El 14 de noviembre de 2023 debutaba en Chile el Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), una unidad impulsada por el Gobierno del presidente Gabriel Boric, e integrada por el Ministerio Público, como respuesta a la crisis de seguridad. A la cabeza, como coordinador en la Región Metropolitana de Santiago, fue nombrado Héctor Barros, de 55 años, un experimentado fiscal con más de 20 de carrera que a mediados de la década del 2000 resolvió una serie de secuestros con extorsión, en ese tiempo inéditos, cometidos entre delincuentes chilenos, y que también desbarató a los clanes narco Los Cara de Jarro, Los Cara de Pelota y Los Gaete. Cuando se estrenaba el flamante grupo, Barros explicó en una entrevista la tarea que venía por delante: “Lo que queremos levantar ahora no es solo un homicidio o un secuestro en particular, sino que develar la organización criminal que está detrás”.
De eso han transcurrido más de tres meses. Y también al menos media docena de secuestros en Santiago, la mayoría extorsivos y perpetrados por bandas transnacionales. En enero, por ejemplo, el equipo de Barros encontró dos casas de torturas, en el municipio de Maipú, donde miembros del Tren de Aragua mantenían cautivos a ciudadanos colombianos. Sin embargo, la madrugada del pasado miércoles 21 llegó al ECOH una alerta que, a primera vista, pudo ser un caso más de los que han ocurrido desde 2022, la mayoría con víctimas extranjeras, pero que se ha transformado en un puzzle: el secuestro del exmilitar venezolano Ronald Leandro Ojeda Moreno, de 32 años, quien fue sacado desde su departamento en el piso 14 del edificio donde vivía, en la comuna de Independencia en Santiago, a las 3.15 de la madrugada. De acuerdo con los vídeos de la cámara de la conserjería, cuatro sujetos con las caras tapadas y con falsos uniformes de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) se lo llevaron, descalzo, maniatado y solo con su ropa interior. En el estacionamiento se ve un automóvil gris con baliza y, a siete días de ocurrido el hecho, no hay noticias de su paradero.
Oficialmente, el Gobierno de Boric, a través del subsecretario del Interior Manuel Monsalve, sólo se ha pronunciado dos veces sobre el caso de Ojeda, el miércoles y el jueves de la semana pasada. Primero para contar que se emitió una alerta a Interpol y se reforzaron las fronteras y luego para dar cuenta que presentó una querella. Por su sigilo, el Ejecutivo ha recibido presión de la oposición, que pide respuestas e información, además de citar a la ministra del Interior, Carolina Tohá. Recién este martes Tohá ha dicho a Tele13 Radio que “el hecho de que no se sepa nada, no quiere decir que no pase nada”. Y destacó que “hay avances” que considera “significativos”. Pero, agregó: “Creo que no hay que calificarlos demasiado. Hay que dejar a la fiscalía trabajar”. Y destacó que la indagatoria ha sido declarada secreta.
Ojeda llegó a Chile en 2018 y, según dijo su madre Omaira Moreno en una declaración pública a través de un vídeo el lunes, es asilado político. Por su perfil, opositor a Nicolás Maduro y expulsado del Ejército de su país. Su desaparición ha dado pie a una serie de hipótesis, ninguna descartada ni confirmada por las autoridades chilenas. De hecho, a una semana de la desaparición, el fiscal Barros no se ha referido al caso. Pero los investigadores indagan al menos cuatro teorías: la posible intervención internacional; un eventual secuestro extorsivo (pese a la falta de comunicación de los captores), un secuestro ligado a alguna banda o hasta un autosecuestro.
Quien primero apuntó a una operación orquestada por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) de Venezuela fue el excomisario venezolano Iván Simonovis, hoy opositor, a través de su cuenta de la red social X. El miércoles 21, fue el primero en publicar su nombre.
De los Cara de Jarro al Tren de Aragua
Hasta ahora, el caso de Ojeda ha sido distinto a los secuestros que ha indagado el ECOH que coordina Barros, quien además es el fiscal regional de la zona metropolitana sur de Santiago, un sector donde, hasta antes de la irrupción de la nueva delincuencia transnacional, concentraba los delitos más violentos de la ciudad. A diferencia de los demás raptos, en los que en la mayoría de las situaciones las víctimas son subidas a la fuerza a un vehículo en la calle y luego se pide un rescate o hay comunicación de los captores, en el del ciudadano venezolano no ha habido, en siete días, ningún tipo de contacto. Por ello, ha sido catalogado como de alta complejidad.
Los secuestros extorsivos experimentaron un alza en Santiago hace dos años: en 2021 hubo 26; en 2022, 46 y en 2023, 56, según la PDI. Entre los registrados, es primera vez que los captores van vestidos de policías. Aunque no es la primera en que bandas criminales se visten de detectives o carabineros, pero para cometer asaltos.
Barros entró al Ministerio Público en 2001, primero a La Serena, una ciudad de la zona centro norte de Chile. A la Fiscalía Metropolitana Sur llegó en 2004. Primero se especializó en robos. Luego lideró la primera fiscalía especializada en antinarcóticos y crimen organizado que se impulsó en Chile. En ese tiempo, el termino crimen organizado era considerado una rareza en el país sudamericano, por lo que hoy se les señala como pioneros en levantar un equipo con ese perfil.
Fue precisamente en esa fiscalía donde se investigaron, entre 2005 y 2006, una serie de secuestros extorsivos que eran inéditos en Chile en esa época. Tras la indagatoria de Barros se despejó de que se perpetraban entre grupos de delincuentes. Así fue como cayó la banda de Danilo Mancilla, condenado en 2008 a 22 años de cárcel. Tras este caso, durante más una década este tipo de delitos prácticamente desapareció, pero fue una alerta de lo que podría venir en adelante. Por ello, en ese tiempo, Hector Barros viajó a capacitaciones a Honduras y El Salvador, y también asistió a un curso sobre secuestros y negociación de rehenes en 2005 al FBI.
Barros y su equipo también lideraron las indagatorias de los entonces tres principales clanes de traficantes de la zona sur de Santiago: Los Cara de Jarro, cuyas ganancias el fiscal calculó en 2012 como “cercana al millón de dólares”; Los Cara de Pelota y Los Gaete. A esta última organización se le incautaron en ese tiempo 280 millones de pesos chilenos en efectivo (unos 285.000 dólares) ocultos en sacos de patatas en la casa de su pareja.
Uno de los últimos casos resueltos por Barros fue en noviembre de 2023. Se trató del secuestro, en abril y por cuatro días, del líder de una banda de motochorros venezolanos que robaba teléfonos móviles en la zona oriente de Santiago. Por su liberación se pagaron 120.000 dólares que fueron entregados, según estableció el Ministerio Público, en Venezuela. Todavía se indaga la forma en que se concretó el pago.
Secuestros con este modus operandi, en los que también han sido víctimas pequeños comerciantes que no tienen ninguna relación con bandas de la delincuencia organizada, son los que han encabezado las indagatorias de fiscalía en los últimos dos años. Por ello es que el caso del exteniente Ojeda es considerado hasta ahora como inusual.
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