El chavismo estrecha el cerco contra María Corina Machado cuando faltan poco más de cuatro meses para las elecciones del 28 de julio. El servicio de inteligencia de Gobierno de Nicolás Maduro, el Sebin, ha detenido este miércoles a Henri Alviárez, cercano colaborador de la aspirante presidencial y número dos de su partido, Vente Venezuela, y a Dignora Hernández, secretaria general de la organización. Las autoridades también han emitido órdenes de captura contra siete destacados integrantes de su equipo. En un video grabado a plena luz del día se oyen los gritos de una mujer pidiendo auxilio. La están metiendo a trompicones en una camioneta. La grabación, que ha corrido como la pólvora por las redes sociales, es la última muestra de la embestida del aparato gubernamental contra la oposición.
Los miembros del equipo son Oswaldo Bracho, Omar González Moreno, Humberto Villalobos, Fernando Martínez Mottola y Magalli Meda, quien figuraba como una candidata alternativa ante la inhabilitación que pesa sobre Machado. Pedro Urruchurtu su asistente personal, y a Claudia Macero, encargada de las comunicaciones, ya habían sido señalados semanas antes como parte de las investigaciones por una supuesta conspiración golpista con las que el chavismo ha iniciado una nueva ola represiva. Seis jefes de campaña regionales de la candidata ya están en la cárcel.
El Ministerio Público vincula a Hernández y Alviárez a supuestos planes desestabilizadores a través de “ataques simultáneos” a instalaciones militares y acciones callejeras. El fantasma del complot es la bandera con la que Maduro se ha quitado encima la disidencia a su Gobierno. Las operaciones policiales y del servicio de inteligencia han dejado un extenso expediente de detenciones arbitrarias, desapariciones y arrestos por motivaciones políticas documentados en informes de las Naciones Unidas y por los cuales la Corte Penal Internacional investiga la comisión de crímenes de lesa humanidad en el país.
Entre 2019 y 2022, el entorno de Juan Guaidó, entonces líder de la oposición, fue blanco del mismo tipo de persecución. Después de una aparente disposición a la negociación tras acuerdos con Estados Unidos que llevaron a flexibilizar sanciones petroleras a cambios de algunas concesiones y garantías democráticas, Maduro se ha atrincherado nuevamente para allanarse el camino con vistas a las elecciones. El pasado sábado, fue sido ungido por su partido como candidato, pese a que tiene los peores niveles de popularidad, y ha endurecido la embestida contra su adversaria, escogida en primarias en octubre pasado, con más de dos millones de votos y una movilización que descolocó al chavismo, según datos de la oposición.
Este año 2024 inició con la denuncia de cinco supuestas conspiraciones para asesinar a Maduro, que la justicia ha empleado para perseguir a miembros de partidos políticos, periodistas y defensores de derechos humanos como la abogada Rocío San Miguel, que lleva casi dos meses en prisión sin que haya podido recibir la asistencia de sus abogados.
Los primeros meses del año han representado un pico en la represión de los últimos años a la que se suman la aprobación de marcos legislativos como la ley contra el odio, tras la cual se ha detenido a personas por simplemente expresar críticas al Gobierno en redes sociales, y la ley para fiscalizar el trabajo de las ONG, que han asumido la asistencia a la población en medio de la crisis humanitaria y la defensa de víctimas de violaciones de derechos humanos.
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