El Gobierno de Gabriel Boric ha anunciado este jueves que presentará una querella por el secuestro del exmilitar venezolano, Ronald Leandro Ojeda Moreno, de 32 años, en territorio chileno. El Ministerio Público lidera una investigación de carácter secreto para dar con el paradero de Ojeda, opositor al régimen de Nicolás Maduro, quien aparentemente fue secuestrado por cuatro individuos encapuchados la madrugada del miércoles en su piso del municipio de Independencia, en el sector norte de Santiago. Según las primeras versiones, los cuatro individuos se hicieron pasar por funcionarios de la PolicÃa de Investigaciones (PDI). En medio de la serie de hipótesis que circula, que incluye una supuesta operación de la contrainteligencia venezolana, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, ha reiterado esta tarde que no se ha descartado ninguna.
âSiempre nos parece que es una decisión muy importante la querella que se presenta del Gobierno por parte del ministerio del Interiorâ, ha afirmado Monsalve. âUno, por dar una señal polÃtica de que al Gobierno le interesa que estos casos no queden en la impunidad y, por lo tanto, sean esclarecidos. Pero, además, porque el Gobierno se hace parte de las diligencias para esclarecer este tipo de delitosâ.
El embajador de Chile en Venezuela, Jaime Gazmuri, está gestionando una conversación con el viceministro para las Américas de la CancillerÃa venezolana. Según la portavoz de Gobierno, Camila Vallejo, debido a que se trata de un âhecho de suma gravedadâ, se han mantenido contactos con Caracas a todos los niveles: de Gobierno, policial y a través de las fiscalÃas correspondientes. A raÃz del caso, el Ejecutivo chileno solicitó este miércoles a Interpol una alerta internacional, además del resguardo de las fronteras del paÃs tanto terrestres, como marÃtimas y aéreas.
El presidente Gabriel Boric se encuentra de vacaciones, pero participó de manera telemática en una reunión con miembros de su Gabinete sobre el despliegue. âObviamente, el presidente considera que esto es prioritarioâ, sostuvo Monsalve, quien participó del encuentro con el canciller, Alberto Van Klaveren, y la ministra del Interior, Carolina Tohá. La portavoz de Gobierno, Camila Vallejo, añadió que las instituciones correspondientes han mantenido varias conversaciones para ir dilucidando y colaborando con el proceso de investigación.
Esta mañana se produjeron una seguidilla de reuniones en La Moneda para darle seguimiento al secuestro de Ojeda. El ministro de Justicia, Luis Cordero, y el subsecretario Monsalve mantuvieron un encuentro con el fiscal nacional, Ãngel Valencia, y el fiscal Héctor Barros, quien coordina el equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH); Tohá y Monsalve también se reunieron con altos mandos de la PDI. âEn investigaciones de esta naturaleza es muy importante la coordinación con el Ministerio Público, que es quien está a cargo de la investigación y por tanto, conduce las diligencias para aclarar el eventual delitoâ, apuntó esta tarde Monsalve.
Ojeda es uno de los 33 militares de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) expulsados y degradados el pasado 24 de enero. El Ministerio de Defensa del Gobierno de Nicolás Maduro publicó el listado en el que figuraba el activista antichavista. Caracas explicó que los militares fueron sancionados por estar supuestamente âimplicados en conspiracionesâ como la planificación de acciones âcriminales y terroristasâ para atentar contra el sistema de Gobierno, las autoridades e instituciones del Estado, contemplando, incluso, el asesinato del presidente, según el comunicado de Defensa. Las supuestas acciones suponen en Venezuela âactos de traición a la patriaâ.
En 2017, según su testimonio recogido en Twitter (ahora X), Ojeda fue âsecuestradoâ y âtorturadoâ en la cárcel militar Ramo Verde, de la que escapó 249 dÃas después del arresto. âLos âgenerales y polÃticosâ son unos payasos sin moral, tiranos de turnoâ, escribió en alusión a Maduro y los miembros de su Gabinete. El Gobierno chileno no ha confirmado si Ojeda cuenta con la categorÃa de refugiado polÃtico, ya que es una información que por ley no se puede hacer pública.
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