Un allanamiento esta semana en un galpón en el estado Aragua, en la región central del Venezuela, dio con la incautación de 2.300 máquinas para minar bitcoins, la moneda virtual. A la medida le siguió el anuncio del Gobierno de la desconexión de todas las granjas de minado (las que procesan y garantizan las transacciones) del país del Sistema Eléctrico Nacional, en medio de un aumento de los apagones y racionamientos y de la investigación de la Fiscalía sobre un enorme desfalco hecho a la petrolera estatal PDVSA a través de estas plataformas digitales. Esto ocurre, además, en el país que creó una criptomoneda oficial, el petro, para enfrentar con muy poco éxito el dólar y la inflación.
El Ministerio de Energía Eléctrica ha informado ahora de la puesta en marcha de un plan de fiscalización de grandes consumidores de energía. El objetivo, aseguraron las autoridades, es desconectar del precario Sistema Eléctrico Nacional -que en 2019 ya dejó al país entero sin luz por cinco días- todas las granjas de moneda virtual para evitar “el alto impacto en la demanda”.
El apagón del negocio cripto en Venezuela, sin embargo, comenzó un año atrás cuando el Gobierno destapó el escándalo de PDVSA Cripto, que obligó a una reestructuración de la Superintendencia de Criptoactivos y dejó en el limbo los marcos regulatorios de esta actividad. Miles de mineros se quedaron en suspenso entonces y un año después siguen sin respuestas.
El uso de esta tecnología financiera se expandió en Venezuela con la llegada de la hiperinflación. Algunos venezolanos se refugiaron en las criptomonedas para proteger su dinero de las devaluaciones y una parte encontró, en medio de una economía arrasada, posibilidades de ingresos emprendiendo negocios de minería digital o trabajando en ellos gracias a sus tentadoras promesas de rentabilidad que hacen obviar su alta volatilidad: un bitcoin vale hoy 66.000 dólares. Venezuela ofrecía además algo esencial: un servicio eléctrico por el que se pagaba casi nada, una característica heredada de los años de subsidios que se ejecutaron durante el mandato de Hugo Chávez.
El Gobierno de Maduro también encontró oportunidades para hacer frente a la inflación y, más tarde, navegar en las aguas revueltas de las sanciones petroleras, como ha revelado la trama PDVSA Cripto tras las que ha caído el ministro de Petróleo, Tareck El Aissami, hombre cercano a Nicolás Maduro. Incluso gobernadores del chavismo instalaron granjas de máquinas para minar como parte de su gestión. Lo hizo en 2018 el gobernador del Estado de Zulia, el que más sufre en este momento apagones y racionamientos diarios de varias horas.
La minería digital es una actividad de alto consumo eléctrico. No solo por los megavatios que jala cada dispositivo, sino por los equipos de soporte que se necesitan para enfriar las granjas durante su operación de cómputo infinito. Esta semana, el gobernador de Carabobo, Rafael Lacava, adjudicó al clima y a la minería digital la agudización de los racionamientos de electricidad en su Estado, donde todos los días los ciudadanos padecen cortes. “Estamos restringiendo el consumo irresponsable de las granjas de criptomonedas que se chupan un poco de megavatios y son las que llevan a los racionamientos”, dijo en un video junto con el ministro de Energía Eléctrica, Jorge Márquez, que no tiene un mes en el cargo y al que Maduro le pidió hacer frente a “la guerra eléctrica”.
Una guerra en la que los venezolanos ya se han acostumbrado por las cotidianas fluctuaciones de la energía, el temblor de los bombillos, al estruendo tóxico de las plantas eléctricas domésticas a gasolina y a las interminables averías de sus electrodomésticos por la inestabilidad de la corriente. El gobernador Lacava pidió a los vecinos a denunciar a las autoridades del funcionamiento de granjas en sus comunidades y anunció, más tarde, que va a ordenar restricciones horarias para el trabajo de la administración pública en Carabobo, para reducir la demanda de electricidad.
La crisis eléctrica en Venezuela se ha vuelto crónica y el servicio es de los peores valorados entre los ciudadanos, los que en un 80% aspiran a un cambio de Gobierno en las próximas elecciones del 28 de julio, precisamente porque esperan una mejora en sus condiciones de vida. Chávez, en su tiempo, también apagó a los que consideraba altos consumidores. Entonces enfiló contra los centros comerciales, a los que obligó a instalar sus propios sistemas de generación independientes. Esos fueron los años en que las autopistas de Caracas estuvieron en penumbra porque se prohibió encender las vallas publicitarias.
El país tiene un enorme déficit de generación y depende en casi 70% de la energía que produce la Central Hidroeléctrica de Guri, ubicada al sur del país. Estas limitaciones incluso han comprometido los intentos de reactivación económica en Venezuela, cuyo PIB se ha reducido a un tercio en los últimos años. En más de dos décadas se han anunciado inversiones —al menos 37.000 millones de dólares entre 1999 y 2017, según Transparencia Venezuela— para mejorar los problemas estructurales del sistema eléctrico que no deja de hacer padecer a los venezolanos. Gran parte de ellas, sin embargo, acabaron absorbidas por la corrupción, así como las minadoras de bitcoins absorben ahora la electricidad que queda.
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