardo Lagunes y Antonio Díaz, y contra los colectivos de búsqueda, donde nombra a la madre buscadora Teresa Magueyal, asesinada en mayo en Guanajuato.
El Departamento de Estado ha expresado en el informe su preocupación por las diferentes bases de datos sobre desaparecidos, y los problemas que enfrentó el Gobierno en el recuento de estos casos desde mitad del año pasado. “Las bases de datos federales y estatales que rastreaban las desapariciones forzadas estaban incompletas y tenían problemas para compartir datos; los sistemas forenses estaban muy fragmentados entre los niveles local, estatal y federal; y el volumen de casos sin resolver era mucho mayor de lo que los sistemas forenses eran capaces de manejar”, puntualiza el texto.
El documento critica además las prolongadas detenciones preventivas que hay en México para personas que nunca reciben una sentencia. Y apunta el caso de Daniel García, detenido 17 años en una prisión sin recibir ningún tipo de condena. Otros casos que se mencionan son el de Verónica Razo, acusada de secuestro y delincuencia organizada, pasó más de 12 años en la cárcel sin que se probaran sus delitos; o el de Brenda Quevedo, acusada del secuestro y supuesto homicidio del hijo de Isabel Miranda de Wallace, una activista muy cercana al Partido Acción Nacional. Ambas mujeres fueron torturas para que admitieran sus supuestos delitos, según ha quedado acreditado por organizaciones de derechos humanos.
En cuanto a los ataques a la prensa, el Departamento de Estado recoge los asesinatos de Marco Aurelio Ramírez en Puebla, baleado cuando salía en coche de su casa; el de Luis Martín Sánchez en Nayarit, el corresponsal de La Jornada cuyo cuerpo fue encontrado con un mensaje clavado con un cuchillo en el pecho; el de Nelson Matus en Guerrero, atacado en el estacionamiento de una tienda en Acapulco; y el de Jesús Gutiérrez Vergara en Sonora, que murió cuando hablaba con cuatro policías y estos recibieron un ataque.
Suscríbase a la newsletter de EL PAÍS México y al canal de WhatsApp y reciba todas las claves informativas de la actualidad de este país.