En los cinco años y medio que llevaba liderando la Universidad del Rosario, Alejandro Cheyne nunca había vivido un momento de tanta presión. Acostumbrado a lidiar con los afanes naturales de su trabajo, en el que no estaba exento de críticas, las pugnas de poder se limitaban a los pasillos y consejos académicos. Sin embargo, recientemente se convirtió en el protagonista de una pérdida de legitimidad sin precedentes en los casi cuatro siglos de historia de la institución. El economista de 55 años era rector de su alma mater desde 2018 y fue reelegido en 2022, pero su segundo periodo quedará incompleto después de que la consiliatura —un cuerpo que cumple las funciones de una junta directiva— lo cesara de sus funciones este jueves. Su salida marca el fin de un periodo traumático, agudizado en las últimas semanas por la unión de diferentes fuerzas que le exigían su renuncia y el inicio de discusiones alrededor de posibles reformas al modelo de gobernanza universitaria, una característica neurálgica en la identidad institucional.
Son tres las razones de la expulsión de Cheyne de la rectoría: los cuestionamientos sobre el estado financiero de la universidad, la salida de varios profesores y su estrecha relación con los colegiales, un grupo de 15 estudiantes encargado de elegir al rector. A cada reparo, Cheyne daba un parte de tranquilidad y hacía un llamado a la calma. El descontento parecía controlado. De puertas para afuera no se identificaban razones para preocuparse. En medios de comunicación, el rector solía aparecer promocionando la inauguración de nuevos programas —incluyendo la carrera de E-sports management, pionera en Colombia y una de las primeras en el mundo— o la adquisición de edificios para albergar nuevos alumnos.
La primera grieta apareció en junio del año pasado. Una carta firmada por más de 80 estudiantes y egresados le reprochaba los despidos injustificados de Stanislao Maldonado y Santiago Sautua, docentes e investigadores de la Facultad de Economía. La misiva también sembraba dudas sobre la idoneidad del decano Miguel Gómez, nombrado por Cheyne en enero de 2023, a quien acusaba de tomar “decisiones que han sido contradictorias con la construcción de calidad académica”. La discordia fue cubierta por emisoras, periódicos y noticieros, que dejaron registro del primer episodio de la ruptura entre la comunidad rosarista y su rector. La ola continuó en los siguientes semestres y llegó a su cresta este abril, atrayendo una atención mediática inusual para una universidad privada que se precia de su tradición de moverse siempre dentro de parámetros institucionales.
La primera semana del mes vino con la noticia de la remoción de dos de los profesores de mayor producción académica de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos (FEIPU). Arlene Tickner y Alejandro Feged fueron notificados a través de correo electrónico sobre el cese de sus funciones, sin mayor explicación. Ambos optaron por la prudencia ante la determinación, pero sus colegas y alumnos protestaron. La desazón se esparció a otras facultades y aparecieron cartas abiertas en redes sociales pidiendo respuestas sobre los recortes de personal que igualmente sufrían. A la par, tras meses de silencio, se conoció que los salarios de la planta docente no habían sido actualizados al comienzo del año con el índice de precios del consumidor y que el presupuesto destinado para programas de internacionalización e investigación estaba congelado.
Para Silvia Otero, profesora de FEIPU, la reducción de gastos fue tan grande que afectó otras iniciativas que habían demostrado un impacto positivo. “La universidad hizo una apuesta muy chévere para apoyar a los estudiantes en temas de salud mental, pero no se le pudo dar continuidad. Eso duró muy poquito tiempo. ¿Qué justificación dieron para cesar el pago de esa póliza? Recortes, recortes de gastos, recortes a diestra y siniestra. Todo lo que es susceptible de ser recortado se recortará, y lo que no es susceptible, también”.
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Anteriormente, se convocaban reuniones entre los funcionarios administrativos y los profesores para discutir los balances financieros, pero este año no se llevaron a cabo. Ante eso, un grupo de académicos de la Facultad de Economía socializó un documento en el que analizaban los números de la universidad. En cuatro páginas examinaban los índices de liquidez y endeudamiento, la capacidad de pago de los intereses y el comportamiento de las inversiones, entre las que destacan la compra y construcción de instalaciones. Las conclusiones dejaron mal parado al rector. “La administración de la universidad decidió sustituir capital humano por capital físico, y emprendió un proceso de despidos continuos de personal académico y administrativo y de austeridad hacia abajo en otro tipo de gastos. Con esta mirada cortoplacista del problema se han debilitado las comunidades académicas de la universidad y puesto en riesgo el futuro académico de la institución”, dice el informe.
Al agitado ambiente se sumaron las reprobaciones por la relación que Cheyne mantenía con algunos colegiales. Fotografías del rector con algunos de estos estudiantes en actividades ajenas a los espacios académicos empezaron a circular en redes y generaron molestia. Los hechos abrieron una discusión que podría afectar una característica central de la identidad universitaria.
Para las distintas generaciones de rosaristas es motivo de orgullo que su universidad, desde su fundación en 1653, permita a los estudiantes elegir su gobierno. Eso es parcialmente cierto. El gobierno universitario se compone de tres instituciones: colegiales —los estatutos estipulan que son solo 15 estudiantes “caracterizados por sus méritos académicos, altas calidades morales y excelente conducta”—, consiliarios y rector. La elección de cada uno de estos estamentos depende de los otros dos. El diseño gubernamental se puede prestar para el pago de favores, que fue una de las críticas que formularon contra Cheyne. Un reporte de W Radio reveló cómo, luego de su primera elección en 2018, ubicó en posiciones de alto nivel a algunos colegiales que votaron a favor suyo, a pesar de no contar con la experiencia académica ni laboral.
Al enterarse, miembros de la comunidad se volcaron a pronunciarse en redes sociales. Lo que antes eran solicitudes que abogaban por mayor transparencia, se transformaron en la exigencia de que el rector renunciara. Profesores y egresados de la Facultad de Jurisprudencia, quizá la más emblemática de la universidad, redactaron un comunicado que reunía más de 800 firmas. El Colegio de Abogados Rosaristas hizo lo propio. Se crearon grupos de WhatsApp que pronto colapsaron, superando el número máximo de miembros permitido por la plataforma.
La respuesta institucional sólo agravó el malestar. Los decanos de algunas facultades —entre los que no estaban la de Jurisprudencia ni la de Ciencias Humanas, que renunció ante la coyuntura— compartieron un mensaje de respaldo a Cheyne. “Frente a la campaña mediática que desde hace unas semanas busca afectar el prestigio de la universidad, extendemos nuestro decidido apoyo a la rectoría y sus instancias de gobierno en su misión educativa”. El rector realizó una ronda de medios. “La universidad no se encuentra en este momento en riesgo financiero”, señaló a El Tiempo. Y a Caracol Radio le aseguró que “en ningún momento” había contemplado la posibilidad de dejar su puesto.
Sus palabras llevaron a que más personas se unieran a los grupos que reclamaban su salida, incluyendo personalidades de la vida pública nacional. El abogado Jaime Lombana, catedrático de derecho penal de la universidad y mediático litigante, calificó la actitud de Cheyne como “impresentable”. Juan Daniel Oviedo, exdirector del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y concejal de Bogotá, le pidió públicamente al rector que pensara “en el bien común” y permitiera “una transición urgente de gobierno”.
Este miércoles, cientos de estudiantes y profesores se congregaron en el claustro de la universidad, alrededor de la estatua de Fray Cristóbal Torres, su fundador. Algunos, con lágrimas en los ojos, leyeron cartas de sus respectivas facultades. Todos coincidían en que la salida del rector era necesaria. Varios permanecían escépticos. No obstante, solo un par de horas más tarde, los exrectores Guillermo Salah, Rafael Riveros, Hans Peter Knudsen, María del Rosario Guerra y José Manuel Restrepo se reunieron con Cheyne y le manifestaron su deseo de que diera un paso al costado para “recuperar la confianza”. Así lo comunicaron en una carta pública. El golpe a la legitimidad de Cheyne fue contundente.
Al mediodía de este jueves, en medio de una incertidumbre expectante, los consiliarios decidieron cesar de sus funciones a Cheyne. EL PAÍS contactó al ahora exrector, así como a distintos decanos que le expresaron su apoyo, pero no obtuvo respuesta. Su partida deja satisfecha a buena parte de la comunidad académica y sirve para bajar la tensión. Sin embargo, no está claro si se trata de una solución definitiva. Las mayorías que antes estaban de acuerdo ahora entrarán en un proceso de deliberación sobre el futuro de la universidad. Y ese puede ser un camino lento y espinoso.
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