Gustavo Petro, el día de su posesión en la Presidencia de Colombia, comunicó en su cuenta de X que había elegido a Mery Janneth Gutiérrez para ser su ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, TIC. “Tendrá la tarea de llevar la infraestructura tecnológica a donde no ha llegado antes”, aseguró ese 7 de agosto de 2022. Pero su intención se frustró en las semanas siguientes, cuando medios de comunicación revelaron que una sociedad de la que Gutiérrez es accionista exigía judicialmente 40.0000 millones de pesos (10 millones de dólares) a la extinta Autoridad Nacional de Televisión (ANTV). El Ministerio de TIC maneja los pasivos y obligaciones de ANTV, lo que habría configurado un conflicto de intereses si se concretaba el nombramiento. Gutiérrez reapareció el pasado mes de marzo, cuando el Gobierno intentó ubicarla nuevamente en otro cargo, como presidenta ejecutiva de Corferias, el recinto ferial más grande de Bogotá y sede de grandes eventos, como la Feria del Libro. De nuevo fracasó el designio, y ahora es un motivo de discordia interna en el Gobierno.
El poder en Corferias, como en tantas empresas y entidades, está en su junta directiva. En su caso, nadie la domina. Refleja la composición de ese órgano en su dueña, la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), donde se sientan empresarios de la ciudad elegidos entre los comerciantes y el Gobierno Nacional. En el consejo directivo del recinto ferial hay dos representantes del Gobierno; dos de los empresarios; otros dos son independientes. El voto de desempate es el del presidente ejecutivo de la Cámara. Con cuatro votos se define quién ocupa ese cargo, que tiene un salario de más de 89 millones de pesos colombianos (unos 23.000 mil dólares mensuales), casi el triple del que percibe el presidente de la República; también se maneja una entidad que cerró 2023 con ingresos por casi 265.000 millones de pesos (66,2 millones de dólares) y utilidades por más de 46.515 millones (11,6 millones de dólares).
El inicio de la novela se remonta al 20 de marzo, día en que estaba convocada una reunión de la junta de Corferias. Polo Ávila, representante del Gobierno, propuso debatir un cambio en la presidencia ejecutiva, que desde hace 18 años está en manos del abogado Andrés López, quien venía de ser vicepresidente legal y luego ejecutivo de la CCB. Acto seguido, puso a consideración el currículo de Gutiérrez. Su plan estaba calculado. Tenía tres votos asegurados: el suyo; el de Julio César Ortiz, el otro delegado del Gobierno y quien ha sido abogado de Petro en varios casos; y el de Ovidio Claros, presidente ejecutivo de la Cámara, también cercano al presidente. Estaban alineados para repetir el cambio que lograron en la CCB para elegir a Claros, y parecían haber encontrado el voto que les daba mayoría en Hugo García, gerente de la compañía Compumuebles y uno de los miembros independientes de la junta. Cuando llegó el momento de la votación, sin embargo, sucedió un imprevisto. Ortiz no logró conectarse digitalmente, según explicó a La Silla Vacía, porque se encontraba “en pleno viaje de trabajo con la Selección Colombia en Londres”. Su ausencia derrumbó el plan.
Al día siguiente estaba citada la junta directiva de la CCB. La tensión por el intento de cambiar de cabeza en Corferias estaba viva. Los representantes del empresariado, para evitar que los allegados al Gobierno pudieran repetir el intento, propusieron cambiar a Hugo García. Y lo lograron. Por mayoría decidieron que William Parra, quien ha pertenecido a la junta de la Cámara, ocupara su lugar. Así, el Gobierno no podría sumar cuatro votos en el consejo de la feria.
Víctor Manuel Fonseca, directivo suplente de la Cámara, radicó una queja ante la Superintendencia de Sociedades denunciando irregularidades en esa elección, lo que aumentó la tensión. El 12 de abril, la Superintendencia ordenó que la junta de la Cámara hiciera una reunión extraordinaria para evaluar la situación y contrastar versiones. Ese mismo día, el Gobierno notificó a Ortiz y Roberto Robles, dos de sus representantes allí, que los removía de su posición. Ortiz asegura que su salida se debe a que había cumplido un ciclo; mientras que Robles, que fungía como presidente de la junta, reconoce que está pagando el precio por no haber impedido la elección de Parra en la junta de Corferias, es decir, por no haber evitado una derrota del Gobierno. Solo dos meses atrás, el presidente Petro había celebrado la elección de Robles como presidente, señalando que “un tendero de barrio” había llegado al órgano directivo.
La jugada que planeaba el Gobierno terminó cayéndose por la mala conexión de Ortiz, un imprevisto aparentemente menor que ahora le impide lograr su cometido, deja en evidencia la mala relación del presidente con algunos sectores del empresariado y cierra la puerta a Mery Janneth Gutiérrez para ocupar un cargo público.
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