Estados Unidos busca dar un golpe sobre el tablero y zanjar el conflicto que el Gobierno mexicano mantiene desde hace años con la minera estadounidense Vulcan Materials por 2.000 hectáreas de piedra caliza en Quintana Roo. A dos años de que la Administración de López Obrador cerrara las operaciones de la compañía en el país, un grupo de senadores estadounidenses han enviado una carta a la secretaria de Exteriores, Alicia Bárcena, asegurando que si el Ejecutivo sigue sin permitir las actividades de la firma redoblarán su defensa: “Vulcan ha enfrentado persistentes amenazas y hostigamiento por parte del Gobierno de México, incluyendo una segunda invasión militar y ocupación de la propiedad de la empresa en marzo de 2023, así como una declaración pública del presidente López Obrador amenazando con convertir la propiedad en un área natural protegida. Estas acciones injustificadas y sin precedentes han perjudicado el desarrollo de infraestructura en México y Estados Unidos. Si los terrenos y el puerto de Vulcan son confiscados, nos veremos obligados a considerar todos los recursos disponibles a nuestra disposición para garantizar que ninguna entidad o individuo se beneficie del robo de esta propiedad”, refiere el escrito.
En un nuevo capítulo del desencuentro entre Vulcan Materials y el Gobierno de López Obrador, la carta, firmada por los senadores estadounidenses Tommy Tuberville, Katie Boyd Britt, Bill Hagerty y Tim Kaine, exhorta a la Administración federal a que revoque las medidas adoptadas contra Vulcan Materials y trabaje a favor de una solución beneficiosa para todas las partes implicadas
Desde hace décadas, la minera estadounidense tiene la concesión sobre una extensa cantera de tierras calizas, sin embargo, esta zona está en un impasse desde 2018, año en que la compañía demandó al Estado mexicano por supuestos cambios legislativos que derivaron en pérdidas en su perjuicio. Ahora, la firma exige a México una indemnización de 1.500 millones de dólares. En un intento por destrabar el litigio internacional, el año pasado el Gobierno federal propuso el año pasado la compra de los terrenos a la minera en 8.000 millones de pesos. La propuesta el Ejecutivo, no obstante, fue acompañada con la advertencia de que si declinaban la oferta se tomarían otras acciones legales para hacerse de los predios: “Nosotros no vamos a dejar este asunto en suspenso, antes de irnos vamos a tomar una decisión completamente legal”, declaró en ese entonces.
A menos de cinco meses de que concluya esta Administración, la pugna entre la minera estadounidense y el Ejecutivo está en un callejón sin salida. La empresa, lejos de aceptar la compraventa de los terrenos, mantiene el arbitraje internación contra la Administración Federal, argumentado que se han violentado sus derechos en el marco del Tratado de Libre Comercio, ahora TMEC. Fuentes allegadas al proceso han confirmado a EL PAÍS que las negociaciones están estacadas debido a que el Gobierno no ha cambiado su postura sobre convertir los yacimientos en área natural protegida ni tampoco han modificado el monto de la oferta de compra, una cifra que no parece adecuada para la contraparte.
Vulcan mantiene desde los ochenta la concesión de tierras calizas, insumo para la construcción, en una zona selvática del Estado de Quinta Roo. Entremedias, la firma comenzó hace seis años un litigio contra el Estado mexicano por el pago de una supuesta indemnización por más de 1.500 millones de dólares. El Gobierno de López Obrador busca zanjar de una vez por todas esta batalla legal, ya sea mediante la compraventa de los terrenos o mediante el citado decreto presidencial, con el que impediría a la firma la extracción de los minerales. El objetivo de la Administración, si consigue hacerse de los terrenos, es convertirlos en un centro recreativo.
El trasfondo del conflicto es una demanda que Vulcan emitió en contra del Estado mexicano en 2018. Vulcan, a través de su subsidiaria Calica, alega que la Administración anterior clausuró parte de sus operaciones para cumplir con nuevas normas ambientales y esta decisión les generó pérdidas significativas. La minera exige en un panel internacional una indemnización millonaria bajo el amparo del TLCAN, ahora TMEC, una serie de peticiones que, hasta el momento, el presidente López Obrador no parece tomar en cuenta. La misiva de los legisladores de EE UU antes de que concluya este Gobierno supone un nuevo intento, con amago incluido, por dar por terminada esta pugna.
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