El caso del canciller (e) Luis Gilberto Murillo que sacó a relucir exsecretario general de Cancillería: continúa polémica

El enfrenamiento mediático entre el canciller (e) Luis Gilberto Murillo y el ex secretario general de esta dependencia, José Antonio Salazar, por la adjudicación del contrato por cerca de $599.000 millones para la expedición de pasaportes, a la firma Thomas Greg & Sons sigue generando toda clase de comentarios en las redes sociales. Sobre todo, tras el más reciente pronunciamiento del exfuncionario, que buscó descalificar el pronunciamiento del titular de la cartera.

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De acuerdo con Salazar, los comentarios de Murillo en lo que respecta a que no tenía las facultades para tomar la determinación de entregar el multimillonario contrato a la referida firma, que durante los últimos 15 años ha tenido el control de la impresión y distribución de este documento, carecen a su juicio de validez, pues no tiene la formación en derecho que se requiere en este tipo de funciones; pese a que fue el ministro interino el que le devolvió la competencia.

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“El ministro encargado Luis Gilberto Murillo no es abogado, es ingeniero de Minas”, señaló el exfuncionario, en respuesta a lo manifestado por el canciller (e): el mismo que con la resolución ministerial 1344 del 22 de febrero de 2024 le entregó la posibilidad legal al secretario general para tomar decisiones, facultad que aprovechó en menos de tres días, pues con tres resoluciones de su parte, las 1394, 1395 y 1396, cerró el proceso licitatorio y declaró como ganador a Thomas.

Acto seguido, los señalamientos del ex secretario general de la Cancillería hicieron referencia a los mismos que salieron a relucir durante la campaña a la presidencia en 2022, cuando Murillo fue fórmula vicepresidencial del candidato Sergio Fajardo Valderrama, en representación de la coalición Centro Esperanza. Que el funcionario estaba inhabilitado para ocupar cualquier cargo público, debido a que había sido condenado por delitos contra la administración pública en Chocó.

Todo se remonta a cuando el también embajador de Colombia en Estados Unidos fue director en 1994 de la Corporación para el Desarrollo del Chocó (Codechocó) y destinó $5 millones de la época para la reparación de una escuela. Aunque en las elecciones regionales de 1997 fue elegido como nuevo gobernador del departamento, fue declarado culpable del delito de peculado por destinación oficial diferente y conminado a pagar seis meses de prisión.

Además, fue destituido por el Consejo de Estado en enero de 1999, por presuntas irregularidades en las actas, en la que se certificó posteriormente la victoria de su contendor, Juan Hinestroza. Murillo volvió a participar en los comicios de octubre de 2011, en el que resultó otra vez elegido, para el periodo 2012-2015, pero su escogencia fue nula, debido a que, en ese entonces, el punible por el que fue condenado daba mérito para inhabilidad vitalicia en la función pública.

“Está inhabilitado para el ejercicio del cargo público porque, de acuerdo con el artículo 122 de la Constitución nacional, el funcionario público que ha sido condenado por delitos contra el patrimonio público queda inhabilitado para ejercer cargos públicos”, alegó el exsecretario general, en relación con el proceso que se abrió contra Murillo, con lo que salió en su defensa. Un caso que ya había tenido en la mira al exgobernador y hoy ministro (e) de Gustavo Petro.

Tras los argumentos de Salazar, uno de los que se pronunció en sus redes sociales para desmentir al exfuncionario de la Cancillería fue el abogado penalista Iván Cancino, que en su cuenta de X (antes Twitter) dio argumentos sólidos de por qué el embajador y canciller encargado no estaba inhabilitado para ocupar el cargo. Palabras más, palabras menos, la modificación del Código Penal Colombiano hizo que el delito endilgado hoy no exista.

“El señor @LuisGMurillo no tiene ninguna condena ni pendiente ni cumplida. El delito achacado desapareció del Código Penal y por favorabilidad, es como si jamás hubiera existido. Puede ocupar cargos públicos, no tiene esa inhabilidad y no se puede jugar así con su presunción de inocencia y honorabilidad”, indicó Cancino, en un mensaje que tuvo amplia repercusión en las redes sociales, entre los que defienden las actuaciones del jefe de la cartera.

De hecho, en la página web de la Procuraduría General de la Nación, en la consulta de antecedentes disciplinarios —documento indispensable para cualquier designación en el organigrama del Estado— Murillo no aparece con procesos pendientes, de acuerdo a la consulta que hizo Infobae Colombia. Es decir, que sobre él no pesa ningún tipo de inhabilidad para ocupar cargos públicos; contrario a lo manifestado por el exsecretario Salazar.