El pasado agrícola del municipio de Padre Hurtado, en el surponiente de la Región Metropolitana de Santiago, queda al descubierto por la cantidad de canales de riego que atraviesan la zona rural. Ahora ya casi no se ven hortalizas o frutales en los predios, pero el agua encauzada sigue su curso por el territorio habitado por unas 80.000 personas. A primera hora de la mañana del pasado martes una vecina de la Villa Los Maitenes divisó unos objetos en el canal de regadío Santa Cruz, al costado de su casa, que llamaron su atención. Parecían restos humanos. Llamó a la seguridad municipal y estos, junto a las policías, confirmaron que se trataba de un antebrazo y una mano. Un par de semanas atrás, encontraron una pierna en otro canal de la comuna. Los escandalosos hechos que se acumulan en la otrora comuna tranquila a las afueras de la capital impulsaron al alcalde socialista Felipe Muñoz a sumarse a sus colegas que le han pedido al Gobierno de izquierdas de Gabriel Boric que envíe militares a sus zonas para apoyar la labor de Carabineros.
Padre Hurtado, que debe su nombre al primer santo católico chileno después de que creara un centro de espiritualidad en un terreno regalado por el latifundista y productor de leche Alberto Tagle Ruiz, es un municipio que tiene apenas 30 años. Los vecinos mayores recuerdan su infancia y juventud jugando entre el polvo en los veranos y en el barro los inviernos. Era un pueblo donde se conocían entre todos. Ahora, con una población que se ha duplicado en 20 años, está convertida en una “comuna dormitorio”. Sin industria, los habitantes se trasladan a trabajar principalmente a los populares municipios con los que colinda: Maipú, el segundo más poblado de Chile, y Cerrillos, que cuenta con un cordón industrial. A sus casas llegan solo a dormir.
Tres años atrás se instaló la primera sucursal bancaria y acaba de llegar una línea del Transantiago, el sistema de transporte público capitalino. Lo más grave para muchos es que todavía no cuentan con una comisaría de Carabineros. Solo existe una subcomisaría, con 35 agentes que se dividen en tres turnos al día. Esta es la gran cruzada del alcalde Muñoz, de 37 años, que atiende este jueves a EL PAÍS en el terreno dispuesto para el anhelado cuartel policial. Explica que una década atrás el panorama comunal comenzó a cambiar con la llegada del narcotráfico y puntos de ventas en poblaciones conflictivas.
“Hoy es fácil para el delincuente, el narcotraficante, decir me voy a ir a Padre Hurtado: hay poco policía, no se hace inversión por parte del Estado en materia de seguridad, es extensa, tengo donde escaparme, hay villas donde puedo hacer lo que quiero, puedo tenerlos a todos atemorizados, porque en definitiva no hay presencia policial”, plantea el alcalde. En la comuna hay 0,4 agentes de carabineros por cada 1.000 habitantes. La media nacional es de 2,5.
Además, después de la pandemia los proyectos de viviendas sociales han recibido a habitantes que no eran del municipio. El sector donde quiere que se construya la comisaría, “donde hay situaciones de inseguridad bastante importantes”, está formado por villas de casas de bajo coste, subsidiadas, donde viven 700 familias. Solo el 10% de las ayudas fueron a dar a los locales. El grueso proviene de campamentos ilegales y hay chilenos y extranjeros. Para los vecinos nacidos y criados en el municipio, el punto de inflexión fueron las revueltas de 2019. Desde entonces, nada volvió a ser como antes. Rosa Martinez, de 58 años, atiende un puesto de comida en la conocida como Plaza de Armas desde hace dos décadas. “Antes del estallido cerrábamos a las dos de la madrugada. Ahora a las 21.00 horas porque ya no hay nadie circulando en la calle”, comenta. Un exmilitar retirado de 67 años agrega que por la noche se camina con miedo, porque “uno ya no sabe con qué se va a encontrar”. “Te pueden asaltar con un cuchillo o un arma”, apunta.
Los homicidios han experimentado un alza del 30% en un año en Chile, se ha incrementado el uso de armas de fuego para cometerlos y la cantidad de imputados desconocidos en los asesinatos. Esta nueva criminalidad ha expandido sus tentáculos fuera de las metrópolis. La primera gran alarma en Padre Hurtado resonó en todo el país. El pasado octubre mataron a quemarropa a plena luz del día a Sabrina Durán Montero, líder narco e influencer en Tiktok. Los disparos al mediodía ocurrieron a 100 metros de dos colegios. A finales del año pasado asesinaron a un niño de cinco años por un presunto asunto de cuentas entre narcotraficantes en la Villa Las Aralias.
“No tenemos como otras comunas zonas donde el narco se ha tomado villas completas y donde no pueden entrar las policías. Sí hay lugares que tienen más incidencia de delitos y de denuncias por tráfico de droga y fuegos artificiales en los sectores periféricos. Un carro de la policía que sale de la subcomisaría tarda 15 minutos en llegar a Las Aralias. Desde aquí, donde queremos que esté la comisaría, son tres minutos”, apunta Muñoz.
Los vecinos que habitan las zonas rurales (el 70% del municipio) le han contado al alcalde que les han llegado a comprar 10 hectáreas de terreno en efectivo. “Los soldados se están instalando en los barrios y quizá los jefes están comprando parcelas, arrancando de los operativos que se hacen en Maipú, Santiago, Providencia, donde hay más presencia policial. ¿Y qué es lo más cercano y tranquilo? Padre Hurtado”, lamenta el alcalde. Junto a otros líderes municipales ha liderado las peticiones para que la Administración de Boric envíe militares a su territorio. Sobre si le conflictúa ser socialista para realizar la petición, responde: “Si seguimos con las mezquindades políticas basadas en la ideología, no vamos a avanzar. Soy un socialista que creció en democracia. (…) Hoy hay que pensar en cómo dejamos de lado toda esa historia pasada y nos ponemos a pensar cómo mejoramos la calidad de vida de nuestras personas”.
Los militares no tienen facultades para ejercer roles de seguridad urbana. “Pero hay militares que han ido a hacer misiones de paz donde los preparan para hacer el trabajo de orden público y seguridad”, plantea Muñoz. “Pedimos que colaboren con las policías. No que vengan los militares con sus tanquetas, tiren a todos al suelo y empiecen a revisar a la gente o hagan allanamientos. Los delitos se cometen en vehículos que no tienen la documentación al día. Cuando los realizan extranjeros, generalmente no cuentan con documentación. ¿Cómo podrían ayudar los militares? Haciendo controles de identidad y vehiculares, lo que permitiría que se minimizara la comisión de delitos”, añade.
Otro problema que tiene Padre Hurtado es que las acciones contra la delincuencia de sus vecinos como Maipú o Cerrillos, repercuten directamente en la dinámica comunal. La feria libre del municipio rural, por ejemplo, se llenó de vendedores ambulantes cuando los sacaron de la Plaza Maipú, relata. Y el reciente desalojo de un barrial ilegal que se realizó esta semana en ese mismo municipio de Maipú, teme que derive en que se trasladen a su zona. “Hay movilidad del delincuente. Mientras más presencia policial hay en un sitio, se van al de al lado. Son como las palomas. No se puede remover a una comunidad si hay un plan para que se instalen”, sostiene. Le gustaría que el Estado se hiciera presente, pero hasta ahora sostiene que eso no ha ocurrido.
Para Muñoz, el Gobierno de Boric debería poner el foco en respuestas “más concretas que en los diagnósticos, que ya están hechos”. Sobre la treintena de leyes de seguridad que se han aprobado, el alcalde se pregunta cómo la gente normal, de un municipio pequeño como el suyo, puede ver los aportes de esas nuevas normativas. “La gente no tiene miedo a los números”, dice, sino a que lleguen las maras salvadoreñas, a que maten a una joven a plena luz del día, a que asesinen a un niño de cinco años y a que aparezcan restos humanos en los canales de riego.
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