El caso del exmilitar venezolano Ronald Ojeda Moreno, secuestrado y asesinado en Santiago de Chile por miembros del Tren de Aragua, ha escalado instancias internacionales. La familia del teniente en retiro del Ejército, representados por el abogado Juan Carlos Manríquez, ha entregado este martes los antecedentes recopilados por el homicidio del refugiado político en el país sudamericano a la Corte Penal Internacional (CPI) para investigar si hubo una acción extraterritorial de agentes del Gobierno de Venezuela.
La acción se conoce 12 días después de que la Sala de Apelaciones de la CPI decidiera que la Fiscalía continúe con la investigación iniciada en diciembre de 2021 en contra del Estado venezolano por posibles crímenes de lesa humanidad en el marco de las masivas protestas opositoras en 2017, conocida como Venezuela I. Esto, luego de desestimar una apelación interpuesta por el Gobierno de Nicolás Maduro para detener las pesquisas. La sentencia ha representado un fuerte revés para el sucesor de Hugo Chávez, quien aspira a la reelección presidencial el próximo 28 de julio.
“Lo que esperamos, en primer término, es que se haga un estudio detallado, consciente, objetivo de estos mismos antecedentes y si este responde a patrones comunes con los otros que ya están siendo indagados en Venezuela I. [Si es así] debiera sumarse, independientemente de que Chile llegue a determinar quién es el autor material y directo del secuestro y ejecución del señor Ojeda”, sostuvo Manríquez a EL PAÍS desde La Haya. El abogado, quien también ha representado a exmagistrados del Tribunal Supremo de Venezuela asilados en Chile, no descarta que el caso de Ojeda pudiera ser incorporado a Venezuela I.
Familia de Ojeda insiste en móvil político
Ojeda, de 32 años, estaba en calidad de refugiado en Chile, país al que ingresó en 2018. Había escapado de la cárcel venezolana Ramo Verde en la ciudad de Los Teques, en el estado de Miranda, donde estuvo unos nueve meses tras ser acusado de traición a la patria, rebelión militar, instigación a la rebelión y motín. Según el disidente, al momento de ser detenido en Caracas fue torturado por agentes de la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM), lo que plasmó en un diario personal de 180 páginas.
Por esa razón, la familia del exmilitar sospecha que el régimen de Maduro podría estar detrás del crimen. “Es un secreto a voces, todo el mundo sabe quién es el culpable”, dijo la viuda de Ojeda en su funeral el pasado viernes en la capital chilena. Pero la Fiscalía no ha podido identificar los motivos que llevaron al secuestro y asesinato del venezolano, aunque sí se ha logrado detener e imputar a uno de los implicados –un extranjero de 17 años que habría ingresado al país de forma irregular– y ha emitido órdenes de capturas en contra de otros dos presuntos responsables. El diputado y primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, ha negado que el Gobierno de Venezuela esté relacionado con la muerte del opositor.
Cuatro hombres vestidos con uniformes de la Policía de Investigaciones (PDI) de Chile y con sus rostros cubiertos con pasamontañas negros se llevaron a Ojeda de su domicilio, un departamento del piso 14 de un edificio de la comuna de Independencia, en Santiago, la madrugada del 21 de febrero. Según la hermana del disidente, los secuestradores tenían acento venezolano, lo que fue una de las primeras pistas sobre los captores. Estos nunca se comunicaron con la familia Ojeda o cercanos para pedir una recompensa, sino que lo asesinaron y escondieron sus restos en una maleta, la que sepultaron bajo cemento a 1,4 metros de profundidad en una barriada irregular del municipio Maipú.
El cuerpo fue hallado nueve días después del secuestro. Según el certificado de defunción obtenido por ExAnte en el sitio web del Registro Civil, la causa de la muerte fue asfixia por “suspensión”, lo que se pudo provocar por un ahorcamiento.
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