Qué es el doxing, la violencia digital contra las candidatas Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez



El doxing es una de las prácticas más comunes del mundo digital. Se trata de un tipo de ciberacoso que busca intimidar y dañar la reputación de las víctimas a través de la difusión en internet de sus datos personales, como números telefónicos, domicilios o fotografías íntimas, entre otros. La información se hace pública sin ningún consentimiento. El término doxing o doxxing ha vuelto a debate en medio de la contienda electoral de 2024. Las candidatas a la presidencia, Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, el hijo del presidente de la República, José Ramón López Beltrán, y la periodista de The New York Times, Natalie Kitroeff, son ahora las víctimas de esta práctica digital.

¿Qué es el doxing?

El doxing o doxxing es una práctica de violencia digital que ocurre cuando se revelan datos personales en internet. Su nombre proviene del prefijo docs y hace referencia a la exposición de documentos. Tiene el objetivo de dañar la reputación y exponer la información de la víctima. En este tipo de ciberacoso se hacen públicos datos de identificación personal sin ningún consentimiento; la información privada se expone públicamente. De acuerdo con la empresa de ciberseguridad Kaspersky, el término se emplea desde la década de los 90. Además del ransomware, spyware o phishing, el doxing forma parte de la baraja de prácticas que utilizan los ciberdelincuentes para dañar a sus víctimas, e incluye la publicación de datos personales como:

  • Nombre real de un usuario de internet
  • Domicilio
  • Fotografías
  • Lugar de trabajo
  • Cuentas bancarias o datos financieros
  • Números telefónicos
  • Datos sensibles
  • Correos electrónicos
  • Estudios médicos
  • Conversaciones privadas

Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, las candidatas presidenciales denuncian la filtración de sus números telefónicos

El término doxing ha vuelto al debate público en medio de las elecciones de 2024 en México. El pasado jueves 22 de febrero el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, hizo público un cuestionario que recibió de The New York Times relacionado a una investigación sobre una presunta financiación del narcotráfico en su campaña electoral de 2018. Al mostrar la misiva públicamente en su conferencia matutina, el presidente también mostró el número telefónico de la periodista, Natalie Kitroef, co autora de la investigación. Horas más tarde, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) inició una investigación por la divulgación de los datos de la corresponsal. “El titular del Ejecutivo hizo alusión a un trabajo de investigación del mencionado diario internacional y leyó, ante todos, el teléfono de la corresponsal. El Instituto se declara a la espera de la posible denuncia que surja de este asunto”, ha dicho el INAI en un comunicado. Ante las críticas, el Presidente no reculó en su postura de difundir el número de teléfono. “Lo volvería a hacer”, dijo.

El sábado 24 de febrero, José Ramón López Beltrán, hijo mayor del Presidente, denunció en redes sociales que también se había filtrado su número telefónico: “He sido objeto de un acto de invasión a mi privacidad, a través de la filtración de mi número de teléfono. Este acto, que entiendo como una forma de venganza y un intento de hacer daño, no solo me afecta a mí, sino que también pone en peligro a mi familia y a la seguridad que merecen”.

La filtración de número telefónicos alcanzó a las candidatas a la presidencia. La abanderada de Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Verde Ecologista (PVEM) dijo que había recibido llamadas y “mensajes de odio” a su número personal. “Alguien publicó mi número de teléfono celular en redes sociales. Es obvio lo que quieren hacer, de nuevo sus ataques son tan burdos como inofensivos. Los números que deberían preocuparles son los de las encuestas”, escribió Claudia Sheinbaum en su cuenta de X (antes Twitter). Lo mismo ocurrió con la candidata opositora, quien denunció la filtración de su número telefónico. “Como resultado del pésimo ejemplo que dio el Presidente López Obrador, se publicaron con mala leche mucho más teléfonos. Filtraron también mi número y desde entonces no han dejado de llegar mensajes. He decidido no cambiarlo”, dijo Xóchitl Gálvez en un video publicado en redes sociales.

¿El doxing es ilegal? Estas son las multas y sanciones en México

En México no existen leyes antidoxing que sancionen específicamente este tipo de práctica. La Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujeto establece fuentes de acceso público para obtener información: páginas de internet, directorios telefónicos, gacetas, diarios, medios de comunicación social y registros públicos. “El Estado garantizará la privacidad de los individuos y deberá velar porque terceras personas no incurran en conductas que puedan afectarla arbitrariamente. El derecho a la protección de los datos personales solamente se limitará por razones de seguridad nacional”, señala el Artículo 6 de la Ley.

El Capítulo XI de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujeto establece las sanciones contra la filtración de datos personales. En el Artículo 67 se dictaminan de tres meses a tres años de cárcel contra aquellos que estando autorizados a tratar con datos personales, con ánimo de lucro, sufran una vulneración de seguridad en sus bases de datos. En tanto, el Artículo 68 señala que “se sancionará con prisión de seis meses a cinco años al que, con el fin de alcanzar un lucro indebido, trate datos personales mediante el engaño, aprovechándose del error en que se encuentre el titular o la persona autorizada para transmitirlos”.

Actualmente, México castiga la violencia digital en materia de delitos contra la intimidad sexual a través de la Ley Olimpia, que entró en vigor en el año 2021. La Ley fue impulsada por la activista Olimpia Coral Melo, víctima de acoso digital. ”Difundir contenidos íntimos de una persona a través de cualquier medio es Violencia Sexual y Digital; daña la vida privada, los derechos humanos, y puede causar hasta la muerte”, señala el proyecto de decreto de la iniciativa. La violencia digital se castiga con tres a seis años de cárcel y multas de hasta 1.000 veces la UMA. Las denuncias por este tipo de acoso se realizan en el Ministerio Público. En Ciudad de México, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) ofrece adicionalmente el servicio de la Policía Cibernética al número 5552425100 ext. 5086 o al correo policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx.

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