(Desde Montevideo, Uruguay) – Después de su aprobación en la Cámara de Diputados, el proyecto de Rendición de Cuentas del gobierno de Luis Lacalle Pou comenzará a ser discutido en el Senado. Uno de los temas que los legisladores deberán resolver es sobre un cambio en la normativa de los derechos de autor, que genera una advertencia de la plataforma Spotify, según informó El País.
Las diferencias de la plataforma musical son con dos de los artículos de la norma que analiza el Parlamento, a los que califica como preocupantes.
Uno de los artículos del proyecto de ley agrega a internet y las redes sociales como otros formatos en los que a los intérpretes se les deben pagar por la reproducción de música.
El otro establece: “Los acuerdos que celebren autores, compositores, artistas intérpretes o ejecutantes, directores y guionistas respecto a su facultad de comunicación pública y de puesta a disposición al público de fonogramas y grabaciones audiovisuales generan, en todos los casos, el derecho a una justa y equitativa remuneración por su explotación”.
El 19 de julio, la multinacional envió una carta al ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, en la que alertaba sobre los riesgos que tendría la aprobación de la ley.
“Si la reforma propuesta se convirtiera en ley en su forma actual, el negocio de Spotify en Uruguay podría volverse inviable, en detrimento de la música uruguaya y sus fanáticos”, dice el texto divulgado este martes por el diario uruguayo.
De aprobarse, los artículos establecerían “un pago obligatorio adicional de los servicios de música”, dice la carta firmada por la encargada global de Asuntos Públicos de Spotify, Dustee Jenkis. Ese dinero se sumaría a los “miles de millones de pesos” que la empresa dijo estar pagando a las discográficas y autores por la reproducción de la música. “Afectaría severamente la capacidad de invertir y brindar servicios a precios razonables para los consumidores”, agrega el texto enviado al gobierno uruguayo.
“Estos cambios alterarían sustancialmente el entorno comercial de la música grabada e interferiría con la contratación privada. Pedir a las plataformas de streaming que paguen dos veces por el mismo contenido que ya ha sido licenciado por sellos discográficos resultará en pagos por duplicados injustos”, sostiene la empresa.
La interpretación de la multinacional es que la Rendición de Cuentas de Lacalle Pou “impone un pago adicional que los servicios de streaming tendrán que hacer a los artistas musicales en Uruguay” sin “contemplar ningún mecanismo para compensar ese monto de los costos de adquisición de licencias ya existentes”.
Spotify asegura que ha tenido un rol “fundamental” para “revertir el declive de la industria de la música”, que en los últimos años ha sido afectada por la piratería. En Uruguay, señalan, el negocio musical creció un 20% en 2022, lo que benefició a los artistas y compositores.
El servicio en Uruguay aún no genera ganancias pese a la popularidad que tiene, según la empresa.
“Al adquirir las licencias musicales necesarias para nuestro servicio, Spotify se queda con un margen bruto más bajo en comparación con el margen de las tradicionales tiendas de discos o estaciones de radio. Con ese margen históricamente bajo, debemos cubrir los costos de operación de nuestro negocio, incluida la promoción del repertorio local y global, portales de datos y otras herramientas para que los artistas y sus equipos desarrollen nuevas audiencias”, dice otro fragmento de la carta.
La discusión de la Rendición de Cuentas ha generado algunos cruces entre integrantes de la coalición. Cabildo Abierto, el socio del gobierno con el que Lacalle Pou ha mantenido una relación más tensa, pide que el proyecto de ley establezca una partida de $ 500 millones para aumentar los salarios de las Fuerzas Armadas, un planteo que no fue bien recibido por otros integrantes del bloque oficialista.
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