Elizabeth Vallejo contesta el teléfono y suspira hondo. Dice que con esta llamada se le revuelve todo. “Es como si nos tocara regresar al momento de lo que nos pasó hace dos años. Todo vuelve a la mente”, cuenta mientras su voz se recompone. Por estos días de junio, pero en 2022, Elizabeth estaba sentada en el comando de la policía del Valle de Aburrá (Antioquia) escuchando las explicaciones de cinco uniformados de alto rango sobre la muerte, en medio de un operativo antinarcóticos, de su hermano Alconides Vallejo Álvarez, de 64 años. “Me dijeron que reconocían la falla y que (su muerte) había sido un daño colateral”, recuerda.
El “daño colateral” ocurrió el 21 de mayo de 2022, cuando miembros de la Dirección Antinarcóticos de la policía emprendieron el operativo que llamaron “Múcura”, para enfrentar a supuestos integrantes del Clan del Golfo en la vereda La Clarita de Vegachí, un pequeño pueblo al suroeste antioqueño. Al día siguiente, la Policía entregó un parte que señalaba que había abatido a seis integrantes del grupo armado.
Dos días después, el 24 de mayo, advirtieron que no fueron seis “abatidos” sino cinco, además de un civil que, según ellos, había sido herido en el fuego cruzado. El reporte era que los policías habían sido atacados por el grupo armado, lo que terminó en un “enfrentamiento”. “Fueron neutralizados alias Perea y alias Hugo, responsables de acciones contra la fuerza pública y la sociedad civil”, se lee en el escueto comunicado, que menciona a Alconides Vallejo como un habitante de la zona. Este diario buscó la versión de la Policía Nacional y de su Dirección Antinarcóticos para entender su versión, quienes confirmaron que, por tratarse de un caso en investigación, no pueden entregar detalles del operativo o del proceso.
De acuerdo con la versión de la familia Vallejo, cuando los policías llegaron por tierra y aire —como confirmó la institución—, Alconides estaba en una parcelación de la vereda, a unos 350 metros de distancia de su casa. En la mano llevaba un zurriago, una especie de látigo para contener el ganado. Su pareja, Amparo Monsalve, contó a las autoridades que escuchó que los disparos se prolongaron por cerca de 15 minutos. Y que cuando el sonido de las balas cesó, notó que Alconides estaba herido. De acuerdo con su relato, los policías le dijeron que se organizara para acompañarlo a un centro de salud, pero el helicóptero despegó antes de poderlo hacer. Nunca lo volvió a ver con vida.
Desde ese momento, su familia lo denunció como desaparecido y emprendió la búsqueda del rastro del helicóptero. “Publicamos por todas las redes sociales, empezamos a llamar amigos en muchas ciudades y un día recibimos audios de personas que nos dijeron que, por esos días, en Barrancabermeja aterrizaron unos helicópteros de la Policía y descargaron unos cuerpos”, dice Elizabeth. Habían pasado ya tres días: era 24 de mayo.
Horas después, el Hospital General Regional del Magdalena Medio, a 234 kilómetros de Vegachí, les confirmó que Alconides había ingresado al centro médico y que había fallecido por la gravedad de sus heridas. La necropsia, conocida por este diario, señala que Alconides Vallejo Álvarez murió producto de cinco disparos: en el tórax, la espalda, el brazo derecho y el glúteo izquierdo. De acuerdo con los peritos, el líder social recibió primeros auxilios, pero no alcanzó a llegar con vida hasta un centro médico.
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La pérdida para su familia fue enorme. Pero lo que no sabían todavía era que también lo sería el camino judicial que estaba por venir.
Sin conciliación
EL PAÍS conoció detalles de los procesos que llevan dos años andando a paso lento en la justicia. La Fiscalía no ha llegado siquiera a pedir los testimonios de sus familiares. Ante eso, la familia y su abogado, Anatoly Romaña, han avanzado en otro camino, en pos de que el Estado los resarza por sus perjuicios mediante una demanda administrativa. En ese proceso paralelo, sin embargo, se han topado con lo que entienden como contradicciones e indolencia del Estado.
Una denuncia por intimidación
A las oficinas de la Defensoría, Procuraduría y Fiscalía de Medellín llegó un oficio, el 10 de agosto de 2022, en el que se advierte que el abogado de las víctimas, Anatoly Romaña, denunció irregularidades en una diligencia que ordenó para ese entonces la fiscalía 63 especializada en crimen organizado de Medellín, la misma que ordenó el allanamiento que causó la muerte de Alconides Vallejo y cinco miembros del Clan del Golfo. Romaña contó a este periódico que ese día llegaron a su oficina dos hombres, identificados como investigadores judiciales, a entrevistar a familiares de Alconides.
Según su relato, como el fiscal había ordenado estas entrevistas, las agendó en su oficina. “Un investigador llegó acompañado de otro señor, quien se identificó como investigador de apoyo para el caso. Eso no me generó ninguna sospecha, pero en medio de la entrevista que le estaban haciendo a la señora Amparo Monsalve (viuda de Alconides), ella los identificó. Me dijo que ellos eran los policías que estuvieron en el procedimiento en la vereda”, señala.
De acuerdo con su denuncia, en poder de las autoridades, los uniformados reconocieron que habían estado en el operativo ‘Múcura’ y que no veían problema en ser quienes realizaban la entrevista. Romaña cuenta que los increpó por encargarse de una diligencia judicial de las víctimas sobre un procedimiento en el que participaron; entonces interrumpió la diligencia y los sacó de su oficina.
“Es alarmante que un fiscal mande a la oficina de un abogado a dos agentes de la policía que están siendo investigados por homicidio”, dice su denuncia de entonces. Considera que se trató de una intimidación, por lo que solicitó a las autoridades que investigaran al fiscal que ordenó la diligencia. Ninguna autoridad judicial, hasta ahora, le ha proporcionado la seguridad que pidió para él y sus clientas. Este diario consultó a la Fiscalía por este caso, pero hasta la publicación de este artículo no habían emitido una respuesta.
Para interponer la denuncia, debieron primero intentar una conciliación, mediada por la Procuraduría. En la última y fallida audiencia, el 29 enero de este año, los delegados de la policía aseguraron que no se ha demostrado la responsabilidad de la institución en la muerte de Alconides. “No se evidencia ninguna prueba que permita demostrar que los hechos puedan ser de responsabilidad única y exclusiva de la institución”, se lee en los argumentos del acta.
Para Elizabeth Vallejo no deja de ser contradictorio que la Policía, que alguna vez le reconoció de frente y a los ojos que la muerte de su hermano había sido un “error”, evada ahora su responsabilidad. La institución alega, además, que la familia no ha probado el daño que sufrieron los hijastros, hijos y nietos de crianza de Alconides con su muerte. Y dicen que actuaron cumpliendo una orden de allanamiento que había emitido el fiscal 63 especializado contra organizaciones criminales de Medellín. “Los uniformados estaban en la obligación de repeler el ataque criminal dirigido contra ellos”, dijeron, refiriéndose a la balacera.
El abogado Romaña dice a este diario sobre el proceso que no había voluntad conciliatoria de la Policía. “No hay manera objetiva, más allá de testimonios, de demostrarles el sufrimiento de una familia, como para que ellos aleguen que no hemos acreditado el daño que vivieron ellos con la pérdida. Es un daño inmaterial, el dolor no hay forma de medirlo”.
Tras la conciliación fracasada, la familia demandó al Ministerio de Defensa y a la Policía, por considerar que en el procedimiento se violaron fundamentos básicos del Derecho Internacional Humanitario. La demanda señala que el operativo no aplicó los principios de distinción (separar a los combatientes de los civiles), precaución y proporcionalidad. “Se debió prever que allí habitaban civiles y que además se ejercía una actividad comercial, pues era la tienda de la vereda, por lo que era lógica la presencia de civiles”, se lee en el documento.
De acuerdo con un comunicado de la Policía de 2022, “Múcura” se desarrolló en un territorio con fuerte presencia y control del Clan del Golfo. Por esas tierras, de hecho, se movía con holgura Dairo Antonio Úsuga (Otoniel), quien fue el máximo cabecilla de esa organización criminal y había sido extraditado apenas un mes antes de este operativo, en febrero de 2022. Por entonces, la tensión era muy alta. La gente en el territorio temía que el grupo “cobrara venganza” por su máximo jefe, mientras las autoridades buscaban aprovechar la ausencia de Otoniel para seguir golpeando a los criminales. “Múcura” debía ayudar a ello.
La muerte de Alconides es parte de un problema mucho más grande. El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) reportó que, en Colombia, fueron asesinados 189 líderes y defensores de derechos humanos en 2022. Antioquia puso 20 de esos casos, incluyendo a Alconides. Al momento de su muerte, era el vicepresidente de la Junta de Acción Comunal de La Clarita, donde pasó sus 64 años de vida. Había sido concejal de Vegachí y, según Elizabeth, de sus 15 hermanos era el de las causas justas. “Él decía que al mundo había venido para servir, que el día que le tocara irse, se iría, pero dejando un legado a sus hijos y su comunidad de que tuvieron un líder que valió la pena”.
Más allá de los procesos judiciales y de las más de 500 páginas del expediente por el homicidio de Alconides Vallejo, sus allegados reclaman al Estado un reconocimiento de perdón público por la muerte que resquebrajó a una familia. Elizabeth cuenta que cada 22 de mayo vuelve a reproducirse en su cabeza la película que vivieron por esos días. Explica que su familia ha intentado llevar el dolor de una forma distinta y por eso ninguno de sus hermanos volvió a pisar esa finca desde entonces. Mientras habla, la voz se le vuelve bajita y aguda. Se queda un rato en silencio y susurra que lo que espera es que la justicia haga lo propio. “Al menos que nos den la cara”.
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