Doce mil ochocientos veinte. El número que ha provocado uno de los debates más intensos del fútbol chileno en las últimas décadas, tras el fallo de primera instancia de los tribunales deportivos que aplicaron prohibición de ingreso a todos quienes ingresaron a la galería norte del Estadio Monumental la tarde del 11 de febrero para presenciar la Supercopa entre Colo Colo y Huachipato.
Los incidentes -ya narrados en estas páginas- culminaron con la vandalización del estadio, y motivaron una profunda reflexión, al considerarse que la hinchada de Colo Colo perjudicaba a toda la industria y a otros clubes al provocar el endurecimiento de la autoridad para la realización de espectáculos deportivos.
“Es un hecho que ha quedado sin sanción y que nos perjudica abiertamente”, señaló el empresario Jorge Segovia, propietario de la Unión Española, club que debió recibir sin público visitante a Colo Colo unos días después del escándalo. Y aceleró el proceso del “reconocimiento facial” como requisito para adquirir los tickets, lo que para muchos es una nueva cesión de derechos individuales que deben otorgar los hinchas normales por culpa de las barras bravas.
Ahora el argumento de que “pagan justos por pecadores” es precisamente el que ha esgrimido la dirigencia de Colo Colo para criticar la medida, anunciar una apelación a los tribunales deportivos y estudiar un recurso de protección ante la justicia ordinaria. “Han sido incapaces de individualizar a los violentistas y optaron por sancionar a la bandada”, reclaman desde la concesionaria, sin aportar alternativas de sanción para una hinchada que ha provocado desmanes en el reciente duelo por Copa Libertadores disputado ante Godoy Cruz en Mendoza, incluyendo los delitos de robo, violación y daños materiales.
“Pagan justos por pecadores”, debiera ser la etiqueta para calificar lo que ha acontecido en el fútbol chileno en los últimos años. La violencia, provocada mayoritariamente por las tres barras bracas de los clubes más populares del país, afectó a todos los aficionados, que comenzaron a perder paulatinamente libertades y derechos en los ingresos. Ahuyentaron a las familias, deterioraron la experiencia estadio, dañaron severamente las finanzas de los clubes de provincia y se extrapoló a los negocios aledaños o a los de la vera de los caminos.
Negándose sistemáticamente a aplicar sanciones deportivas, los clubes redactaron un reglamento que sanciona por aforos. Durante mucho tiempo se ha jugado con gradas vacías por decisión de la propia industria, que aceptó bajar los aforos por sugerencia de la autoridad policial para facilitar el control de los violentistas, lo que no ha ocurrido. Ahora, con la sentencia ya anunciada, es el club afectado el que ha puesto el grito en el cielo y levantó la tesis de “los justos por pecadores”, sin siquiera mirar de reojo su pasado.
Las 12.280 personas individualizadas en el listado del fallo no podrán pasar los controles en los próximos cinco partidos como local, pero, revisado su historial, es probable que recurran a la misma violencia condenada para intentar quebrar la sentencia. Pero el debate seguirá, con una teoría que Colo Colo, La Universidad de Chile y la Universidad Católica ya adoptaron como bandera. Los tribunales los perjudican. Pero no aportan alternativas para que los justos que reciben el castigo por los pecadores sientan que se hace una mínima justicia.
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