La Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional de la Junta de Extremadura ha mostrado su “descontento” por la “falta de consenso” en la propuesta del Gobierno central, “al margen” de las comunidades autónomas, para financiar la implantación de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU).
La consejería extremeña formaba parte de la comisión de trabajo compuesta por seis comunidades autónomas, la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) y sindicatos, creada a propuesta del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, con la finalidad de consensuar aspectos “esenciales” relativos a la implantación de esta ley.
La citada comisión presentó el 4 de marzo una propuesta que trasladó al ministerio para su estudio. Sin embargo, antes de ofrecer una respuesta, el Gobierno Central trasladó en una reunión con la Junta Rectora de la CRUE su decisión de sufragar dos terceras partes del coste de las contrataciones de profesores ayudantes doctores necesarias para adecuar las plantillas a las nuevas dedicaciones docentes de la LOSU, explica en nota de prensa el Ejecutivo regional.
La consejera lamenta que esta decisión haya sido adoptada “al margen” de las comunidades autónomas y sus consecuencias, ya que la aplicación de esta ley supondrá un “sobrecoste” para la Universidad de Extremadura que “no debe ser asumido mayoritariamente por la comunidad autónoma”.
Así, la Junta apunta que la UEx necesita 69 plazas de profesores ayudantes doctores, lo que supone un sobrecoste de 2,5 millones de euros al año, y recuerda que hay que tener en cuenta que el ministerio “sólo pretende cubrir una parte del coste del contrato temporal durante seis años de los profesores ayudantes doctores, con lo que da por hecho que la estabilización de ese personal correrá a cargo de las comunidades autónomas”.
El ministerio pretende, además, que a partir de ese plazo sean las comunidades las que financien la “totalidad” del coste de esos contrato, añade el Ejecutivo regional.
Por todo ello, la Junta muestra su “disconformidad” con las medidas “unilaterales” adoptadas por el Gobierno, después de que ya se hayan celebrado tres sesiones del grupo de trabajo, en las que se ha analizado por primera vez el impacto real de la LOSU y se ha llegado a “algunos acuerdos”, entre los que figura el “retraso” de la entrada en vigor de algunos aspectos de la LOSU.
