(Washington, Estados Unidos) Integrantes del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de El Salvador viajaron a Washington esta semana para reunirse con el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) y entregarle en mano una carta en la que se le pide que la entidad despliegue una misión de observación en las elecciones del próximo domingo 3 de marzo de 2024.
Este es el primer paso para que la observación se concrete, dado que luego la OEA deberá negociar con la cancillería de ese país un acuerdo de inmunidad para los observadores y las reglas de cómo actuará la organización para garantizar el trabajo en el terreno.
El gesto es una demostración de que el presidente Nayib Bukele permitirá una Misión de Observación Electoral (MOE) de la OEA, algo de lo que hasta el momento había duda en la comunidad internacional en Washington. Pero una presencia de observadores internacionales puede aportarle cierta legitimidad a una elección que ya se anuncia controvertida.
Es que Bukele anunció que irá por la reelección el año próximo en El Salvador pese a que la Constitución establece una prohibición para que un presidente continúe en el cargo más de un período. El artículo 154 dice: “El período presidencial será de cinco años y comenzará y terminará el día primero de junio, sin que la persona que haya ejercido la Presidencia pueda continuar en sus funciones ni un día más”.
Para permitir la reelección, el presidente logró que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia reinterpretara la Carta Magna en septiembre de 2021, permitiendo la reelección por un período pese a lo que dice el texto de la Constitución. Los magistrados que emitieron ese fallo habían sido nombrados por Bukele en mayo de 2021, luego que el oficialismo obtuviera una super mayoría parlamentaria y destituyera de a los magistrados que estaban en sus cargos.
El presidente salvadoreño goza de una gran popularidad en el país y nadie duda que ganará las elecciones en caso de presentarse. Luego de la reinterpretación por parte de la Sala Constitucional, la reducida oposición y algunos actores de la comunidad internacional denunciaron que este paso es uno más en un camino hacia el autoritarismo que transita Bukele.
Esta movida internacional de El Salvador se da la semana después que el TSE del país rechazara un recurso presentado por un grupo de abogados que pedía al organismo encargado de organizar las elecciones que declarara inadmisible el fallo de la Sala Constitucional del 2021.
El principal argumento utilizado en público por algunos magistrados del TSE previo a la resolución de la semana pasada fue que ellos no se pueden oponer al fallo de la Corte. La teoría esgrimida por Dora Martínez, la presidenta del TSE que este jueves se reunió con Almagro, es que las resoluciones de la Sala Constitucional tienen el valor de “textos de la Constitución” y que si no se cumplen “traen consecuencias jurídicas y penales”, según dijo en Pulso Ciudadano.
El magistrado del TSE Noel Orellana dijo en Telecorporación Salvadoreña algo similar: “A las resoluciones emanadas de un tribunal superior, en este caso de la Sala de lo Constitucional, estoy obligado a darles cumplimiento. En esos términos se va a presentar la solicitud de inscripción del ciudadano presidente. Estoy en la obligación de darle cumplimiento a una sentencia emanada por la Sala de lo Constitucional. La sentencia le ordena al Tribunal Supremo Electoral, no dice que el Tribunal valorará”. Orellana también estuvo en la reunión con Almagro de este jueves.
Un grupo de ex presidentes de España y América Latina planteó el año pasado un pedido a la OEA para que intervenga ante las intenciones reeleccionistas de Bukele.
En una carta, 21 ex jefes de Estado, mucho de ellos integrantes del grupo IDEA, consideraron como “una alteración del orden constitucional” que afecta “gravemente” a la democracia salvadoreña las intenciones del mandatario de ir a la reelección. Además incluyó un pedido a Almagro para que realice un “análisis urgente” de la situación, disponiendo de los recursos necesarios, para “promover la normalización de la institucionalidad democrática”.
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La firmaron entre otros el argentino Mauricio Macri, los mexicanos Vicente Fox y Felipe Calderón, el español José María Aznar, los costarricenses Óscar Arias y y Luis Guillermo Solis, el colombiano César Gabiria y los uruguayos Julio María Sanguinetti y Luis Alberto Lacalle.
La relación entre Almagro y Bukele pasó por momentos de tensión. “Si el presidente Bukele actúa incorrectamente en los próximos tiempos, agarraría para el camino donde ya están Venezuela, Cuba, Nicaragua, Bolivia”, dijo el secretario general de la OEA en un foro en Miami en mayo de 2021, cuando el oficialismo tomó control del Congreso y cooptó el Poder Judicial con magistrados afines.
“El punto es que la democracia, cuando se ejerce con determinada mayoría -la mayoría de un tercio- no implica que debe haber cooptación de poderes, implica que debe respetarse la independencia de poderes”, dijo Almagro.
Otro episodio de tensión se dio en junio de ese mismo año, cuando Almagro ofreció un contrato honorario como asesor al ex alcalde opositor, Ernesto Muyshondt. Bukele reaccionó con dureza, señalando que esa contratación le daría “impunidad” a un ex funcionario salvadoreño que estaba siendo investigado por la justicia de su país.
Tomando eso como excusa, Bukele anunció que su país se retiraría de la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES). “Es un despropósito completo que estemos tratando de combatir la impunidad con precisamente las personas que están promoviendo la impunidad en El Salvador”, dijo Bukele en esa oportunidad.
Almagro rechazó esa versión. Dijo que antes de ofrecerle el puesto a Muyshondt se le comunicó la decisión a la Cancillería de El Salvador, que no emitió reparos. Agregó que ese contrato con Muyshondt nunca se firmó y que era falso que asumir ese rol le hubiese dado inmunidad al ex alcalde.
“Muyshondt no tuvo, no tiene y no tendrá contrato en la Organización. La Secretaría General no desea que esto se utilice como excusa para la salida de la CICIES del país”, dijo Almagro. “Rechazamos completamente la argumentación formulada y nos consideramos en el deber de hacer públicas nuestras diferencias con el Gobierno de El Salvador respecto a la CICIES. Diferencias éstas que estaban en conocimiento de donantes y del propio Gobierno de El Salvador, a quienes se les había manifestado que hacían imposible la continuación de los trabajos de la Comisión”, agregó en un comunicado.
Luego de esos momentos de tensión pasaron dos años y Almagro y Bukele no han tenido más enfrentamientos públicos.
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