Un grupo de 350 vecinos afectados por la contaminación en el agua en la alcaldía Benito Juárez ha decidido presentar una demanda ante los tribunales para exigir el pago de una indemnización al Gobierno de Ciudad de México por la mala gestión de la crisis. Más de un mes después, las autoridades han dado carpetazo al asunto, pese a no haber hecho públicos los análisis de las sustancias que contaminan el agua. Tampoco han compartido un dictamen oficial que descarte los daños a la salud de la población.
Los afectados también reclaman que el Sistema de Aguas de la capital (Sacmex) muestre con estudios clínicos que el agua de las 12 colonias afectadas está limpia y apta para el consumo humano. “El agua es un derecho humano esencial y las autoridades lo están violando. Estamos hablando de miles de personas afectadas y no tenemos ningún reporte oficial que diga que el suministro de las colonias cumple con la normativa de calidad del agua”, denuncia Verónica Athié, doctora en Inmunología, directora de la organización Conciencia Ecai y una de las impulsoras de la demanda junto al bufete Fractal Abogados.
Los afectados están valorando dos posibilidades para actuar, una por la parte ambiental y otra, desde el derecho a la salud. “Ambas convergen en el derecho humano al agua”, agrega Athié y explica: “Estamos analizando cuál es la mejor manera para exigir una indemnización a todas las autoridades implicadas tanto por las afectaciones económicas y las afectaciones a la salud”.
Varios afectados denuncian problemas de dermatitis, conjuntivitis, y cuestiones gástricas por estar en contacto con el agua. “Sabemos que hay 3.000 personas que mostraron estar interesadas en proceder legalmente y ahora estamos definiendo cómo llevarlo a cabo”, apunta la especialista.
El pasado 19 de abril, las autoridades de la capital, con el jefe de Gobierno a la cabeza, apuntaron que después de haber procedido a limpiar más de 10.000 cisternas, el agua era “limpia y sin olor”, una valoración que no aparece en ninguna norma internacional para garantizar la calidad del agua potable. Los vecinos han denunciado, que pese a este anuncio, las autoridades están violando la norma mexicana, conocida como NOM 127, sobre los límites de sustancias permitidos que puede tener el agua para el consumo humano. “La NOM 127 es una normativa laxa en comparación con la normativa internacional, como por ejemplo, la que maneja la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos”, señala Athié.
Ante la falta de información oficial, varios vecinos decidieron encargar sus propios análisis. Los resultados realizados en laboratorios acreditados arrojaron que en el agua hay concentraciones de cloroformo, diflurobenceno, tricloroetileno, bromodiclorometano, tolueno, clorobenceno, bromofluorobenceno y diclorobenceno, entre otras sustancias. Todas ellas tóxicas y cancerígenas. “La Organización Mundial de la Salud señala que el agua potable debe tener la calidad para el consumo humano, pero también para el saneamiento y la higiene, por lo que la calidad del agua en este momento en la Benito Juárez no cumple con las recomendaciones de los derechos humanos al agua y el saneamiento de la OMS”, denuncia la doctora Athié.
Como remediación y sin haber hecho público ningún dictamen oficial sobre cuál es el contaminante y qué lo originó, el Gobierno de Martí Batres puso a disposición de los afectados el reparto de agua embotellada, el servicio de limpieza de las cisternas y el llenado nuevamente con agua potable traída con pipas [camiones cisterna]. “La salud de la gente sigue estando en riesgo y el Gobierno tiene la obligación de darnos un reporte que asegure la potabilidad del agua”, sentencia la especialista.
Athié hace especial hincapié en las repercusiones a la salud que puede ocasionar la contaminación en el agua. “Quizá no ahora, pero si te sigues exponiendo, en mediano y largo plazo te arriesgas a tener cáncer”.
Los vecinos no solo han visto como su salud era afectada, la contaminación también ha tenido repercusiones a su bolsillo. Este el caso de Victoria Galindo, dueña de la panadería Vega Bakery, en la colonia Nápoles. Desde que empezó la crisis hace un mes, dice que lleva gastados más de 4.000 pesos (300 dólares) solo en agua embotellada. “A eso hay que sumarle los 19.000 pesos de la renta, más el recibo del agua y la luz”, señala.
Hace más de un mes notaron que el agua de la llave tenía un fuerte olor. “Como a thinner [disolvente]”, dice Galindo. Desde entonces no han vuelto a usar ese agua para fermentar el pan, hornearlo o preparar café. No así, para lavar los trastes. “El agua me está provocando un problema en la piel”, dice la panadera y muestra sus dedos llenos de piel reseca. “No estamos pudiendo aguantar por mucho tiempo el costo económico de los garrafones, está brutal”, cuenta con preocupación.
Pese a que el Gobierno anunció que el agua era “limpia y sin olor” Victoria cerró la llave de paso de la calle desde el 5 de abril y un mes después siguen sin abrirla. Dice que “por seguridad” solo se surte con agua embotellada. “Estaría bien no pagar estos días de agua, pero tenemos que pagar el recibo a Sacmex para no generar una deuda”, dice con disgusto.
Galindo cuenta que las autoridades tomaron hasta en cuatro ocasiones muestras de la cisterna, sin embargo, el modus operandi se repite: nunca recibieron ningún resultado por escrito de los análisis. “Nos dijeron que los resultados eran normales y era agua para el consumo humano, pero no nos entregaron ningún documento o papel para garantizar que el agua está bien”.
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