(Washington, Estados Unidos) La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA condenó este jueves el asesinato de dos periodistas guatemaltecos y reclamó que la Justicia de ese país aclare el homicidio y condene a los responsables.
Los periodistas guatemaltecos Edin Alonso y Hugo Gutiérrez fueron asesinados el 11 de agosto en el departamento de Retalhuleu, al suroeste del país. Fueron atacados por desconocidos que se movilizaban en una motocicleta, después de que realizaran la cobertura de un presunto caso de feminicidio en la zona, ubicada a unos 200 kilómetros de la Ciudad de Guatemala.
Alonso y Gutiérrez fueron acribillados con armas de fuego.
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Alonso era el administrador de la página de Facebook “Noticias Caballo Blanco”, dedicada a informar a los pobladores de asuntos de interés general en su comunidad, principalmente hechos policiales. Junto con Gutiérrez realizaban la cobertura de un presunto caso de femicidio en la zona.
Este crimen es el tercer asesinato de periodistas registrado este año en Guatemala por la Relatoría, tras el homicidio de Eduardo Mendizábal en el mes de marzo, también acribillado por desconocidos.
Guatemala es uno de los países más violentos del continente. Durante 2022 los homicidios crecieron 4,5% respecto a 2021, según cifras oficiales. El año pasado fueron asesinadas 4.263 personas en el país. Se estima que al menos el 90% de los homicidios quedan impunes.
La relatoría para la libertad de expresión de la OEA instó en el comunicado de este jueves al Estado de Guatemala a investigar los hechos de forma completa, efectiva e imparcial, así como a juzgar y castigar a los responsables. Señaló que es el Estado quien tiene el deber de prevenir, proteger y sancionar penalmente los crímenes contra periodistas.
En una respuesta a la relatoría, el gobierno de Guatemala informó que la Fiscalía de Distrito de Retalhuleu se encuentra investigando el doble homicidio de Alonso y Gutiérrez, y que se han implementado medidas para la protección de comunicadores, como una fiscalía especializada.
La Relatoría recalcó que la violencia contra la prensa, especialmente los asesinatos, constituyen una de las formas más extremas de censura, no sólo por atentar contra la vida de las víctimas, sino por el efecto amedrentador que genera en el resto de los trabajadores de los medios.
“La Relatoría reitera que la violencia contra periodistas –y en particular los asesinatos– representa una de las formas más extremas de censura, no sólo por atentar contra la vida e integridad de la víctima, sino porque estos crímenes tienen un efecto pluri-ofensivo, es decir, afecta a varios bienes jurídicamente protegidos”, dice el comunicado.
Para el organismo, cuando sucede un episodio como este no solo se ven afectados los derechos de la víctima, sino que también se produce un “efecto inhibidor” en los comunicadores de la misma zona, región o país. Por último también se afecta “el derecho a la libertad de expresión en su dimensión colectiva, en tanto se priva a la sociedad en su conjunto a estar informada”, asegura la Relatoría. Eso lleva, asegura el comunicado, a que también se afecte el debate democrático, “ya que se restringe o suprime el debate libre y abierto que presupone una democracia sana y robusta”.
La Relatoría manifestó que los Estados tienen la obligación de prevenir y sancionar los crímenes contra periodistas, dada la relevancia de su labor para la consolidación democrática. En ese sentido, demandó al país centroamericano redoblar esfuerzos para evitar nuevos ataques y esclarecer este crimen conforme a los estándares internacionales.
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