El que era hasta el viernes el director general de la Policía de Investigaciones, PDI, Sergio Muñoz Yáñez, este martes ha quedado en prisión preventiva, luego de la formalización que ha hecho la Fiscalía por el delito de violación de secreto, por las reiteradas filtraciones de información reservada al abogado Luis Hermosilla, un penalista influyente chileno. Lo pidió ante el tribunal tanto el Ministerio Público como el Consejo de Defensa del Estado (CDE), el órgano que asume la defensa de los entes públicos del país sudamericano. Mientras, que su defensa, representada por Juan Carlos Manríquez, había apelado al arresto domiciliario. En la audiencia, que se ha realizado este martes en el Centro de Justicia de Santiago, la Fiscalía ha realizado un detallado relato sobre las filtraciones realizadas por Muñoz a Hermosilla que se comenzaron a producir prácticamente desde que asumió el máximo cargo de la policía civil, el 10 de junio de 2021, sobre diversas causas de alta connotación pública.
Para la jueza, “la prisión preventiva resulta indispensable para el éxito de la investigación que recién comienza”.
El abogado del CDE, Daniel Martorell, habló directamente de “corrupción”. Felipe Sepúlveda, el fiscal jefe de Las Condes, agregó: “Ha defraudado la confianza que ha puesto el sistema sobre él”. Antes, los fiscales Lorena Parra y Francisco Lanas detallaron una a una las filtraciones y aseguraron ante el tribunal que, por ejemplo, Muñoz realizó revelaciones “con fotografías de distintos requerimientos” al abogado Hermosilla, asesor del Ministerio del Interior en el segundo Gobierno de Sebastián Piñera (2018-2022), aunque con inmejorable llegada a diferentes sectores políticos. Entre los oficios enviados habían documentos relacionados a la polémica compraventa de la minera Dominga, que implicaba directamente a Piñera. “Estimado Luis, te comento que tengo un requerimiento en el caso proyecto de minera Dominga, debiendo requerir la entrega voluntaria de las escrituras de constitución y modificaciones”, leyó Lanas.
Muñoz entregó a Hermosilla información sobre su antecesor, Héctor Espinosa, formalizado por lavado de activos el 2021 y cuya hoja de vida desapareció extrañamente y nunca fue entregada a los fiscales que investigaban la causa. Hermosilla era el abogado defensor. La Fiscalía detalló que “el señor Muñoz declaró ayer [lunes] en la Fiscalía. Él reconoce haber mandado esta información al señor Hermosilla, pero, básicamente señala que lo hace con el afán de proteger el prestigio de la institución, en el caso de Héctor Espinoza, el prestigio de Policía e Investigaciones. Y en el caso de las otras causas, por tratarse de figuras connotadas y que él debía estar en conocimiento de estas noticias, de estos antecedentes de causas relevantes”. La fiscal Parra agregó que la indagatoria apunta a que las revelaciones “buscan un fin distinto” y que “existen antecedentes suficientes para dar por acreditados delitos reiterados”.
Las otras causas sobre las que se filtró información son relativas a los líos de dinero en el municipio de Vitacura, el casino Enjoy y las indagatorias contra Felipe Guevara.
El abogado defensor del expolicía negó que hubiera una “obediencia perruna” de Muñoz a Hermosilla, como se aseguró en el transcurso de la audiencia. Incluso, detalló que se conocieron en 2020 por medio de Espinosa –su antecesor– en algún evento social, pero que recién en 2021 cuando asumió la dirección general retomaron el contacto. Sobre la hoja de vida desaparecida de su antecesor, el abogado Juan Carlos Manríquez dijo que estaba perdida cuando llegó al cargo.
Manríquez, a su vez, aseguró que el viernes su defendido tuvo tres reuniones en La Moneda y nadie del Gobierno le pidió la renuncia y que solo en el tercero de esos encuentros, con el presidente Boric, fue Muñoz el que presentó su decisión de salida.
El delito de infracción al artículo 31 de la ley 19.913 tiene penas que comienzan en 541 días y pueden terminar en cinco años de penas de cárcel. Mientras, la infracción al artículo 246 del Código Penal contiene una figura agravada, por lo que la pena puede ser reclusión mayor en cualquiera de sus grados. Por esta figura, explicó ante el tribunal José Antonio Villalobos, abogado y exfiscal, Muñoz podría cumplir una pena superior a los cinco años, si la justicia entiende que incurrió en un grave daño para la causa pública. Para el tribunal, sin embargo, no solo se debe poner atención a la pena, sino a la naturaleza y forma de comisión de los delitos.
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