La intelectual y doctora en Historia, Alina Bárbara López Hernández, reiteró su postura de no ceder ante el hostigamiento represivo de la policía política cubana, tras cumplirse el plazo previsto por la ley para el pago de una multa por el presunto delito de “desobediencia” que le impusiera el Tribunal Municipal de Matanzas en noviembre pasado.
“Seguridad del Estado, contrario al nombre que tiene, se muestra inseguro. Desde el inicio les expliqué, con lujo de detalles, lo que iba a ocurrir”, comentó al respecto en su muro de Facebook.
“El mayor Alejandro/Antonio, que atiende la estación de la PNR de Playa, en Matanzas, debe recordar nuestra conversación. Allí le adelanté adónde pararía este proceso arbitrario si no desistían en aquel momento, en que aún podían”, comentó.
La politóloga agregó: “No escucharon los consejos y ahora, sencillamente, tienen un gran problema que resolver. Yo me tomo mis riesgos, lo sé. Ahora les corresponde a ellos tomar los suyos”.
Según relató López Hernández, el martes en la mañana tres inspectoras la visitaron en su casa para entregarle “un apremio de cobro. El documento en cuestión se denomina ‘Modelo de acta de insolvencia’. Al leerlo se detecta de inmediato que no se ajusta al caso, pues los datos que recoge no tienen nada que ver con el impago de una multa judicial, sino con una multa administrativa”.
Indicó que no firmó el documento, puesto que ella no es insolvente, “sino que estoy en DESACATO de una sanción arbitraria e ilegítima”.
“En el caso del impago de una multa judicial, la ley es muy clara: corresponde un día de prisión por cada cuota dejada de abonar. Pero cuando no excedan las 300 cuotas, se redondea a seis meses de privación de libertad. No cabe denuncia alguna para comenzar un proceso ante el Tribunal Municipal ni mucho menos, pues yo estoy desacatando una decisión del propio tribunal”, precisó.
“¿Significa ello que yo desee ir a prisión, o que lo merezca? Claro que no, ninguna persona quiere ser privada del bien más sagrado, que es la libertad. Lo que significa es que he dejado muy clara mi postura de desacato. Ahora les corresponde decidir a Seguridad del Estado, que a fin de cuentas ha manejado desde el principio toda la madeja de presiones y contubernios con fiscales y jueces”, alertó.
“Si impera su habitual falta de estrategia y su prepotencia, iré presa sin dudas. Solo pido que avisen cuándo pasarían por mí, para comprar los medicamentos antihipertensivos que necesito para mi plan, y que no vienen desde hace meses a la farmacia”.
“Les garantizo que serán los seis meses más incómodos que pasaremos, y el plural sé que lo entienden muy bien. Mientras tanto, continúo sin servicio de Internet. Y a partir de hoy ni siquiera el pequeño pan de la bodega. Pero esa es una carencia colectiva, una más que se suma al drama de la vida cotidiana en un país que ya está bajo presiones extremas y al cual Seguridad del Estado, y los que manejan la vida política, le quieren añadir más leña al fuego. Cuidado. Podría ser peligroso. Lean El arte de la guerra. Lo necesitan”, finalizó.
Alina Bárbara había apelado la sanción en su contra, pero el Tribunal Provincial de Matanzas desestimó en enero su reclamo. La medida la obliga a pagar una multa de 30 cuotas de 250 pesos cubanos, 7.500 en total, además de la prohibición de salida del país hasta que acredite que abonó el importe.
La intelectual ha sido hostigada y reprimida por manifestarse pacíficamente, en solitario o acompañada por algunos colegas cercanos, cada día 18 en el Parque de la Libertad de Matanzas, exigiendo la constitución de una Asamblea Constituyente en Cuba, entre otras demandas de carácter político.
López Hernández es respaldada por cientos de intelectuales dentro y fuera de Cuba. En diciembre, tras ser presionada por sus miembros, la Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA) condenó “la represión política en Cuba y en particular la ejercida recientemente en contra de la historiadora e intelectual cubana Alina López Hernández”, quien es parte de esa organización.
