Colombia es el país más mortífero de América para los defensores de derechos humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) lo viene alertando desde hace años, y un nuevo informe publicado este martes revela que ese hecho no cambió en 2023. La CIDH verificó 126 asesinatos a defensores de derechos humanos en toda América Latina en 2023, 70 de ellos ocurridos en Colombia; más de 55% de los casos. Brasil quedó en segundo lugar con 21 homicidios. Detrás de los datos, se esconde una razón clara por la que el país andino es tan letal para los defensores: la coca.
Los cuatro departamentos más violentos para los defensores de derechos humanos (El Cauca, Putumayo, Nariño y el Valle del Cauca) están ubicados en el suroccidente, donde la convivencia entre el cultivo de la coca, el narcotráfico y los grupos armados ha resultado en años de conflictos sanguinarios que controlan las vidas de la población civil. El otro departamento que aparece en el top cinco, Arauca, se ubica en la frontera con Venezuela, y ha sido conocido desde hace años como un puerto terrestre para la exportación de toneladas de cocaína al país vecino. Estos son los tres departamentos más letales para los defensores de derechos humanos:
El Cauca
El Cauca sufrió en 2023 la mayor cantidad de asesinatos de defensores de derechos humanos: 16. Uno de los departamentos donde más coca y marihuana se cultiva, su población sufre casi diariamente los choques entre los dos principales grupos armados del país, el ELN y el EMC, más específicamente las columnas disidentes Jaime Martínez y Dagoberto Ramos. El informe destaca que en 2023 en América Latina, “como en años anteriores, esta violencia estuvo particularmente dirigida a quienes defienden el medio ambiente y el territorio y personas con liderazgos indígenas y afrodescendientes”. Las comunidades indígenas del Cauca y Putumayo son particularmente afectadas.
El investigador Juan Manuel Torres, coordinador de la oficina del Pacífico de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), explicó a este diario en diciembre que la dinámica de violencia en el Cauca responde a años de disputas entre grupos ilegales y que ha involucrado a la población indigena. “La mayoría de los integrantes de la columna Dagoberto Ramos del EMC está integrada por indígenas nasa, que se han distanciado del movimiento indígena. Hay zonas que han parido hijos para la guerra por mucho tiempo. Es difícil determinar los motivos de ese ensañamiento diferentes a la lucha por el control territorial. Otros buscan reclutar, desconociendo las autoridades indígenas, mientras organizan el negocio de la marihuana en la zona”, explicó.
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Solo en diciembre cinco defensores de derechos humanos fueron asesinados en el Cauca, según la CIDH. Entre ellos estaban el líder indígena Eliécer Puyo Chocué, asesinado en Caldono; el líder social John Freiman Ramos Ocaña, en Santander; el líder campesino Carlos Arturo Quijano Velasco, en Silvia; el líder indígena Marino Paví Julicue, en Toribío; y el líder campesino Robert Fernández, en Cajibío.
Putumayo
Justo al sur del Cauca, pegado a la frontera con Ecuador y a la vasta Amazonía, está el segundo departamento más violento para los defensores de derechos humanos: Putumayo. Allí, pese a un cese al fuego bilateral firmado entre EMC y el Gobierno en diciembre de 2022, el Frente Carolina Ramírez empezó el 2023 continuando con los reclutamientos forzados, las “limpiezas sociales” de delincuentes y los enfrentamientos por los que se ha hecho conocido ―y temido― en la zona. Una de las regiones más empobrecidas y abandonadas por el Estado, nueve defensores fueron asesinados en Putumayo el año pasado.
El representante Andrés Cancimance, del gobiernista Pacto Histórico, explicó a este diario en mayo que tienen confinadas a las comunidades ―muchas de ellas indígenas― los choques entre el Frente Carolina Ramírez y los Comandos de la Frontera, otro grupo de disidentes de las antiguas FARC que opera en la zona fronteriza entre Colombia y Ecuador. La violencia está tan arraigada en el Putumayo que estos grupos armados buscan reclutar incluso a niños de 10 años. De los nueve defensores de derechos humanos que fueron asesinados en Putumayo en 2023, a cinco se les arrebataron la vida en Puerto Asís, la ciudad más grande y comercial del departamento, con una población de unos 64.000 habitantes.
Nariño
Nariño es el tercer departamento más mortífero para los defensores de derechos humanos. En 2023 sufrió 8 asesinatos de miembros de esa comunidad. Atrapado entre el Océano pacífico al occidente, Ecuador al sur, Putumayo al oriente y el Cauca al norte, Nariño es en el departamento con más cultivos de coca: 59.746 hectáreas, según el informe de 2022 del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de Naciones Unidas (Simci).
Detrás de esas 60.000 hectáreas de cultivos han llegado numerosos grupos armados a la zona que, como es de costumbre, se pelean por el control territorial. Entre ellos están varios frentes de la EMC, la Segunda Marquetalia y el propio ELN. Y no le han tenido piedad a la población civil. Según datos del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), en el primer semestre de 2023 aumentaron los desplazamientos individuales en Nariño en un 33%, con 4.788 víctimas, y los masivos en un 17%, hasta llegar a 16.137 afectados.
Además, los casos de impacto por artefactos explosivos como minas antipersonales cobraron la vida de 55 víctimas en esos seis meses. El CICR también documentó 44 casos de desapariciones entre enero y septiembre. La violencia escaló tanto que en agosto el entonces gobernador, Jhon Rojas, emitió un comunicado por la crisis en el departamento. “Consideramos que la crisis humanitaria y el recrudecimiento del conflicto en Nariño es muy grave”, se lee en el documento.
Colombia ha sido un país peligrosos para los defensores de derechos humanos durante décadas. Desde que se firmó el acuerdo de paz con las antigua FARC en 2016, eso no ha cambiado. Según Indepaz, entre el 24 de noviembre de 2016 y el 23 de noviembre de 2023, fueron asesinados en Colombia 1.270 personas defensoras de los derechos humanos, entre ellos líderes sociales, como representantes de grupos campesinos e indígenas. En 2022, la CIDH publicó una cifra de 126. El año pasado, bajó a 70. Sin embargo, sigue siendo de lejos el país de la región con más asesinatos de miembros de esa comunidad.
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