El drama de los desaparecidos en México trasciende ya a la tragedia original y se desenvuelve en diferentes capas de horror, ninguna nueva de puertas para adentro. Este miércoles, familiares de personas desaparecidas de varias regiones del país, caso de Sinaloa o Guanajuato, han comparecido en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, para alumbrar una de las capas recientes, consecuencia de las más antiguas: las represalias que sufren por buscar a los suyos.
Es un dolor sin fin. En el marco de la guerra contra el crimen organizado, periodo que abarca al menos los últimos 17 años, las personas desaparecidas se cuentan por decenas de miles en México. Además del reclamo obvio de que esta situación, la desaparición constante de personas, se mantenga en el tiempo, las familias de los ausentes exigen condiciones para la búsqueda, petición que ilumina, en realidad, otra omisión gubernamental: su incapacidad para buscarlos y encontrarlos. Eso, en el mejor de los casos.
No es seguro buscar a los desaparecidos. Raymundo Sandoval, de la Plataforma por la Justicia y por la Paz en Guanajuato, ha informado a la CIDH que “las amenazas y los desplazamientos forzados son muchas veces consecuencias de las búsquedas”. Sandoval ha recordado que, desde 2010, al menos 20 buscadores y buscadoras han sido asesinadas en el país, la mayoría durante la administración actual, que preside Andrés Manuel López Obrador. Después de la audiencia, las organizaciones y colectivos de familiares de personas desaparecidas que comparecieron ante la CIDH, han corregido al alza la cifra. Son en realidad 22.
Alejandra Martínez, hermana de Ismael Martínez, desaparecido el 12 de julio de 2020, en Sinaloa, ha recordado el caso de una colega de su colectivo, Rosario Lilián. La mujer buscaba a su hijo Fernando, desaparecido en La Cruz, Sinaloa, en 2019. Fue asesinada en 2022. “Rosario organizó una misa por el día internacional de las víctimas de desaparición. Saliendo, un grupo del crimen organizado se la llevó. Fue localizada tirada en un camino, a medianoche”, ha recordado Martínez. “Su cuerpo fue envuelto en la lona que llevaba la foto de su hijo. La mataron a golpes y le pasaron una camioneta por encima. La fiscal nos dijo que había personas detenidas, pero un periodista corroboró que no había nadie detenido. Luego, la fiscal negó habernos dicho que había detenidos”, ha añadido.
Martínez ha explicado que, antes de su asesinato, la mujer había recibido amenazas de todo tipo. También había sufrido atentados. “Meses antes, le rociaron su casa con gasolina y le prendieron fuego mientras ella estaba dentro. Lo apagó. Luego, le robaron su camioneta. Nunca denuncio los hechos, pero se lo hizo saber a la titular de la subsecretaria de Derechos Humanos del Gobierno de Sinaloa y a nosotras”, ha detallado la mujer. “No denunció porque pensaba que la fiscalía podía estar involucrada. En una búsqueda, un mes antes de su asesinato, llegó una patrulla de la policía municipal, con un civil. Ese civil le habló a Rosario y le dijo, ‘¡qué chingados quieres!’, y le advirtió que dejara de buscar. Ella repetía que solo quería saber dónde estaba su hijo”, ha insistido.
El testimonio de Martínez, los sufrimientos de Lilián, son una ventana a los males que aquejan al país en materia de desaparición de personas. No es solo que grupos criminales desaparezcan a miles, maten a muchas, y escondan sus restos en fosas, o los deshagan. Es que el Estado no ha desarrollado capacidades para contener esta situación y liderar la búsqueda de los desaparecidos. Más aún, en muchas ocasiones se convierte en un obstáculo, cuando no, directamente, en agente revictimizante. Martínez ha contado su caso: “Fuimos extorsionados por agentes de la Fiscalía, que usaron los datos que les dimos cuando hicimos la denuncia, para escribirnos diciendo que tenían a mi hermano. Hoy, están procesados por eso”.
Bibiana Mendoza, cuyo hermano desapareció en Irapuato, Guanajuato en 2018, insistía en los daños del proceso de búsqueda. Lejos de inaugurar la reparación, se convierte en un castigo paralelo. “Cuando realizamos las búsquedas, muchas veces lo hacemos en territorios controlados por grupos delincuenciales que opera con autorización y apoyo de agentes del Estado. Es necesario quitar al crimen el poder que tiene sobre nuestras comunidades, autoridades, y sobre el cuerpo armado mexicano”, ha dicho.
La presidenta de la audiencia, Andrea Pochak, relatora especial de la CIDH para México, ha calificado de intolerable el hecho de que “salir a buscar a seres queridos implique poner en riesgo la propia vida”. Pochak ha lanzado igualmente un dardo al Gobierno de López Obrador. Aunque ha celebrado “las medidas institucionales para enfrenar el problema, las distintas leyes sobre desaparición y búsqueda, los mecanismos de protección y atención a víctimas”, ha lamentado los “serios retrocesos en esta institucionalidad, la falta de implementación de las leyes, la falta de recursos en los mecanismos y falta de articulación entre agencias del estado”.
Esto último apuntaba al desmantelamiento del aparato de defensa y promoción de los derechos humanos del Gobierno de López Obrador, sobre todo en materia de búsqueda de desaparecidos e identificación forense. Hace unas semanas, México conocía, por ejemplo, el práctico abandono del Centro Nacional de Identificación Humana, ideado precisamente para mejorar las capacidades de identificación de restos humanos hallados en fosas estos años, o escondidos por negligencia o incapacidad, en fosas comunes. A la vez, las purgas al interior de la Comisión Nacional de la Búsqueda han acabado con la lógica implementada en los primeros años de la administración, centrada en mapear y entender la magnitud del problema.
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