Sergio Muñoz, quien hasta el pasado viernes se desempeñaba como jefe de la Policía de Investigaciones (PDI) en Chile, será formalizado este martes por delitos de violación de secreto. La Fiscalía lo acusa por la entrega de información confidencial sobre cinco causas reservadas al influyente abogado Luis Hermosilla, otrora defensor de Héctor Espinosa, jefe de la PDI entre 2015 y 2021, en una trama por corrupción con fondos reservados. Hermosilla tiene lazos importantes con diferentes sectores políticos: en el segundo Gobierno de Sebastián Piñera (2018-2022) fue asesor del ministerio del Interior, liderado por su histórico amigo Andrés Chadwick. El abogado tiene lazos, a su vez, con el oficialismo: hasta que estalló el escándalo de los audios en que Hermosilla habla de pagar coimas a funcionarios públicos, era el defensor de Miguel Crispi, el jefe de asesores del presidente Gabriel Boric, en el marco del caso Convenios.
El policía Muñoz renunció a su cargo luego de que le allanaran su casa y oficina por orden de la Fiscalía Oriente y luego de que se conociera que el Consejo de Defensa del Estado, que resguarda los intereses de Chile, se querellaría en su contra. Luego de su salida, el medio Ciper Chile publicó extractos de 510 mensajes de Whatsapp entre Muñoz y Hermosilla, donde el entonces líder de la PDI le enviaba antecedentes reservados sobre cinco casos de alta connotación pública. Uno de ellos sobre la investigación en contra del entonces presidente Sebastián Piñera, que fue en su momento imputado por soborno, cohecho y delitos tributarios por la compraventa de la minera Dominga.
Precisamente fue Piñera, fallecido en febrero, quien en su segunda Administración nombró a Muñoz en reemplazo de Espinosa. A los pocos días de asumir el cargo como máximo responsable de la PDI, en junio de 2021, Hermosilla le envió un WhatsApp a Muñoz que decía: “Un abrazo de felicitaciones!! Me alegro mucho. Misión cumplida!”, según Ciper.
Las filtraciones se produjeron entre junio de 2021 y junio de 2022, y la mayoría de ellas –informa el medio de comunicación– eran sobre autoridades cercanas al Gobierno de Piñera.
Compraventa de la minera Dominga
Muñoz le envió a Hermosilla documentos reservados sobre la causa de la compraventa de la minera Dominga. Era una transacción que complicaba al entonces presidente Piñera porque la mayor parte de ese negocio se finiquitó en una jurisdicción off shore. El pago de la tercera cuota de la transacción quedó supeditado a que el Gobierno chileno, presidido entonces por Piñera, no declarase reserva natural la zona de Dominga, en la costa centro norte del país. Como la declaración de protección ambiental no llegó, la cuota se pagó a finales de 2011, tal cual estaba establecido entre las partes.
En 2021, Muñoz le mandó a Hermosilla un requerimiento de información que había recibido la Unidad de Anticorrupción de la PDI relacionada con la indagatoria. También lo alertó de la solicitud de contactar varias sociedades para que voluntariamente entregaran información contractual, contable y extracontable, que dieran cuenta de la supuesta compra del proyecto minero Dominga en 2010. Hermosilla respondió: “Es un tremendo problema”.
Causa contra Espinosa
Héctor Espinosa lideró la PDI hasta 2021 y está involucrado en una causa por malversación de caudales públicos, falsificación de instrumento público y lavado de dinero. Y su representante legal es Hermosilla. Muñoz le envió al abogado varios documentos reservados, como la solicitud del fiscal a cargo de la investigación sobre los detalles de emisión y cobro de cheques bajo el liderazgo de Espinosa y los nombres de todos los funcionarios que pasaron por el Gabinete de la dirección general de la PDI entre 2015 y 2018.
El caso Enjoy que salpicó a Piñera
Muñoz avisó a Hermosilla sobre quién sería citado a declarar a la Brigada Anticorrupción en el denominado Caso Enjoy, relacionado con el decreto 77, que permitió a la Superintendencia de Juegos prorrogar los plazos para ejecutar nuevas obras de algunos casinos. Piñera, que en su calidad de empresario tenía “intereses económicos particulares en el funcionamiento de Enjoy”, firmó el decreto 77 cuando era presidente, por lo que fue investigado. La Fiscalía indagó la existencia de una posible intervención de La Moneda en la autorización que le otorgó la Superintendencia de Casinos a Enjoy para que renovara unas boletas de garantía, lo que le supuso una tanque de oxigeno a la empresa. La Contraloría finalmente descartó que existiera conflictos de interés o infracciones por parte del entonces mandatario chileno, ya que se trató de operaciones financieras a través de sus fideicomisos ciegos.
Posible corrupción en Vitacura
Muñoz también compartió información reservada sobre la causa que afecta a Raúl Torrealba, alcalde de derecha del municipio de Vitacura durante seis períodos y hoy imputado por los delitos de fraude al fisco, asociación ilícita y lavado de activos durante su administración. El 12 de noviembre de 2021, el jefe de la PDI le envió a Hermosilla una fotografía de un esquema del caso de corrupción en el municipio más rico de Chile, donde aparecía el eventual papel que desempeñó Felipe Guevara, político del partido de derecha Renovación Nacional (RN).
El exintendente Felipe Guevara
A los pocos días de compartir de la imagen del esquema de Vitacura, Muñoz envió información “solo para conocimiento” a Hermosilla sobre la causa abierta contra el exalcalde de Lo Barnechea y exintendente de Santiago, Felipe Guevara, de RN, por el delito de negociación incompatible. “La investigación tiene como imputado al exintendente Luis Felipe Guevara por la adjudicación de un proyecto deportivo en la comuna de La Granja a una UTP [asociación esencialmente transitoria] encabezada por su hermano Matías Guevara Stephens, que se financió con fondos IND [Fondo Nacional para el Fomento del Deporte], FNDR [Fondo Nacional de Desarrollo Regional] y MUNICIPALES”.
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