Por primera vez en el mundo, la primera dama de una nación denuncia la existencia de una conspiración contra ella de funcionarios del Gobierno que preside su marido. En el documento enviado por Verónica Alcocer a la fiscal general de la Nación, Adriana Camargo, solicitó que se investiguen los posibles crímenes de odio y la información falsa que circula con el apoyo de personas que trabajan en entidades gubernamentales. En el asunto dirigido a la fiscal se lee: “Denuncia penal por el presunto delito de hostigamiento agravado. Referencia: Campaña de desinformación y desprestigio”. También advierte que todo se hace con una intención: “Afectar mi buen nombre y con ello desprestigiar el ejercicio del Gobierno Nacional presidido por mi esposo Gustavo Francisco Petro Urrego”.
Vaya gravedad del asunto. Es obvio que el presidente tuvo que ser informado de la querella instaurada por la primera dama y hasta ahora no se conoce que el Ejecutivo haya adelantado una averiguación de quienes podrían ser las personas que trabajan en entidades gubernamentales y que apoyan la campaña de desprestigio del Gobierno nacional que preside el esposo de la denunciante.
Lo más delicado ―por el contrario― es que uno de los funcionarios más poderosos de este Gobierno, el Director Nacional de Inteligencia, Carlos Ramón González ―muy del afecto del presidente Petro―, quien poco habla con la prensa, salió al ruedo para enfrentar las denuncias de la primera dama, afirmando: “No creo que haya guerra interna. En todo núcleo humano, ya sea oficina, trabajo o familia, siempre hay celos (sic) y siempre habrá desavenencias. Yo creo más bien que se ha venido creando esa sensación de guerra entre Laura Sarabia y Carlos Ramón, Laura y Augusto Rodríguez, entre la primera dama y etc.”, dijo González.
Desobligante e irrespetuoso con la primera dama atribuir a semejante denuncia de campaña de odio un problema de celos. También salieron a bailar un grupo de guardaespaldas adscritos a la Unidad Nacional de Protección (UNP), quienes presentaron denuncias ante la Procuraduría por abuso de poder en los cambios en los esquemas de seguridad de la primera dama. Laura Sarabia, a su vez, pidió un cambio de su seguridad y todo indica que quien le metió la mano a esos ajustes que los escoltas consideraron irregulares fue el coronel Carlos Feria, jefe de seguridad del presidente. La Procuraduría le abrió indagación por extralimitación de funciones.
Es indispensable que la Fiscalía desenrede la pita del asunto que la primera dama denunció con toda claridad. El propio exministro del Interior Luis Fernando Velasco acusó recibo: “Es una acusación delicada. Una persona como la primera dama no va a hacer una afirmación si no tiene elementos de juicio fuertes, y no respondo pero a veces uno sentiría que puede haber más colaboración”.
Por otra parte, las preguntas sobre quienes podrían estar detrás de supuestas interceptaciones y chuzadas a magistrados de una alta corte siguen abiertas. El presidente, tras cuestionar el origen de la información que viene circulando en cadenas de WhatsApp, según el periódico El Tiempo, dijo que estas llegan a magistrados, a miembros del Gobierno, a ver si se debilita al Ejecutivo.
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Por lo pronto quedamos a la espera de la información que se derive de la denuncia que, como dijo el exministro Velasco, tiene que contar con elementos de juicio fuertes. La primera dama tiene la palabra.
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