La ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, declaró al medio de investigación periodística Expediente Público que su gobierno tiene una posición clara de rechazo a las dictaduras de América Latina.
“Argentina —aseguró Bullrich en la entrevista reproducida por LA PRENSA el sábado 16 de marzo— tiene una posición tomada contra las dictaduras existentes en Latinoamérica, tanto en Nicaragua como en Cuba y Venezuela. Tenemos posiciones muy firmes, y vamos a seguir en esa misma línea”. Y agregó que el anterior gobierno de su país “tuvo un tipo de posición, la cambió y la volvió a cambiar, uno nunca sabía dónde estaba Argentina y ahora el mundo sabe que Argentina está contra todas las dictaduras”.
La ministra responsable de la lucha contra la criminalidad pública en Argentina se refirió a diversos temas estratégicos del gobierno de su país que desde diciembre del año pasado es gobernado por el economista y político libertario o ultraliberal, Javier Milei.
Respecto a la criminalidad organizada y la inseguridad pública, que están entre los principales problemas de Argentina y muchos otros países de las Américas, Bullrich elogió la estrategia de mano dura y pocos escrúpulos legales y éticos que está ejecutando en El Salvador el presidente Nayib Bukele.
Como se sabe, el régimen salvadoreño para combatir a las pandillas criminales no reprime solo a quienes se les comprueba que han cometido delitos, sino que a todos los miembros de las pandillas o sospechosos de pertenecer a ellas.
La ministra argentina de seguridad reconoció las críticas que se hacen al “modelo Bukele” por las violaciones a las normas del debido proceso y los derechos humanos en general. Pero asegura que “hay que hacer un reconocimiento” a ese modelo de Bukele que según ella fue el mismo que con éxito se siguió en Italia y en Estados Unidos (EE.UU.) en la lucha contra las mafias criminales. Hay que “medir con esa misma vara al gobernante salvadoreño”, enfatizó la ministra Bullrich.
Sin embargo, en honor a la verdad hay que aclarar que quienes inventaron los procedimientos drásticos y arbitrarios que se aplicaron en Italia y en EE.UU. para combatir a las mafias, fueron los nazis alemanes y no precisamente para combatir la delincuencia sino para exterminar a sus adversarios políticos.
La historia registra que Heinrich Himmler, uno de los más cercanos colaboradores de Hitler y alto dirigente del régimen nazi, creó el concepto alemán de Sippenhaft según el cual los familiares de alguien que hubiera cometido delito también eran culpables por sus lazos de parentesco.
Himmler estableció el bárbaro concepto de “corrupción en la sangre” para justificar la represión contra los familiares de los altos miembros del Ejército alemán que organizaron en 1944 el fallido plan Walkiria para asesinar a Adolfo Hitler. Todos los parientes cercanos de los conjurados fueron culpados por el intento de matar al caudillo nazi, a pesar de que ni siquiera sabían del plan precisamente porque se trataba de una conspiración secreta. El derecho penal en el mundo civilizado se funda en los principios jurídicos fundamentales de que “a nadie se castiga por delito ajeno” y que “por los delitos deben responder sus autores”. Pero las dictaduras y sobre todo las totalitarias no son precisamente civilizadas.
De manera que no solo los nazis aplicaron aquella monstruosa regla represiva e inhumana establecida por el líder nazi Hermann Goering. También la aplicó el régimen comunista de Stalin que fusilaba o mandaba a los campos de concentración (gulags) a las familias y amistades cercanas de las víctimas de las purgas y demás persecuciones políticas. Y de una u otra manera la han aplicado y la siguen aplicando todas las dictaduras que hay actualmente en el mundo. Incluyendo a las de América Latina como lo han documentado y denunciado los organismos internacionales de derechos humanos.
