Colombia y una guerra advertida contra los indígenas

Buenos días, lectores:

‌“El Estado Mayor Central de las Farc (EMC) le declaró la guerra a la Guardia indígena. ¿y las autoridades?”. La frase del analista barranquillero Luis Fernando Trejos resume lo que estalló en el departamento del Cauca esta semana, pero que viene ocurriendo desde hace meses con esa guerrilla que, paradójicamente, está en un proceso de paz con el Gobierno de Gustavo Petro.

‌Este sábado, integrantes de la columna Dagoberto Ramos del EMC dispararon a la comunidad indígena que los increpó por reclutar a un menor. La respuesta de los guerrilleros ocasionó la muerte de la lideresa Carmelina Yule y de otros dos comuneros que llevaban el bastón de mando que utiliza la guardia indígena. El hecho, difundido ampliamente en X, generó una vehemente reacción del mandatario, que admitió lo que múltiples voces habían advertido hace meses: que el EMC usaba el proceso de paz para fortalecerse militarmente. Acto seguido suspendió el cese bilateral del fuego en las regiones de Cauca, Nariño y Valle del Cauca, que se había pactado con ese grupo no sin múltiples intentos y traspiés.

‌Las advertencias siempre estuvieron ahí. Desde el anuncio de los acercamientos del Gobierno con las disidencias de Iván Mordisco, analistas y expertos en negociaciones de paz y hasta funcionarios del Gobierno han manifestado sus reservas por los riesgos de retomar diálogos con un grupo armado que desistió del acuerdo de paz de 2016, un enjambre heterogéneo de subgrupos (algunos se habían negado de plano al proceso de La Habana; otros, después de creer en él, se rearmaron). Se advirtió también que, al darles entidad política y concederles el nombre de Estado Mayor Central, como ellos querían, se les ayudaba a reorganizarse y, como reconoce ahora el presidente, a fortalecerse.

‌El de Toribío es solo el último hecho. En distintas regiones del país se han denunciado actos de control territorial como la construcción de puentes, escuelas, carnetización de los pobladores, así como reclutamiento de menores de edad y coacción en distintas formas, que los expertos llaman gobernanza armada. Sin embargo, la situación del Cauca ha sido la más delicada: el año pasado un frente de esas disidencias explotó una bomba que dejó 5 heridos en Jamundí, al sur del vecino departamento de Valle del Cauca, y sus integrantes se han paseado por algunos pueblos con fusiles al hombro.

‌El viernes pasado, luego de un viaje de 10 días por el país, Francisco Calí Tzay, Relator Especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, dijo que la situación de los indígenas por el conflicto armado es alarmante. Puso un ejemplo aterrador, aunque no precisó qué grupo armado fue el causante: “una comunidad indígena fue obligada a ver cómo uno de sus ancianos fue sometido a abuso sexual en su lugar sagrado por alrededor de 30 o 40 combatientes, como un arma de guerra y una forma de humillación”, aseguró el relator.

‌De acuerdo con ese informe, la propuesta de paz total de Petro no ha generado un alivio para los indígenas, muchos de los cuales lo apoyaron. “La mayoría de las personas indígenas con las que conversé mostraron frustración ante las dificultades para participar eficazmente e incidir en las nuevas negociaciones de paz que el Gobierno está impulsando”, agregó Calí, quien recordó que los armados siguen reclutando menores, justamente el motivo por el que la comunidad Nasa se enfrentó al EMC el sábado y recibió como respuesta tres asesinatos.

‌No es la primera vez que Petro suspende el cese al fuego con el EMC. En 2023 el detonante fue, también, un execrable ataque contra indígenas: la masacre de cuatro menores de edad que habían sido reclutados en Putumayo. En ese momento, Petro dijo: “Si el cese al fuego bilateral no es efectivo en determinados territorios para proteger la vida y la integridad de toda la población, no tiene sentido persistir en ello”. Sin embargo, volvió a intentarlo. Ahora los disidentes de la guerrilla atacan a la población civil incluso durante el funeral de la lideresa Carmelina Yule.

‌El mandatario lo dice ahora más claro: “¿Se puede hacer un cese al fuego, en donde se le dice al Estado a través de sus fuerzas armadas, ‘no disparen’, pero los otros triplican el traqueteo y se llenan las bodegas de cocaína para comprar más fusiles y reclutar más menores? Ese no es el negocio, el que haga eso es un pendejo”.

‌La pregunta es si esta guerra contra los indígenas lo hará replantear la negociación con este grupo y más ampliamente su propuesta de paz total, entre otras cosas porque, tal como indica en su último informe la organización Conflict Responses, “no está claro qué busca el ‘EMC’ con su proceso de negociación”. Este grupo, dice el documento, no busca curules en el Congreso, como las extintas FARC, ni está de acuerdo con la idea de firmar un solo acuerdo final que se implemente una vez firmado. Tampoco quiere un modelo de dejación de armas como el de la antigua guerrilla, ni están a favor de una negociación fuera del país.

‌Hasta ahora, dice Conflict Responses, “han podido seguir fortaleciéndose en lo político, económico y militar durante el Gobierno de Petro y en el escenario de que el proceso se acabe (en este o el siguiente gobierno), saldrán más fuertes”.

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