El cerco se achica en torno a Jair Bolsonaro y su círculo más cercano, empezando por su esposa Michelle. Tras el escándalo de las joyas recibidas como regalo durante su presidencia – pero propiedad del Estado – que personas de su entorno habrían intentado revender en Estados Unidos, en las últimas horas el ex presidente también ha sido acusado de fraude electoral por el hacker Walter Delgatti Neto. Delgatti Neto es una figura muy discutida desde hace años por haber intentado desacreditar en el pasado la operación Lava Jato hackeando los teléfonos móviles de los principales magistrados implicados, Sergio Moro y Deltan Dallagnol. Por ello fue condenado y sigue cumpliendo condena en prisión. Su historial explica por qué sus declaraciones contra Bolsonaro el jueves en la Comisión Parlamentaria Mixta de Investigación (CPMI) sobre las invasiones en Brasilia el 8 de enero causaron revuelo, pero también algunas dudas. Delgatti dijo que se reunió en el palacio presidencial de Planalto antes de las elecciones con Bolsonaro, quien supuestamente le pidió que manipulara las urnas a cambio de un indulto y que asumiera la responsabilidad de una supuesta escucha ilegal de los teléfonos del juez del Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.
El ex presidente desestimó las declaraciones de Delgatti con un “él sí que tiene imaginación” y amenazó con demandarlo por difamación. Pero lo sorprendente es que Bolsonaro confirmó la reunión. Es decir, confirmó que él, un Presidente de la República, invitó a un criminal confeso al palacio de Planalto a tomar café para un intercambio de ideas “sobre la supuesta vulnerabilidad en el sistema electoral”, según consta en el comunicado de sus abogados. Incluso si las declaraciones de Delgatti fueran desmentidas, el peso de esta reunión tendrá un impacto sin precedentes en la opinión pública. Por eso, la carrera de pronósticos ya ha comenzado en Brasil. ¿Qué ocurrirá en ese momento? La posibilidad de una detención es cada vez más real según la prensa brasileña. Una encuesta de la consultora Quaest publicada ayer reveló que el 43% cree que Bolsonaro no debe ser detenido mientras que el 41% está a favor de su arresto.
Como en los días de la operación Lava Jato, que destapó la caja de pandora de la corrupción en la política del país, cuando la Policía Federal pide el levantamiento del secreto bancario y fiscal, como ha ocurrido en los últimos días para Bolsonaro y su esposa Michele, suele producirse poco después una detención. Tanto es así que ahora ha reaparecido el famoso estribillo “tic tac, tic tac” que acompañó a las detenciones del Lava jato en las redes sociales, pero esta vez por Bolsonaro. Su esposa Michele protestó en lnstagram: “¿Por qué quitarme el secreto bancario? Sólo tenían que preguntármelo”, escribió, añadiendo que “cada vez está más claro que esta persecución política, llena de juegos e inflamada por los medios de comunicación, tiene como objetivo mancillar el apellido de mi familia y hacerme renunciar (de la política). ¡No lo conseguirán! Estoy en paz”.
Según la senadora Eliziane Gama, del Partido Social Demócrata (PSD) y relatora de la Comisión de Investigación del 8 de enero, ya existen “condiciones fuertes” para exigir la incriminación del ex presidente, que ya fue declarado inelegible durante ocho años por el STF a finales de junio. En Brasil, una persona sólo puede ser detenida después de una sentencia definitiva e irrevocable, es decir, después de que se hayan analizado todos los recursos disponibles. Los casos contra el ex presidente aún están siendo investigados. Para ser condenado, Bolsonaro tendría primero que ser acusado por el Ministerio Público Federal, presentar su defensa y enfrentar un juicio ante el órgano colegiado del STF. Sin embargo, existe la posibilidad de prisión preventiva si, por ejemplo, el ex presidente tratara de interferir en la presentación de pruebas o testigos.
La ministra de Planificación, Simone Tebet, que ha calificado a Bolsonaro de instigador del intento de fraude en las urnas electrónicas, pidió ayer públicamente la incautación de su pasaporte: “Ahora podemos decir que se ha cerrado el círculo contra él, que probablemente quiere salir de Brasil para salvar el pellejo”, dijo Tebet. El entorno más cercano del ex presidente, sin embargo, está convencido de que el juez del STF de Moraes no tendrá el coraje de arrestarlo sin una razón bien fundada, dado que Bolsonaro perdió las elecciones frente a Lula por una diferencia de apenas 2,1 millones de votos. Un arresto sin una razón legal sólida podría inflamar de nuevo al país como en la campaña electoral.
Fuera del círculo íntimo del ex presidente, entre los bolsonaristas, el impacto de la noticia en los últimos días ha producido un auténtico terremoto. Muchos de los que participaron activamente en la campaña declararon al diario Estado de São Paulo que no conocían estos delitos, sino que percibían “la actuación silenciosa de ‘locos’ con acceso directo al ex presidente”. Las acusaciones serían “creíbles y aterradoras, pero deben ser probadas o se quedarán en palabras al viento”. Dentro del Partido Liberal (PL) de Bolsonaro, sin embargo, el silencio es la consigna. La línea dominante es evitar las defensas extremas precisamente por el riesgo de lo que aún podría revelarse. El temor en este momento es que el ex presidente, en lugar de contribuir a la elección de los alcaldes del partido el próximo año, acabe proporcionando munición para aumentar el rechazo al PL y a sus candidatos en las elecciones municipales. Mientras tanto, el gobernador del estado de Minas Gerais, Romeu Zema, del Partido Nuevo, Tarcísio de Freitas, gobernador de San Pablo por el partido Republicanos y Eduardo Leite, gobernador del estado de Rio Grande do Sul por el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), ya se han perfilado como candidatos “anti-PT”. Sin embargo, según algunos analistas, anticipar desde ahora el debate sobre la sucesión de Bolsonaro podría ser contraproducente, también porque el momento es delicado para el centroderecha, ya que otra encuesta de Quaest reveló que la aprobación a Lula ha crecido, situándose ahora en el 60%.
Los políticos leales a Bolsonaro sólo salieron a condenar las declaraciones del hacker Delgatti. Para el diputado Diego Garcia, del partido Republicanos, “están tratando de encontrar cualquier razón para arrestar al ex presidente y a su familia y sacarlo de las elecciones por cualquier medio posible”. Su colega del PL, Rodolfo Nogueira, añadió que “las incoherencias de las declaraciones hablan por sí solas. Un ciudadano que cambia su versión de los hechos a cada oportunidad no merece ninguna credibilidad. Lo que ocurrió en la CPMI fue un teatro montado para intentar incriminar al presidente Bolsonaro”. Lo paradójico es que cuando era presidente Bolsonaro solía repetir que nunca sería detenido como dijo por ejemplo en 2021: “Quiero decirles a los canallas que nunca me detendrán”. Mientras que en una reunión con líderes evangélicos el año pasado dijo: “Tengo tres alternativas para mi futuro: ser encarcelado, ser asesinado o ganar. Pueden estar seguros: la primera alternativa, ser encarcelado, no existe. Ningún hombre aquí en la tierra me asustará”.
También ayuda a cerrar el círculo en torno a Bolsonaro el derrumbe simultáneo de todo un sistema que permitió de hecho la deriva ética de su presidencia y también las invasiones del 8 de enero. El teniente coronel Mauro Cid, colaborador de confianza del ex presidente, en la cárcel desde mayo pasado acusado de haber introducido datos falsos de la vacuna Covid en el sistema informático del Ministerio de Salud, ha ocupado las portadas de todos los periódicos en las últimas horas. Tras haber dejado entrever a través de su abogado Cezar Bitencourt que acusaría a Bolsonaro de ser el instigador de la trama de las joyas, Cid volvió sobre sus pasos después de que los abogados del ex presidente se pusieran en contacto con su defensor. En una entrevista con la tv Globo, Bitencourt dijo estar preocupado por la seguridad de la familia de Cid, pero no dio detalles sobre la procedencia de las amenazas.
Ayer también fue detenido el comandante general de la Policía Militar del Distrito Federal, el coronel Klepter Rosa Gonçalves, acusado de participación y omisión en las depredaciones del 8 de enero en Brasilia. Además, según el sitio de noticias Metrópoles, el jefe de Seguridad Institucional de Lula, Gonçalves Dias, también mintió al decir que no estaba al tanto del riesgo de una invasión. Dos días antes, el propio general había enviado a la ABIN, la agencia de inteligencia brasileña, un mensaje a su teléfono móvil advirtiendo de la llegada de actos violentos, pero supuestamente rompió la comunicación con la ABIN, ignoró once avisos y sólo reapareció el día 8.
La detención de Bolsonaro lamentablemente no cierra definitivamente el flagelo de la corrupción política que desgarra al país desde hace décadas. En las mismas horas, el juez del STF Dias Toffoli anuló las pruebas del proceso penal contra el ex tesorero del Partido de los Trabajadores de Lula, João Vaccari Neto, y el ex presidenta de Perú, Olanda Humala, en relación con los sobornos de la constructora Odebrecht. Una decisión, ésta, que dejó un sabor amargo en la boca de muchos de los millones de brasileños honestos que habían confiado en la operación Lava Jato como un punto de inflexión histórico en la lucha contra la corrupción.
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