La JEP se toma los enredos legales de Mancuso

Un nudo muy difícil de desenredar. Así es la situación legal del excomandante paramilitar Salvatore Mancuso. Y la justicia transicional conocida como Jurisdicción Especial para la Paz, o JEP, publicó hoy una decisión que podría enredarlo más o empezar el proceso para desenredarlo. Su sección de apelación decidió, este lunes, que esa jurisdicción prevalece sobre otro tribunal especial, llamado Justicia y Paz, para cargar en sus hombros las investigaciones legales contra Mancuso cuando se trate de crímenes cometidos en el marco del conflicto y entre 1989 y 2004, y para sobre todo para decidir si este excomandante puede quedar en libertad durante el proceso judicial.

“Las conductas cometidas por Salvatore Mancuso Gómez desde 1989 hasta 2004 son de competencia exclusiva y prevalente de la JEP. Eso lleva a una suspensión de los procesos en Justicia y Paz; pero no de todos, porque la facultad investigativa continúa”, apuntó este lunes el magistrado Rodolfo Arango, de la sala de apelación, en una rueda de prensa que buscaba presentar y explicar la decisión, fechada el pasado miércoles, 13 de marzo.

La JEP, que nació por el Acuerdo de Paz entre el Estado y las extintas FARC de 2016, aceptó acoger a Mancuso en 2022 por haber fungido de ”bisagra” entre los grupos paramilitares y los militares. El excomandante debe ahora contribuir a la verdad en varios casos que involucran a la fuerza pública. Justicia y Paz, por otro lado, es un tribunal que nació del acuerdo entre los paramilitares y en Estado en 2004, e investiga a los exparamilitares desde entonces. Al decir que prevalece sobre Justicia y Paz, el primer tribunal intenta desenredar el nudo que el mismo Mancuso anunció al regresar hace dos semanas de Estados Unidos, donde cumplió una sentencia por narcotráfico: la inseguridad jurídica que le da estar en la JEP y Justicia y Paz a la vez. “Soy consciente que mi retorno es un desafío para los mecanismos transicionales de juzgamiento y cooperación interjurisdiccional”, dijo al regresar.

“La sala de definición de situaciones jurídicas [de la JEP] es la única autoridad que (…) en virtud de la competencia constitucional prevalente y exclusiva de la JEP, debe resolver sobre la libertad del señor Salvatore Mancuso”, dijo la presidenta de la sección de apelaciones, Patricia Linares.

Aunque con ello parecería quedar desatado el nudo, la semana pasada, mientras los magistrados de la JEP tomaban esta decisión, los de Justicia y Paz discutían otro tema jurídico de Mancuso. Un juez de Barranquilla de esa jurisdicción determinó que el excomandante no podía quedar en libertad porque tiene medidas de aseguramiento en su contra en esa jurisdicción. Además, argumento que tampoco puede ser gestor de paz, cargo en el que lo designó el Gobierno de Gustavo Petro para servir como facilitador en los diálogos que lleva con el grupo ilegal conocido como Clan del Golfo. Mancuso apeló esa decisión, que ahora debe ser revisada por la Corte Suprema de Justicia.

Puede que justicia ordinaria, a la que pertenece Justicia y Paz, acepte la prevalencia que reclama la JEP, y que a partir de ello inicie un proceso de coordinación para que la libertad y los procesos de Mancuso, pasen mayoritariamente en la JEP. Pero aún hay que esperar si Justicia y Paz acepta este cambio y qué determina la Corte Suprema en la apelación.

El sistema de justicia transicional colombiano “es un sistema complejo, pero tiene sus vasos comunicantes”, dijo en rueda de prensa el magistrado Arango, esperando que haya una coordinación armónica entre las distintas jurisdicciones con la papa caliente de Mancuso.

Por ahora, el presidente Petro celebró la decisión. “Me parece excelente”, dijo en la red social X. Entendió la decisión de la JEP en el caso Mancuso como una vía para darle cuerpo a la idea que han propuesto tanto el excomandante como otros antiguos comandantes de las FARC: que haya un tribunal definitivo, de cierre. “Debe existir un solo tribunal de cierre de la verdad. Los procesos investigativos judiciales no se pueden fragmentar en diversas unidades investigativas porque eso lleva a la impunidad”, añadió el presidente.

Ese tribunal que han propuesto los antiguos actores armados no sería uno en el que están solo quienes tuvieron armas en sus manos, sino que también incluya a los civiles que cometieron crímenes durante el conflicto armado, o están entre los máximos responsables de la guerra. Por ahora ese futuro se ve muy lejano cuando el caso Mancuso, entre muchos, es aún una papa caliente entre la JEP y Justicia y Paz.

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